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27 de marzo 2019 - 5:04hs

Por Santiago Soravilla y Martín Natalevich

El excomandante en jefe del Ejército, Guido Manini Ríos, tenía claro a lo que se exponía el 13 de febrero de 2019 cuando le entregó “en mano” al ministro de Defensa Nacional, Jorge Menéndez, el escrito en el que solicitaba la homologación por parte del presidente de la República, Tabaré Vázquez, de los fallos de los Tribunales de Honor a los militares retirados Jorge Silveira, Luis Alfredo Maurente y José Nino Gavazzo.

Consciente de ese riesgo, en el documento de ocho páginas de carácter reservado al que accedió El Observador, el general eligió destinar la mayor parte de sus palabras a exponer su visión acerca de las actuaciones del Poder Judicial en nueve casos de militares que fueron procesados por violaciones a los derechos humanos, y así dar cuenta de la “opinión generalizada” de los integrantes del Ejército, que consideran que en “muchas oportunidades” la Justicia se apartó de los “más elementales principios del derecho, no dando garantías a los acusados” y que en “definitiva” aplicó “una suerte de derecho para el enemigo”.

Leonardo Carreño

Para desarrollar sus argumentos, Manini Ríos cita los casos de Rodolfo Álvarez, Walter Gulla y Enrique Ribero, Gregorio Álvarez, Miguel Dalmao, Carlos Calcagno, Juan Carlos Gómez, Ricardo Zabala, Leonardo Vidal y Aquiles Moraes, y critica principalmente la actuación de los fiscales Mirtha Guianze y Ricardo Perciballe y los jueces Ruben Saravia, Juan Carlos Fernández Lecchini y Mariana Mota, a quienes acusa de violar la Constitución, pedir el procesamiento de un militar dos años después de su muerte y crear pruebas.El semanario Búsqueda y el programa En Perspectiva habían adelantado algunas de esas situaciones. 

Los nueve casos

El primer caso es el de Rodolfo Álvarez (sobrino del Gregorio “Goyo” Álvarez e hijo de Artigas Álvarez, coronel asesinado por los tupamaros en 1972), que fue procesado con prisión en 2017 por hacer un presumario cuando era juez del Grupo de Artillería N°1.

Manini Ríos dice que el “propio denunciante” manifiesta que Álvarez “nunca lo tocó” y que existen “decenas de casos” en que los jueces por “disposición de la Justicia” realizaban “actuaciones similares”, por lo que el delito de “encubrimiento en casos de privación de libertad” podría imputarse a “todos los oficiales y personal subalterno” que estaban en las unidades militares de la época.

“En el Ejército nadie duda de su inocencia y existe la convicción de que está preso por el nombre que porta, lo que es difícil de aceptar para los integrantes de la institución”.

Camilo Dos Santos

El general agrega que su discrepancia con la Justicia ya se la manifestó a Tabaré Vázquez en una entrevista en 2017, a los jueces de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Chediak y María Elena Martínez, y en “reiteradas oportunidades” al ministro de Defensa Jorge Menéndez pero que “sin embargo”, el coronel Álvarez “sigue preso”.

Luego, Manini Ríos destaca las actuaciones del Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 4° Turno integrado por Ángel Cal, Jorge Catenaccio y Miriam Méndez, que revocó los procesamientos de los coroneles Walter Gulla y Enrique Ribero, directores del Penal de Libertad, como responsables del homicidio de Horacio Ramos en 1981. Al general le parece “particularmente destacable” la sentencia porque expresa “conceptos muy graves”, y en un tono “inusualmente severo” da cuenta que Ramos se suicidó y no murió por “torturas” como indicaba el fallo original. Agrega algo de “suma gravedad”, según su juicio: que el juez y la fiscal Guianze hicieron una reconstrucción de los hechos en un lugar “donde no ocurrió” la muerte por lo que “crearon hechos”.

“La reconstrucción practicada por el Tribunal en la misma celda en que ocurrió el hecho y con la presencia de todas las personas que vieron el cuerpo de Ramos, habilita la conclusión contraria”, dice esa sentencia.  

