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Comando del Ejército fue informado en 2006 de posibles delitos de Gilberto Vázquez
Los tribunales que juzgaron a Gilberto Vázquez por haberse fugado del Hospital Militar mientras permanecía detenido a la espera de que se procesara un pedido de extradición de Argentina por el caso Gelman, actuaron con celeridad y concluyeron que el represor había cometido una “falta gravísima” y violado el honor de la fuerza.
En sus conclusiones no hicieron mención alguna a que había confesado que el Ejército ejecutó prisioneros, torturó y operó en Argentina para capturar uruguayos que fueron trasladados en “vuelos” a Uruguay.
Sus declaraciones pasaron desapercibidas hasta este jueves, cuando El Observador informó acerca del contenido de las actas de los tribunales, y este viernes la organización de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos divulgó el expediente completo obtenido a través de una solicitud de acceso a la información pública realizada al Ministerio de Defensa Nacional.
El expediente, compuesto por centenares de páginas, da cuenta que el Tribunal de Alzada, integrado por los generales Dardo E. Grossi, Daniel E. Castellá y Wile A. Purtscher, detuvo sus actuaciones durante un día porque entendió que en las declaraciones de Vázquez existía la presunción de un delito.
El 6 de setiembre de 2006, los generales recibieron una respuesta escrita de Vázquez en la que ratificó los fundamentos por los que había apelado el fallo anterior del Tribunal de Honor.
Los militares decidieron entonces elevar un oficio en el que señalaban que acorde a lo establecido en el artículo 77 del reglamento de los tribunales de honor suspendían la actuación hasta que el mando superior se pronunciara.
“Cuando el Tribunal de Honor intervenga en cualquier asunto en el que exista la presunción de un delito, común o militar, su presidente comunicará de inmediato al superior que corresponda suspendiendo las actuaciones del tribunal, hasta tanto el superior se pronuncie”, expresa este artículo.
En ese momento, el comandante en jefe del Ejército era el general Carlos Díaz, pero como se encontraba en misión oficial en el exterior, el asunto fue tratado por el encargado de despacho del comando, el general Manuel L. Saavedra, hoy fallecido.
Saavedra contestó al día siguiente y dispuso que continuaran las actuaciones.
El expediente no dice las razones por las que los generales creyeron oportuno dar cuenta a su superior ni los motivos por los que Saavedra les ordenó que siguieran adelante. El Observador consultó a uno de los tres generales que actuó en ese tribunal, quien dijo no recordar los motivos y solicitó mantener su nombre en reserva.
El Tribunal de Alzada entrevistó al día siguiente a Vázquez, pero no le hizo ninguna pregunta sobre las revelaciones y se limitó a cuestionarlo por las causas de la fuga. A los pocos días falló que había cometido una “falta gravísima”.
Las revelaciones habían sido realizadas ante el primer tribunal, pero estos generales (Juan Giorello, Juan Couture y Héctor Islas) no consideraron que lo que había dicho podía ser un delito. Esto pese a que uno de ellos –el expediente no especifica quién– le advirtió que lo que dijera podía derivar en la Justicia Civil o Militar.
El expediente salió del Ejército y fue derivado al Ministerio de Defensa el 27 de setiembre para ser homologado.
La abogada de la cartera, Nelly Mendez, realizó un informe que fue elevado a la ministra Azucena Berrutti. Allí, en el punto 27 dio cuenta de que los generales habían detenido las actuaciones por el artículo 77 (presunción de un delito) y que habían continuado tras el aval de Saavedra.
Pese a esto, estableció en su conclusión que no tenía observaciones que formular, por lo que estimaba que estaban en condiciones de homologarlo.
Su jefa, Sylvia Usher, agregó que compartía el contenido del informe.
El jefe del departamento de personal superior, José Gomeza, el jefe de la dirección de personal militar, Edgardo Martínez, y el director general de Secretaría, José Wainer, también firmaron el informe sin observaciones.
Berrutti y Vázquez homologaron el fallo el 28 de setiembre.
Consultada por El Observador, la ministra dijo no recordar el Tribunal de Honor.
En tanto, el entonces subsecretario José Bayardi aseguró que los mandos civiles no recibieron el expediente completo sino uno parcial y que nunca fueron informados de las declaraciones. En la conferencia de prensa, los integrantes de Familiares también manifestaron que las autoridades no sabían de las revelaciones.
En ningún momento de las actas se menciona si lo que se elevó era completo o parcial.
Recién después de que el fallo fue homologado, cuando volvía a Defensa para archivarse, el jefe de la Secretaría Central, Fausto Rossello, dejó constancia de que el expediente que le estaban entregando “no contenía” las actuaciones.
A los pocos días, el funcionario volvió a enviar una comunicación a la Dirección General de Secretaría en la que informó que había recibido las actuaciones por lo que el expediente podía ser archivado.
Las declaraciones permanecieron ocultas en la Dirección General de Recursos Humanos del Ministerio de Defensa hasta este jueves, cuando vieron la luz.
