El tope del endeudamiento actual es de US$ 2.300 millones y el gobierno pretende aumentarlo 30%
Este viernes la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, entregó al Parlamento la Rendición de Cuentas, la última además que tiene el gobierno de Luis Lacalle Pou con posibilidad de incrementar el gasto.
Como ya fue anunciado, este año el único aumento de gasto será de US$ 20 millones para destinar a programas de adicciones y salud mental, dos aspectos en los que el gobierno fijó la prioridad.
Pero además del proyecto de Rendición de Cuentas, la ministra Arbeleche señaló que el gobierno presentó un pedido ante el Parlamento para aumentar el "endeudamiento neto del gobierno central", una facultad que otorgó la Ley de Urgente Consideración en el artículo 699. Dicho artículo establece que el Poder Ejecutivo podrá aumentar el endeudamiento hasta un 30%.
La ministra de Economía explicó que el tope actual está en US$ 2.300 millones y que se pretende aumentar el 30% usando la "cláusula de salvaguarda" de la LUC.
Esto tiene que ver con el déficit hídrico que atraviesa el país desde hace tres años y que llevó a que el gobierno declarara la emergencia hídrica en la zona metropolitana. "Desde el punto de vista de los manejos queremos transmitir que el encare que estamos haciendo de esta situación de emergencia es similar al de la pandemia", señaló la ministra.
Las principales acciones que llevará adelante el gobierno en esas dos materias fueron presentadas esta semana por los ministros Martín Lema, de Desarrollo Social, y Karina Rando, de Salud Pública. También intervendrá en esas acciones la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) y la Junta Nacional de Drogas (JND).
Aunque el único incremento de gasto en este proyecto será de los US$ 20 millones para salud mental y adicciones, la Rendición de Cuentas de este año supondrá una renuncia fiscal de US$ 170 millones por las rebajas del IASS y del IRPF.
El pasado 23 de junio, cuando presentó a los diputados las bases de la Rendición de Cuentas, la ministra de Economía recordó que hay US$ 337 millones que se arrastran del proyecto aprobado en 2022.
De ese total, US$ 141 millones se destinarán a salarios del sector público, en el marco de un acuerdo alcanzado por la Confederación de Funcionarios del Estado (COFE), además de US$ 55 millones para educación, US$ 36 para políticas de salud y US$ 22 para seguridad. El restante se divide en distintas políticas públicas.