El Poder Ejecutivo remitió el viernes pasado al Parlamento el proyecto de ley de Rendición de Cuentas. En uno de sus artículos se establecen modificaciones en los mecanismos de defensa de la libre competencia en el comercio, y en particular respecto a la autorización que la Comisión de Defensa de la Competencia debe dar en ciertas compras y fusiones de empresas.
¿Qué dice la ley vigente?
En setiembre de 2019 se actualizó la normativa y estableció por ley que todo acto de concentración económica –compra o fusión de empresas– debe ser notificado a la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia –un órgano desconcentrado que depende del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) –, para su examen previo y posterior autorización.
Esto cuando la facturación bruta anual en el territorio uruguayo del conjunto de empresas participantes en la operación fuera igual o superior al umbral de 600 millones de UI (hoy unos US$ 93 millones) en cualquiera de los últimos tres ejercicios.
Qué se propone en el proyecto de Rendición de Cuentas
La nueva redacción propuesta en el artículo 162 del proyecto dice que todo acto de concentración económica quedará condicionado a la autorización del órgano de aplicación cuando, en cualquiera de los últimos tres ejercicios contables, se configuren acumulativamente los siguientes extremos:
“1) que la facturación anual libre de impuestos en el territorio uruguayo del conjunto de los participantes en la operación, sea igual o superior a 600 millones de UI (unos US$ 93 millones)”. Se pone como referencia la facturación libre de impuestos, en lugar de la facturación bruta.
“2) que la facturación anual libre de impuestos en el territorio uruguayo de dos o más participantes en la operación, considerados individualmente, sea igual o superior a 30 millones de UI (unos US$ 4,5 millones)”.
¿Qué quiere decir?
El economista Martín Vallcorba explicó que con la nueva redacción se prevé que la autorización previa de la Comisión no rija cuando una de las partes de la compra-venta haya facturado menos de US$ 4,5 millones.
Según el economista, es “un cambio negativo” en los mecanismos de defensa de la competencia, que “facilita” que “se den concentraciones inconvenientes en los mercados".
¿La vuelta de los pac-man?
Vallcorba recordó que la necesidad de autorización previa se introdujo en 2019 para evitar estrategias tipo “pac-man”. Esto es, grandes empresas que compran muchos establecimientos comerciales pequeños, “para consolidar el poder de mercado que tienen, con resultados altamente perjudiciales para dichos mercados”.
Recordó que las estrategias tipo ”pac-man” fueron muy usadas antes de que rigiera la autorización previa de la Comisión, en particular en sectores de actividad como supermercados o farmacias. Y también hubo intentos de usar esas estrategias luego de estar vigente este requisito legal.
Según Vallcorba, lo que hace este cambio es “permitir que retornen las estrategias tipo pac-man, que tanto perjuicio generaron en el funcionamiento de ciertos mercados, facilitando concentraciones que resultan francamente inconvenientes al buen funcionamiento de los mercados”.
Por otro lado, explicó que como se pasa a considerar la facturación libre de impuestos en lugar de la facturación bruta “se sube más de 20% el umbral de facturación global de los participantes en el proceso de compra o fusión a partir del cual debe intervenir la Comisión”.
En tanto, el ex subsecretario de Economía y Finanzas, Pablo Ferreri, afirmó que con la modificación propuesta “se fomenta la concentración de empresas y monopolios privados” desde el gobierno. “No está claro quién se beneficia, la gente seguro que no”, escribió en su cuenta de Twitter.
