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Caso Astesiano: fiscal pedirá esta semana que extiendan prisión preventiva al excustodio del presidente
La fiscal Gabriela Fossati pedirá esta semana que se le extienda la prisión preventiva a los imputados de la causa, entre ellos el excustodio presidencial, Alejandro Astesiano. Lo adelantó ella misma en la audiencia de formalización de Patricia Medina –a cuyo registro accedió El Observador–, la pareja del escribano Álvaro Fernández, quien está preso por esta causa.
Fossati sostuvo que pedirá la extensión de las medidas cautelares tanto de Astesiano y Fernández, como del ciudadano ruso Alexey Slivaev. Lo señaló mientras argumentaba sobre el grado de complejidad que tiene la investigación por el volumen de la información que se debe recabar. Todo esto dificultado porque tanto Astesiano como Medina borraron todas las conversaciones de su celular.
El viernes, cuando Fossati pidió la formalización de Medina, solicitó que estuviera presa hasta febrero del 2023. En el caso de los imputados anteriores, había pedido 30 días, que se vencerían la semana que viene.
Los roles dentro de la organización
La audiencia de este viernes tenía como finalidad imputar y fijar las medidas cautelares de Patricia Medina, pareja del escribano Álvaro Fernández, preso preventivamente por esta causa. Según expuso la fiscal Fossati, la mujer tenía un rol relevante en la organización puesto que le indicó en varias oportunidades a Fernández cómo manejarse.
A partir del 2013 el escribano Fernández y el ciudadano ruso Alexey Slivaev comenzaron a trabajar en forma conjunta para conseguirle documentos uruguayos a rusos, utilizando partidas de nacimiento rusas adulteradas.
Slivaev era quien ubicaba a los potenciales clientes y arreglaba los honorarios. Fernández, por su parte, era el encargado de ubicar uruguayos a quienes podrían arrogarle la paternidad de los naturales rusos.
En el allanamiento del estudio de Fernández encontraron documentos de rusos que tenían pasaportes adulterados que le daban un poder a Patricia Medina, en algunos a ella sola y en otros junto con Slivaev. Incluso, algunos poderes generales para el manejo de una unipersonal.
Astesiano, por su parte, era el vínculo con algunos funcionarios públicos que permitían llevar adelante la maniobra. Interpol está tratando de identificar quiénes son esos funcionarios.
"El modus operandi general era buscar una referencia de trabajo o constituir una empresa unipersonal para justificar su avecinamiento (un paso necesario en el proceso). Hay una gran cantidad de expedientes que se están procesando en este momento en la Corte Electoral en los que la justificación se hacía con más rigurosidad y profundidad. También surge de esa documentación vínculos de Slivaev, Fernández y Medina como testigos o gestores", advirtió Fossati en audiencia.
La fiscal pudo detectar su presencia en dos casos, pero expuso que solo ha podido relevar el 5% de la información que le enviaron de la Corte Electoral, que es solo uno de los varios organismos a los que requirió información. Expuso que es tanta la información, que tuvo que pedirle a la Fiscalía General que le envíe un disco duro para poder cargarla puesto que el sistema no soporta tanta evidencia.
Algunos de los ciudadanos rusos con documentos falsos declararon en fiscalía que Medina y Fernández utilizaban una gestoría ubicada en Maldonado. A Fernández se la detuvo en un domicilio cercano a la parada 25 de la Playa Mansa.
El 3 de octubre ella envió un mensaje a otra persona que decía: "Sí, no puedo hablar mucho, gracias. Esto es una bomba para mí. Los teléfonos están intervenidos, beso". Su pareja había sido detenida la semana anterior.
La fiscal hizo hincapié en que el rol de Medina en la organización "no es menor" y para ilustrarlo leyó algunos de los chats entre ella y su pareja. Resaltó que los obtuvieron a raíz del teléfono de él, dado que ella borró todos sus mensajes y ahora Policía Científica deberá intentar recuperarlos.
Finalmente, se imputó a Medina por la coautoría de un delito de suposición de estado civil y la autoría de asociación para delinquir. Deberá estar en prisión preventivamente hasta febrero del 2023. Entre los argumentos para pedir esa medida, Fossati recalcó que si estuviera en libertad la mujer podría intentar "liberar" a su hija. La fiscalía no descarta que tuviera vínculo con la organización.
