Corrupción policial: ¿qué proponen los candidatos para combatirla?

De acuerdo a los programas de los presidenciables el único que hace expresa mención a la corrupción policial es el Partido Nacional. En el punto 8 del apartado sobre “Seguridad Ciudadana”del documento original del candidato Luis Lacalle Pou se propone en forma concreta para combatir la corrupción en la policía “fortalecer el Departamento de Asuntos Internos del Ministerio del Interior”, y se plantea que en cada jefatura departamental haya un delegado de esa oficina “a los efectos de investigar en forma pronta, independiente y eficiente todas las denuncias sobre hechos con apariencia delictiva que lleguen a su conocimiento”.

Los demás programas partidarios tienen referencias a la corrupción pero no a la policial. El programa del colorado Ernesto Talvi, "Un Pequeño País Modelo", tiene 21 menciones a la corrupción y los desafíos que representa, pero lo hace en términos generales. El Frente Amplio usa esa palabra en sus "Bases Programáticas" en tres oportunidades, también para aludir el problema en su globalidad, como cuando refiere al “mundo financiero no regulado, con sus vinculaciones con el narcotráfico, la especulación y la corrupción, (que) se ha convertido en un peligroso factor de desestabilización económica”.

Los especialistas en opinión pública reconocen que pese a ser un tema importante no genera especial preocupación en la sociedad uruguaya y por eso ni siquiera lo han incluido en las últimas encuestas porque no surge en las inquietudes de quienes los contratan, afirmó Rafael Porcekanski, director de Opción Consultores.

Eduardo Botinelli, director de la consultora Factum, coincidió en que la desviación de la conducta entre los funcionarios policiales “no es un tema que aparezca en la agenda” de los candidatos a presidente, aunque cree que de alguna forma “no deja de estar latente” y “es un tema importante que debería estar”.

La directora de Cifra, Mariana Pomiés, sostuvo que su consultora sí incluyó en una encuesta de 2017 una pregunta sobre la confianza de la sociedad uruguaya en la policía, y que la respuesta “dio muy bien”. Ese resultado está en consonancia con lo que arrojó el Latinobarómetro de 2018, que posicionó a Uruguay como el país de América Latina con mayor confianza en esta institución. El 59% respondió que la apoyaba, solo después de las Fuerzas Armadas.

La lista del año

El senador del MPP Charles Carrera, director de secretaría de la cartera hasta setiembre de 2017, dijo a principios de junio que la gestión actual se había trazado tres ejes importantes: el incremento salarial, el desarrollo tecnológico –que significó un mejor equipamiento de los uniformados–, y la corrupción. “Lo dijimos fuerte y claro: acá iba a haber una lucha frontal contra la corrupción; las malas prácticas se iban a desterrar de la institución”, recordó el exjerarca.

Desde entonces, el ministerio cesó a carca de 300 funcionarios –el año pasado fueron 230– luego de investigaciones administrativas que concluyen que incurrieron en causales de notoria mala conducta. Además, de acuerdo a información publicada por Búsqueda en 2016, cada año son sometidos a proceso penal por cometer delitos cien policías en promedio.

Andrés Ojeda, el referente en seguridad de Talvi a partir de esta semana, reconoció los esfuerzos de la administración del ministro Eduardo Bonomi "por mejorar esto” pero opinó que “los episodios recientes demuestran que se está muy lejos de solucionar el problema”.

Este miércoles fue enviado a prisión preventiva un funcionario subalterno de Interpol –junto con otras dos personas–por haber colaborado en la maniobra que permitió evadir más de 500 kilos de cocaína de los controles del aeropuerto de Carrasco, una droga que finalmente fue incautada en Suiza luego de que aterrizara el avión privado al que habían subido 43 bolsos en Uruguay a mediados de mayo.

En junio, Bonomi debió remover a las autoridades de la Zona Operacional IV de Montevideo –que tiene a cargo las investigaciones de la zona oeste de la capital– luego de que la Fiscalía descubriera y enviara a prisión a un grupo de funcionarios corruptos que había detenido ilegalmente y extorsionado a un hombre para quitarle $ 275 mil.