Ese Tribunal también revocó un procesamiento a Gregorio Álvarez por la muerte del tupamaro Roberto Luzardo en 1973. Para el juez estaba “probado” que el entonces jefe del Estado Mayor Conjunto había ordenado que no asistieran a Luzardo en el Hospital Militar como “venganza” porque había participado del asesinato de Artigas Álvarez, aunque para el Tribunal eso nunca pudo probarse y en su sentencia ofrece lo que Manini Ríos califica como una “verdadera lección de civismo”. Dice que “más allá de la arbitrariedad o aberración con que haya actuado el imputado en su vida personal, el tribunal competente no puede prescindir de las garantías del debido proceso legal” y que “las garantías constitucionales y legales que fueron conculcadas a todas las personas por el régimen que el imputado integró, no exoneran a ningún tribunal judicial en el Estado de Derecho a omitirlas en su juzgamiento”.

Las críticas a la actuación de Guianze continúan, esta vez en el caso del procesamiento del inspector Ricardo Zabala en el secuestro del maestro Julio Castro en 1977.

El general cita parte de la sentencia del Tribunal de Apelaciones que en 2014 puso “en duda” lo actuado por la fiscal. “El Ministerio Público elucubra y el Sr. magistrado recepciona en la interlocutoria recurrida, una hipótesis delictiva basada en el dolo eventual del imputado, que lisa y llanamente arrasa con la obligación de probar, la supuesta e inexistente atribución de participación, en el homicidio materia de estas actuaciones”, dice la sentencia. Un año después, la Suprema Corte de Justicia lo absolvió porque la detención no tuvo las “características de secuestro”.

En su cuarto punto, Manini Ríos da cuenta del caso del general Miguel Dalmao, procesado y muerto en prisión por la muerte por torturas de la militante comunista Nibia Sabalsagaray en 1974, y dice que fue acusado porque “alguien dijo que un soldado de guardia le comentó ‘al cabezón Dalmao se le fue la mano’”.

Dalmao fue procesado en noviembre de 2010, un fallo que fue ratificado un año después por el Tribunal de Apelaciones de tercer turno, que consideró que había “elementos de convicción suficientes” que confirmaban su participación junto a José Nelson Chialanza. Dalmao fue condenado en 2013 por la jueza Dolores Sánchez.

Pese a la sentencia, Manini Ríos señala que “no hubo ningún otro elemento que lo relacionara” y que lo que hubo fueron “declaraciones de gobernantes, como el presidente de la República, José Mujica, en sentido contrario”.

Diego Battiste

El comandante en jefe del Ejército también acusa a la jueza Mariana Mota de violar la Constitución durante el proceso al coronel Carlos Calcagno, ya que “pretendía que los acusados debían autoinculparse”. Mota lo procesó en el año 2010 por su presunta participación en la desaparición de Nelson Santana y Gustavo Inzaurralde, dos militantes del Partido por la Victoria del Pueblo, ocurrida en Paraguay en 1977.

Respecto al caso del coronel Juan Carlos Gómez por la muerte del tupamaro Roberto Gomensoro en 1972, Manini Ríos dice que demostró la “ligereza en los procedimientos con que actúa la Justicia cuando el acusado es un militar” ya que fue procesado con prisión y luego sobreseído debido a que la principal prueba fue un testimonio falso. Silveira y Gavazzo fueron descalificados por “falta gravísima” por el Tribunal de Honor ya que tenían conocimiento de su inocencia pero no lo dijeron a la Justicia.

Dos resoluciones judiciales de los últimos meses fueron las elegidas por Manini Ríos para finalizar su escrito. En el caso del sargento Leonardo Vidal, que mató a un detenido que se fugaba durante un operativo, señala que la Justicia Militar de la época no encontró mérito para procesarlo y que 46 años después “sin ningún nuevo testimonio” y basándose “en las actas de la propia Justicia Militar", se pidió su procesamiento en un hecho que “para muchos resulta inexplicable”.

Por último, Manini Ríos se refiere a la solicitud de procesamiento con prisión del coronel Aquiles Moraes por la muerte de Gelos Bonilla en 1974 y dice que el fiscal Ricardo Perciballe hizo el pedido sin haberlo interrogado ya que asumió en marzo de 2018, dos años después de la muerte de Moraes.

”Esa forma de actuar de la Fiscalía, que se repite en otros casos, refuerza la impresión de que poco importa lo que tengan para decir los acusados”, sentencia.

Leonardo Carreño

Luego de leer el documento, el presidente Tabaré Vázquez resolvió su destitución y nombrar al general José González -uno de los integrantes del Tribunal de Honor- como su sustituto, la cual se la comunicó el 12 de marzo en una reunión mano a mano en la Residencia de Suárez y Reyes.

Ahora, Manini Ríos analiza su futuro, con ofertas del sistema político, a las cuales responderá en los próximos días.

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