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Comité de expertos sugirió plazo de tres años para cambio en negocio de combustibles
El comité de siete expertos que designó el Poder Ejecutivo para realizar una revisión integral del mercado de combustibles presentó sus conclusiones y propuestas como parte del nuevo esquema que se impulsa desde el gobierno de coalición.
La propuesta elaborada por el comité de expertos prevé un plazo de tres años para la implementación gradual del nuevo modelo.
En la etapa cero –que tiene una duración de seis meses– se sugiere que la cadena de comercialización mantenga el esquema hoy vigente. Aquí empezaría a regir el Precio de Paridad de Importación (PPI) más un factor de ajuste diferenciado por producto (tomaría en cuenta resultados de Ancap, por ejemplo), en las plantas de distribución del ente. Si hoy se aprobaran los precios de venta en planta como esta previsto en el PPI Ancap perdería US$ 86 millones.
Para esa etapa también se proponen considerar modificaciones en la ley de Biocombustibles y una redistribución del fideicomiso del gasoil. Además, la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea) realizaría un estudio de competencia en el mercado.
En la etapa uno –que se extiende durante un año–, la Ursea fija el precio máximo intermedio de venta de los distribuidores a los estacioneros. En esa etapa los distribuidores asumirían el costo del transporte –hoy a cargo de Ancap– y deben vender al mismo precio dentro de su red.
En la etapa dos –que también dura un año–, se habilita a que existan cambios en las reglas de juego de la cadena de distribución. Por ejemplo, que los grandes consumidores puedan abastecerse directamente de los distribuidores, que las estaciones puedan cambiar de sello o que pueda haber una habilitación de marca blanca, por ejemplo.
Finalmente, en la etapa tres, el comité de expertos considera que existe un “mercado maduro”, por lo que la regulación debería ser la mínima que asegure el menor costo de abastecimiento, que haya combustible en todo el país, y que no haya distorsiones en la cadena.
Se propone un precio en planta de Ancap y luego no hay fijación de precios intermedios o máximos. Bajo el concepto de “libertad vigilada”, el regulador eventualmente podría fijar un precio ante la constatación de abusos. Esto requeriría un cambio legislativo porque hoy la normativa vigente dice que debe existir un precio máximo, explicó el comité de expertos durante una presentación para periodistas.
El informe del comité de expertos está ahora a consideración del Poder Ejecutivo que deberá elaborar una propuesta definitiva para presentar ante el Parlamento.