En abril la Justicia imputó y envió a prisión a dos policías salteños por haber sido cómplices de un millonario asalto a las Termas del Daymán. Y en febrero, tras varios años de investigación, cayó una red de corrupción en Artigas que involucró al exjefe de Policía, Hugo Ferreira Martínez, los ex subjefes Ruben Darío Suárez y Marcio Severo Occio, así como otros siete policías de la jefatura departamental, junto a una escribana que trabajaba en esa dependencia e hizo la vista gorda a las graves irregularidades.

Además, el fiscal de Delitos Económicos Ricardo Lackner investiga la fuga de Cárcel Central del mafioso italiano Rocco Morabito el 23 de junio. Por ahora fue imputado un ciudadano ruso que lo ayudó a huir y otras dos personas por encubrimiento, pero el fiscal trabaja sobre la hipótesis de que los policías que custodiaban al narcotraficante recibieron dinero para colaborar en el escape.

Partido Nacional: mejorar la relación 

Para el asesor en seguridad de Lacalle Pou, Álvaro Garcé, además del proyecto definido de extender la oficina de Asuntos Internos y que “el control no sea solo telefónico”, es fundamental mejorar “el respaldo político” de los policías que debe surgir de una “relación de confianza” entre las autoridades de la cartera y los funcionarios que entiende que hoy está comprometida.

“Hay un factor de confianza que es básico, y eso hoy no existe“, dijo el referente nacionalista, y agregó: “Cuando espontáneamente hablamos con funcionarios de distintos niveles que hoy están retirados nos dicen que hoy no se sienten respaldados, comprendidos, que sus puntos de vista no están reflejados” en las políticas de seguridad.

Para Garcé, quien también fue comisionado parlamentario para las cárceles (2005-2014), eso implica “un alejamiento entre la conducción del ministerio y su fuerza ejecutora, lo que lleva a que haya un impacto, en el rendimiento y la efectividad y que muchos queden a la deriva”, dejándolos vulnerables a las tentaciones, sostuvo.

Partido Colorado: más educación

Para Ojeda, parte de las soluciones a la corrupción policial pasan por extender “la formación universitaria” a toda la policía, como una estrategia en sí misma. “Hay que profesionalizarla en términos de educación, porque la formación terciaria es mucho más que académica”, afirmó.

El penalista también se mostró de acuerdo con el proyecto de los blancos de mejorar la Dirección General de Asuntos Internos, aunque aseguró que, en ese sentido, la clave es contar con el presupuesto para aplicarlo.

"Todas las cuestiones que hay en la vuelta son bastante parecidas, pero todo es un tema de recursos", dijo el abogado.

Según Ojeda, la apuesta del programa elaborado por Talvi a crear una "Escuela de Investigaciones Policiales" y el fortalecimiento de la lucha contra el crimen organizado, son caminos que conducen por defecto al combate a la corrupción.

Frente Amplio: fiscalía especializada y más tecnología 

El sociólogo Gustavo Leal, que se encuentra en su doble rol de jerarca del Ministerio del Interior y asesor en el tema del candidato Daniel Martínez, dijo que si el exintendente de Montevideo accede al gobierno se trabajará sobre cinco ejes para disminuir el problema.

Al igual que los blancos, el oficialismo tiene en carpeta "fortalecer" la oficina de Asuntos Internos, pero, sobre todo, se apuesta a la "profundización de la incorporación de tecnología en todas las fases del trabajo policial de forma de dar garantías a los policías y a los civiles", como por ejemplo extender a todas las seccionales del país lo que ocurre en las comisarías de Montevideo: que haya micrófonos y cámaras de seguridad. También, en esa línea, Leal dijo que se procurará que en todos los procedimientos policiales los funcionarios cuenten con cámaras que registren todo lo que suceda.

Por otra parte apuntó a la importancia de seguir desarrollando la investigación policial, y puso el ejemplo del trabajo realizado por la dirección que creó la cartera este año, y que coordina las divisiones de Drogas, Crimen Organizado, Interpol y Hechos Complejos. "Parte de lo que se descubrió en la Zona IV tiene que ver" con el trabajo que se hizo de inteligencia, dijo el sociólogo.

Y por último, por fuera del ministerio, Leal aseguró que es fundamental el "fortalecimiento" de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) de modo de que tenga potestad de auditar las dependencias donde es más probable que haya corrupción, y propuso la creación de una fiscalía especializada en esta materia.