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Opinión > Carta del director

Cinco años después, justicia al fin

El TCA, a quien la profesora Lucero acudió luego de no tener satisfacción en la vía administrativa, fue categórico en señalar la ausencia de las garantías del debido proceso

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20 de noviembre de 2022 a las 05:00

Cinco años después de que la profesora Diana Lucero, a la sazón directora del Liceo n.º 1 de Salto, fuera fulminantemente sumariada y separada de su cargo con una reducción salarial del 50% por 180 días por una supuesta violación de la laicidad, el Tribunal de los Contencioso Administrativo dictaminó la nulidad de lo actuado por las autoridades de la educación.

El TCA, a quien la profesora Lucero acudió luego de no tener satisfacción en la vía administrativa, fue categórico en señalar la ausencia de las garantías del debido proceso en las actuaciones del Consejo de Secundaria, presidido en aquel entonces por la profesora Celsa Puente. Y no es de extrañar la falta de garantías en el proceso cuando no las hubo ni en el inicio de la acción. 

En efecto, toda la acción de las autoridades de Secundaria fue demasiado atropellada. Comenzó por una denuncia de la diputada del MPP por Salto Manuela Mutti, quien consideró que la charla que dio un grupo de madres a algunos alumnos del Liceo n.º 1 sobre el tema del aborto violaba la laicidad, ya que llevaron a la reunión algunas imágenes religiosas. Las charlas tuvieron lugar el 29 de junio. Mutti llamó a la ministra de Educación, María Julia Muñoz, que esos días visitaba Salto, y la llevó a encontrarse con un grupo de estudiantes que protestaban contra la directora. La ministra decidió ipso facto que se trataba de “una violación a la laicidad” y se comunicó con la directora general de Secundaria para que tomara urgentemente cartas en el asunto. El día 30, la directora del Liceo n.º 1 fue separada de su cargo y sumariada, con retención del 50% de los haberes. Juicio sumario, habría que decir. 

Durante el sumario, la directora ni siquiera pudo saber quién había presentado la denuncia contra ella. Pero, eso sí, había sido separada del cargo y sumariada. El mismo día 30 de junio en que llega la denuncia es separada del cargo. Es muy difícil que Secundaria tuviera tiempo de analizarla en profundidad. Pero había una legisladora pidiéndolo y una ministra que dictaminó, en el momento y sin mayor asesoramiento, que se había violado la laicidad. No había tiempo para muchas legalidades. El juez cobró al grito de la tribuna.

Luego el expediente llegó al Codicen. La sala de abogados del organismo determinó que no hubo violación de la laicidad y devolvió el expediente a Secundaria. Allí, un abogado asesor señaló que debería insistirse con la destitución de la profesora, ya que a su juicio se había violado la laicidad, sin tener en cuenta lo dictaminado por el Codicen. 

Así las cosas, se llegó al TCA, que falló el 28 de julio pasado por unanimidad que se habían violado seriamente las normas generales del proceso, en especial lo referente al diligenciamiento de las pruebas.

La justicia llega tarde pero llega. No en su totalidad como para reintegrar a la profesora Lucero en su cargo. De hecho, en la propia Secundaria, a medida que vieron que no era posible destituirla, decidieron no reintegrarla a su cargo e incorporarla a la función pública, en tareas en el área administrativa de la Inspección Regional. Algo muy lejano de la función para la que se había preparado quien fue directora del Liceo n.º 1 por 17 años, sin ninguna observación ni tacha en su expediente. El fallo del TCA no le reintegra a Lucero el cargo perdido en su liceo de Salto, ni los cinco años en busca de una reivindicación y defensa jurídica y personal. Su carrera docente está terminada por una resolución tomada entre gallos y media noche, sin ninguna garantía de defensa. 

Al menos ahora la profesora Lucero sabe que el máximo tribunal le ha dado la razón y podrá, si lo desea, reclamar por daños y perjuicios y por los haberes retenidos.

También sería importante que las personas involucradas en la decisión de sumariar y sancionar al grito pudieran pedir disculpas a la involucrada. Y reconocieran que el respeto de las reglas del debido proceso es un elemento básico de una sana convivencia democrática y de un régimen republicano de gobierno. 
Es la garantía de todos frente a la ley y, sobre todo, frente a quienes ejercen el poder, en cualquier esfera o circunscripción.

Sin el debido proceso no hay presunción de inocencia que valga, no hay estado de derecho, no hay justicia.

A la directora Lucero la condenaron sin mirar a fondo las pruebas, le denegaron acceso al sumario que se le realizó, no se le pudo probar nada. Y recién cinco años después, la máxima autoridad judicial del país en materia administrativa declara la nulidad de todo lo actuado y por unanimidad. Algo que debe hacernos pensar a todos quienes queremos una verdadera república para nuestro país.

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