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Con respaldo militar y popular, Vizcarra controla el poder en Perú

La OEA considera que compete al Tribunal Constitucional "pronunciarse respecto a la legalidad y legitimidad de las decisiones institucionales adoptadas"
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02 de octubre de 2019 a las 05:00

En cuestión de horas Perú se queda sin Congreso, se convocan elecciones parlamentarias para enero próximo, el Congreso desoye la orden de disolución y suspende de manera temporal al presidente Martín Vizcarra y se juramenta su sustituta Mercedes Aráoz. 

Están sobre la mesa los ingredientes de una crisis de apariencia explosiva que hace intervenir a la Iglesia católica, de arraigado peso en la sociedad peruana, llamando a la calma y a evitar la violencia y también a la secretaria general de la Organización de Estados Americanos que se pone a la orden, evita calificar la situación (recuerda que eso le compete al Tribunal Constitucional peruano) y, de alguna manera, celebra "que las elecciones han sido llamadas conforme a los plazos constitucionales".

Este martes, al día siguiente de esa sucesión veloz de acontecimientos, la imagen de Vizcarra en el Palacio de Gobierno acompañado por el Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y los Comandantes Generales del Ejército, Marina, Fuerza Aérea y Policía Nacional, que reafirman su "pleno respaldo al orden constitucional y al presidente", según un tuit gubernamental, inclina la balanza hacia uno de los polos en el conflicto. 

Además, la noche del lunes, de acuerdo a la AFP, "coloridas y bulliciosas marchas" en Lima, Huancayo, Cusco, Arequipa, Puno, Trujillo, Moquegua y Tacna, al menos, respaldaban la disolución del Parlamento. El Congreso, con 90% de rechazo popular, comenzaba a "aceptar de mala gana" su cierre temporal, según comentó a El Observador el periodista y columnista de El Comercio de Lima, y crítico de medios, Fernando Vivas Sabroso

Hay que recapitular. Vizcarra disolvió el Congreso, de mayoría opositora, invocando normas constitucionales después de que éste le negara un voto de confianza para reformar el procedimiento de designación de magistrados del Tribunal Constitucional, que los congresistas acometían en un proceso que El Comercio criticó con dureza en su editorial de este martes. 

"La última de las expresiones de necedad de este Congreso ha sido el llevar adelante una elección de integrantes del Tribunal Constitucional que, aunque legal, resultaba a todas luces un despropósito, con plazos constreñidos (se tomaron cinco días para un proceso que, en el promedio de la última década, había tardado 91) y con postulantes manchados", apunta el medio limeño.

El parlamento avisado como estaba por Vizcarra de su disolución jugó su carta, que fue la suspensión temporal del presidente y la designación en su lugar de la vicepresidenta Mercedes Aráoz

Aráoz, economista y exministra del difunto presidente Alan García (1985-1990 y 2006-2011), fue juramentada el lunes por el jefe del Congreso, Pedro Olaechea.

"No me corro a mis responsabilidades por más difíciles que sean las circunstancias", dijo Aráoz, quien se había distanciado de Vizcarra y quien calificó como "inconstitucional" la disolución del Congreso.

Sin tanques

Fernando Rospigliosi, ministro del interior de Alejandro Toledo entre 2001 y 2002, estima que Perú está frente a una crisis de "muy mal pronóstico". Y apunta que la disolución del Congreso es un golpe de Estado, "como se dan ahora en América Latina, sin tanques en la calle, se utiliza un pretexto legal o pseudo legal,  siguiendo un modelo que precisamente inauguró Alberto Fujimori". El Presidente, continúa Rospigliosi, se aprovecha de que el Congreso está muy desacreditado "como toda la clase política"

En abril de 1992, el presidente Alberto Fujimori (1990-2000) dio un "autogolpe" y asumió plenos poderes con apoyo de los militares. Ahora, en cambio, Vizcarra se amparó en la Constitución para dar este paso.

Rospigliosi entiende que no se daban las circunstancias para que el presidente procediera a la disolución del Congreso, un atributo que, sin embargo, le concede la Constitución. "El Congreso venía desde hace 10 meses adelantando el proceso para la elección de los miembros del Tribunal Constitucional y ayer el 30 de setiembre se había fijado como al fecha para esa elección entre los candidatos que se habían propuesto y justo ayer en la mañana (lunes) el presidente presentó un proyecto de ley para cambiar las reglas del juego de esa elección".

De acuerdo al ex funcionario, el Congreso aprobó en la tarde el proyecto presidencial "para no darle pretexto" y unos minutos después Vizcarra  dijo que disolvía el parlamento "porque no me hace caso". Para Rospigliosi es "una farsa, claramente no es constitucional".

Y aunque estima que el panorama es incierto cree que Vizcarra "no va a durar mucho" y explica porqué: "aunque tiene un respaldo alto, es muy débil porque lo logra atacando al Congreso y a la clase política pero su gestión es muy mala en lo económico y en seguridad. Y con el Congreso disuelto ya no tendrá cómo atacarlo".

Vivas, el columnista de El Comercio, cree que el día más crítico fue el lunes y que todo está volviendo al orden. Admite que el presidente "aplicó forzadamente el  mecanismo constitucional del voto de confianza, que cuando se le niega dos veces faculta al Poder Ejecutivo a disolver el Congreso, no de forma total porque siempre queda activa la Comisión Permanente".

Vizcarra, dice Vivas, hizo una "interpretación antojadiza" de un acto del Congreso antes de que se produjera la votación sobre la cuestión de confianza. El Congreso, continúa, "se apresuró" al declarar la vacancia presidencial y designar su sustituta. Sin embargo, esos actos del parlamento no han sido refrendados.

“Acá la Comisión Permanente del Congreso continuará funcionando hasta que se produzca las elecciones parlamentarias (...). Lo que está claro es que aquí no hay golpe de Estado”, declaró el excanciller Diego García-Sayán, expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en declaraciones a la Afp

Pero un exjefe del Tribunal Constitucional, Oscar Urviola, afirmó que "el Congreso tiene que vacar (destituir) a Vizcarra pues la decisión del mismo de disolver el Congreso es inconstitucional".

El editorial de Perú21, titulado Irresponsables, se coloca como el fiel de la balanza al señalar que "no se trata de estar a favor de Vizcarra o de la mayoría fujimorista, sino de sacar al Perú de la parálisis en que se encuentra, y cuyas consecuencias económicas paga la ciudadanía todos los días”.

 

 

 

 

 

 

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