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La historia de los policías corruptos que terminaron llorando en la audiencia

Seis integrantes del departamento de investigación de la Zona IV de Montevideo extorsionaron y amenazaron a un hombre para robarle $275.000

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29 de mayo de 2019 a las 19:43

Los policías estaban abrigados con buzos y camperas que usaron para tapar sus cabezas cuando llegaron al juzgado de Rosario este miércoles al mediodía. Miraron el suelo durante gran parte de la audiencia y reaccionaban con sutiles negaciones con la cabeza –algunos lamentaban con los ojos cerrados– cuando la fiscal Ana Rosés detallaba cómo, según las pruebas recabadas, estos investigadores policiales de Montevideo habían extorsionado y secuestrado un hombre para robarle $275.000.

Sus rostros comenzaron a desarmarse cuando el juez Sebastián Amor aceptó el pedido de la fiscal Ana Rosés de enviarlos a prisión preventiva durante 150 días, imputados por los delitos de extorsión, peculado (apropiación indebida de los bienes públicos), privación de libertad y domicilio y asociación para delinquir.

Tenían miedo: mandar a la cárcel a investigadores que dedicaron entre 20 y 30 años a enfrentar “a la delincuencia más pesada”, denunció el defensor Raúl Estomba, era “darles una pena de muerte”.

“Me consta con certeza que los están esperando con los brazos abiertos y no para recibirlos con la mejor manera”, advirtió el abogado.

Los policías apretaban las manos. Uno de ellos largó un sollozo. Luego lloraron todos.

El viaje

Eran seis policías –tres oficiales y tres agentes del escalafón bajo– del departamento de investigaciones de la Zona Operacional IV de la capital que, junto a otros cuatro colegas que serán llevados a la Justicia en los próximos días, planearon una maniobra que tenía por objetivo robar medio millón de pesos.

Habían identificado, gracias al acceso a la información que tenían como funcionarios policiales, a alguien que podía tener esa plata: un hombre que vivía en Rosario (Colonia) pero que enfrentaba en Montevideo una denuncia por amenazas y que era también investigado por llevar adelante una serie de estafas comercializando cosméticos y productos de limpieza.

El miércoles 22 de mayo a las 6.30 se reunieron en la sede de la Zona IV –ubicada en el Cerro– y partieron hacia Nueva Helvecia, donde tenían el dato que residía la abuela de la víctima. Salieron en un furgón del Ministerio del Interior y en un vehículo particular.

Al llegar, uniformados como estaban, le dijeron a la mujer que intentaban ubicar a su nieto con urgencia: había violado una orden de restricción y acercamiento a su pareja, le mintieron. La abuela les dio entonces la dirección donde vivía el hombre en Rosario, y sobre las nueve de la mañana llegaron a su casa.

Golpearon la puerta y volvieron a mentir. Le anunciaron al hombre que tenían una orden de allanamiento, que no se la iban a mostrar porque la tenían guardada en el auto. La víctima, engañada, los dejó entrar y en la casa comenzaron las amenazas.

“Le dijeron que estaba complicado porque habían incautado productos y le propusieron llegar a un acuerdo”, relató la fiscal en la audiencia. El acuerdo consistía en “limpiar” todas las pruebas que supuestamente lo comprometían en la estafa por la que lo investigaban. Y a cambio, los $ 500.000.

Él les dijo que no tenía ese dinero en su casa, pero que podía conseguirle una parte.

Se subió con ellos y fueron hasta las oficinas de los investigadores en Montevideo. Allí volvieron a interrogarlo, a amenazarlo esta vez recurriendo a la otra denuncia que el hombre tenía en la capital por amenazar a un conocido: le ofrecieron decirle a la fiscal de ese caso, Brenda Puppo, “que se trataría de una broma y una tomada de pelo” de modo de dejar sin efecto ese caso, lo que se sumaría a la eliminación de las pruebas por la investigación de la estafa y así continuaría además “con su negocio”. Si se negaba, iría a la cárcel del Comcar “a una celda con ocho personas y allí lo matarían”, relató la fiscal Rosés.

