El Ministerio de Industria, Energía y Minería proyecta que a fines de abril se adjudiquen los tres bloques de la banda de 3,5 GHz donde se desplegará la tecnología 5G en Uruguay.
Esta semana, el gobierno otorgó un plazo de 10 días a las empresas interesadas para realizar sus últimos descargos. Una vez que los reciba y analice, el presidente Luis Lacalle Pou firmará el decreto para que se realice la subasta.
El proceso, que debió haber finalizado en 2022 de acuerdo con el cronograma que se había fijado el Poder Ejecutivo, ha recibido diversos cuestionamientos.
Movistar y Claro –las empresas privadas de telefonía móvil que operan en el mercado– reclaman que el precio base fijado es alto (US$ 28 millones) y que Antel tendrá ventaja ya que tiene su bloque reservado, mientras que Dedicado –que ofrece internet fijo– señala que el gobierno estableció condiciones que tienen como objetivo excluirlo.
“Esto no es una subasta abierta, es una subasta cerrada con fachada de subasta abierta”, dijo a principios de febrero el abogado de Dedicado, Augusto Durán Martínez, en una reunión organizada por la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación (Ursec) en la que anunció que impugnarían un decreto de diciembre que autorizó el proceso.
Una posición similar a la de Dedicado expresó en los últimos días el director de la Ursec en representación del Frente Amplio, Pablo Siris. En declaraciones a La Diaria, el jerarca habló de “simulacro de subasta” y dijo que era “cerrada”.
Las críticas son rechazadas por el oficialismo.
El ministro de Industria, Omar Paganini, dijo a El Observador que la subasta “es abierta” y que como “cualquier otro procedimiento competitivo se exigen antecedentes de los que participen”.
“El Frente Amplio siempre hizo subastas cerradas. Cualquier subasta abierta pide antecedentes porque se pretende que no venga alguien sin experiencia en el tema y se ubique en el espectro. Puede ser un especulador que lo único que busque es tener una posición y luego revenderla”, dijo Paganini.
El artículo 3 del borrador del pliego menciona que podrán participar quienes tengan autorización para prestar servicios de “comunicaciones móviles” o cumplan con una serie de requisitos previos y sean “precalificados”.
Entre estos, el gobierno pide contar con una experiencia mínima de dos años prestando servicios de telecomunicaciones móviles internacionales, dentro de los últimos cinco años por lo menos en dos países de América del Norte, Central o Sur y/o Europa.
Estas exigencias son las que inhabilitan a Dedicado a participar.
Pero este debate, según entiende Paganini, se ha “mezclado” en las últimas semanas con una discusión que oculta el “verdadero interés” de esta empresa: empezar a operar telefonía móvil.
Dedicado ya tiene dos bloques en la banda de 3,5 GHz (la que se va a subastar), pero con autorización para operar tecnología LMDS, conocida como internet fijo punto a punto-inalámbrico. Es decir, está habilitado a vender internet fijo, no para celulares.
“El planteo de Dedicado va por otro tema. Piden que en los bloques que ya tienen los autoricemos a dar telefonía móvil, ese es su verdadero interés. Lo del 5G me parece más un tema lateral”, señaló el ministro.
El gobierno entiende que esta solicitud realizada a la Ursec excede al organismo, ya que se trata de una “decisión mayor”.
“Se trata de habilitarlos como empresa operadora de telefonía móvil, una decisión mayor que tiene que tomar el Poder Ejecutivo evaluando el mercado de las telecomunicaciones y demás”, agregó el jerarca.
Paganini señaló que estudiarán la propuesta aunque se debe ir “paso a paso”. “El primero es la subasta, después podemos discutir en la banda de ellos en qué condiciones podrían dar un servicio, cuánto tienen que pagar y más. Hoy lo tienen asignado a otro servicio diferente”, zanjó.
A pesar de la opinión del ministro, la solicitud de Dedicado está generando controversia en la interna de la Ursec y provocó la renuncia del asesor general del directorio, Héctor Budé, tal como informó Búsqueda.
Según supo El Observador a partir de fuentes del directorio, en su rol de asesor, Budé realizó un informe que sugería que la Ursec debía dar la autorización a Dedicado.
Ese informe provocó una diferencia con la presidenta Mercedes Aramendía, que entiende –a partir de un informe del departamento jurídico– que el tema excede lo técnico y que modificar la autorización es una potestad del Poder Ejecutivo y no de la Ursec.
A su vez, implicaría modificar una definición de un reglamento general ante una solicitud particular, lo cual necesariamente requeriría un estudio más profundo.
Budé es funcionario de carrera y continuará desempeñándose como jefe del Departamento de Administración de Espectro de la Ursec.
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