El presidente Luis Lacalle Pou aprobó el pliego de la subasta para el desarrollo de tecnología 5G, por lo que la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación (Ursec) deberá realizar la licitación en los próximos treinta días.
El decreto contiene algunos cambios respecto al borrador que había difundido la Ursec, aunque mantiene las exigencias para las empresas que quieran participar.
“Podrán participar del procedimiento competitivo quienes a la fecha de la convocatoria presten en el país el servicio de comunicaciones móviles (IMT, IMT-2000, IMT-Avanzados y precursores)” o cumplan con una serie de requisitos previos y sean “precalificados”, dice el artículo 3 del pliego.
Entre estas exigencias, el gobierno pidió que cuenten con una experiencia mínima de dos años prestando servicios de telecomunicaciones móviles internacionales dentro de los últimos cinco años por los menos en dos países de América del Norte, Central o Sur y/o Europa.
También tendrán que presentar los estados financieros correspondientes a los ejercicios económicos de los años 2020 y 2021 y demostrar que facturan más de US$ 50 millones anuales.
Al mantenerse las exigencias, Dedicado no podrá participar. La empresa uruguaya que brinda internet fijo ha dicho que impugnará el decreto que autorizó la subasta.
Movistar y Claro –las empresas privadas de telefonía móvil que operan en el mercado– reclaman que el precio base fijado es alto (US$ 28 millones) y que Antel tendrá ventaja ya que tiene su bloque reservado. En tanto, el ministro de Industria, Omar Paganini, había dicho a El Observador que la subasta “es abierta” y que como “cualquier otro procedimiento competitivo se exigen antecedentes de los que participen”.
El decreto establece que la autorización podrá renovarse cuando se cumplan los 25 años de asignación. Será en “similares condiciones generales”, actualizadas a las “realidades tecnológicas y del mercado”, en concordancia con los lineamientos de la política nacional de telecomunicaciones.
“El otorgamiento de la renovación está condicionada, a que no se configure un incumplimiento a las obligaciones establecidas en el presente pliego, a que no se requiera una reasignación fundamental de espectro para la prestación de un nuevo servicio, a que no surja una necesidad de política pública que lo amerite, así como por otras razones debidamente fundadas”, agrega.
A su vez, determina que los ganadores pagarán “el precio que oportunamente establezca el Poder Ejecutivo en los plazos que determine”.
Se subastarán tres lotes de frecuencias radioeléctricas correspondientes a la banda de 3,5 GHz, de los cuales uno estará reservado para Antel, que pagará el promedio del valor al que se adquieran los otros dos. El precio base serán US$ 28 millones, US$ 6 millones por encima de lo que había calculado la Ursec.
El pliego incluye una serie de exigencias de despliegue para las empresas ganadoras. En el primer año deberán tener 70 estaciones de base en el territorio nacional; en el segundo al menos 2 estaciones en al menos 10 departamentos exceptuando Montevideo, y en el tercero al menos 2 estaciones de base en cada departamento del país.
A su vez, admite “cualquier estándar tecnológico”, lo que habilita el uso de tecnología china pese a las advertencias de Estados Unidos.
La subasta permitirá el despliegue de una tecnología de internet móvil de alta velocidad que hará que se puedan conectar hasta 1 millón de dispositivos por kilómetro cuadrado.
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