Claro y Movistar critican decisión del gobierno de excluirlos del negocio de internet en hogares

Ambas entienden que no abrir el mercado a todos los operadores va en contra de la “sana competencia” y aseguran que es “fundamental” que todos los actores de la industria de las telecomunicaciones puedan brindar una mayor cantidad de servicios ya que eso redundará en “más beneficios para los consumidores”. 

Ambas empresas pidieron que las consultas de El Observador fueran remitidas por escrito y contestaron por correo. 

“Limitar el acceso a esa infraestructura (fibra óptica) -o solo permitírsela a algunas empresas- dificultará la posibilidad de que en nuestro país contemos en los próximos años con nuevas tecnologías -como la 5G- que otros países ya han comenzado a desplegar”, asegura Movistar en su respuesta. 

Claro, en tanto, hizo foco en el actual monopolio de Antel a la que acusó de implementar “prácticas abusivas” en el servicio de internet fija al hogar. 

“Se da una situación especial por la que el cliente, para acceder a servicios de internet, debe contratar y pagar además, una línea de telefonía fija. Vale remarcar también que el precio de la telefonía fija en el país es alto, más cuando se trata de un servicio marginal dado que viene por el mismo cable de fibra óptica que proviene Internet”, dice el texto remitido. 

El artículo 48 del proyecto de ley sobre contenidos audiovisuales remitido por el gobierno al Parlamento abre el mercado de internet al hogar, actualmente solo en manos de Antel, a las empresas que tengan licencia para brindar televisión por cable. Estas empresas, en caso de que el proyecto se apruebe tal y como está, podrán utilizar infraestructura propia para ofrecer el servicio de internet o arrendar la que Antel tiene desplegada a lo largo de todo el país.

El ministro de Industria, Omar Paganini, había dicho a El Observador que esta decisión se justificaba en “ayudar a ampliar” el negocio de los cableoperadores y en recoger una demanda de varios años. Además, destacó la necesidad de rentabilizar y explotar al máximo cierta infraestructura de Antel que hoy no está siendo aprovechada del todo. 

Sin embargo, fuentes de la cartera aseguraron que dejar ingresar a grandes empresas multinacionales –como son Claro y Movistar (Telefónica)- sería “complejo” para el sector. 

Claro comparte la visión del ministro Paganini de que existen “muchos kilómetros de fibra óptica desplegados por distintos actores de la industria que no están siendo utilizados” y entiende que por las “restricciones que se han venido ejerciendo” hasta ahora se trata de una “pérdida de recursos e inversiones” realizadas en Uruguay. 

De todos modos, desde Claro destacaron como “muy positivo” que se genere un debate sobre el tema y entienden que es el mejor camino para que el país cuente con un “marco regulatorio aggiornado a los tiempos actuales”. 

Para Movistar, en caso de que el proyecto se apruebe tal como fue presentado y deje afuera algunos operadores, se perdería la “oportunidad de impulsar el desarrollo de uno de los sectores más dinamizadores de la economía”. 

Tanto Claro como Movistar actualmente compiten con Antel en el mercado de la telefonía móvil, donde la empresa estatal es el actor principal.  

Los reclamos de Claro

La empresa de origen mexicano intentó ingresar en el mercado de la televisión satelital y demandó al Estado uruguayo por impedírselo. Luego de varias idas y vueltas, algunas sentencias favorables a la empresa, finalmente el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) clausuró las actuaciones en noviembre de 2018. 

El propio TCA había fallado a favor de la empresa diciendo que el Poder Ejecutivo debía autorizar a Claro a participar del negocio de la televisión satelital. Sin embargo, una resolución del Ministerio de Industria de diciembre de 2017 firmada por la entonces ministra Carolina Cosse, aseguraba que “la prestación de los servicios de televisión satelital directa al hogar le están vedados” a Claro. 

Ante esa resolución, varias empresas de cable acudieron al TCA para solicitar que clausurara las acciones y el tribunal accedió a ese pedido, según publicó El País en ese entonces.