El hombre aceptó y lo llevaron hasta una sucursal del Banco República del barrio Paso de la Arena en donde retiró $90.000 y US$ 5.600.

La logística que implicó el traslado hasta el banco, que quedó registrada en cámaras de seguridad de la zona, levantó sospechas. Dejaron a la víctima en una esquina, con indicaciones precisas de caminar hacia la estación de ómnibus una vez que saliera, y en ese punto fue recogido por uno de los autos de los policías que lo llevaron durante varias cuadras hasta que lo hicieron bajarse para cambiarse de vehículo. Finalmente, lo dejaron en la calle con $ 5.000 de los que le habían robado para que se tomara un taxi y volviera a su casa. Y así hizo.

Los policías llegaron a cumplir con parte del trato. A la fiscal Puppo le dijeron que el hombre indagado por realizar amenazas “se trataba de un ‘nerd’ que (se) pasa sentado frente a las computadoras y que la supuesta amenaza fue una broma”, dijo Rosés.

El plan se cayó cuando un familiar de la víctima fue a preguntar a la seccional sexta de Colonia Valdense qué había pasado con su pariente, y la policía encontró que esa detención no figuraba en su registro.

Ahí comenzó la investigación.

Sorpresa y súplicas

A Brenda Puppo, fiscal de Flagrancia de la Zona 4 –que abarca el oeste de Montevideo– le sorprendió el caso, sobre todo porque conoce a los implicados por haber investigado delitos y perseguido delincuentes con ellos durante varios años. “Eran oficiales que estaban en todo, ¿cómo podía darme cuenta de que había algo raro? No puedo saberlo solo por hablar por teléfono con ellos”, dijo la fiscal a El Observador.

Puppo nunca solicitó que se allanara la casa de la víctima y que le incautaran dos torres de computadora –como hicieron los imputados–,  y además tampoco estaba en sus planes hacerlo, ya que se trataba de un caso menor en el que "no tenía pruebas". Les había dicho que le tomaran declaración, pero nada más: nunca le avisaron que habían ido hasta Rosario.

Las pruebas que tenía la fiscal Rosés –cámaras de Paso de la Arena, Nueva Helvecia y Rosario, declaraciones de testigos, mensajes y llamadas por celular, además del relato de la víctima, entre otras– eran de tal contundencia que el abogado Estomba solo se opuso a que dos de sus seis clientes fueran juzgados.

Pero planteó dos reclamos. Primero, propuso que se aplicara prisión domiciliaria. El juez Sebastián Amor no escuchó sus argumentos y dio lugar al pedido de Rosés de enviarlos a la cárcel durante 150 días, plazo en que la fiscal preparará el juicio oral.

Con esa derrota, solicitó entonces que el juez instruyera que sus defendidos no vayan en ningún momento al Comcar o a las cárceles de Canelones o Libertad.

“Quiero que quede registrado en el audio. No quiero que ningún familiar, ningún hijo o ninguna esposa me puedan hacer algún reproche de que yo me callé la boca. Me consta que los están esperando porque me lo hicieron llegar”, advirtió el abogado.

Uno de los policías que dijo tener 28 años de servicio levantó la mano para decir esto: “Voy a hablar por mi integridad física: debo tener (entre) seis y ocho abatidos en enfrentamiento policiales: he procesado a muchísima gente involucrada en bandas y súper bandas; tengo heridos de bala, muchas investigaciones… Si me mandan para una cárcel común no duro dos días. ¿Me explico?”.

El juez Amor accedió al pedido de la defensa y solicitó al Ministerio del Interior que los reos no fueran conducidos a las cárceles señaladas.

Los 10 involucrados en esta estrategia –cuatro de los cuales la fiscal planea llevarlos a la Justicia cuando reúna las pruebas– serán investigados además administrativamente por el Ministerio del interior, incluso el jefe del departamento, que fue liberado este martes porque la fiscal Rosés no encontró pruebas. A ese hombre lo sumariaron y lo apartaron del cargo, dijeron fuentes del Ministerio del Interior a El Observador.
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