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Corrupción policial: fiscales temen por manipulación de allanamientos
Los fiscales de Montevideo, “vapuleados” luego de la noticia de que seis investigadores policiales fueron enviados la semana pasada a prisión por corrupción, están ahora en “alerta total”. Aunque saben que no todos los policías son deshonestos, los fiscales ya no tienen la misma seguridad que antes a la hora de confiar en lo que los uniformados les cuentan por teléfono para notificarlos del éxito o fracaso de los procedimientos policiales que ellos solicitaron.
“Es evidente que esta situación nos pone a todos en una alerta total, porque es bastante vulnerable nuestra tarea en ese aspecto: confiamos en lo que nos transmite la policía”, dijo a El Observador William Rosa, secretario general de la Asociación de Fiscales del Uruguay.
El fiscal de Corte, Jorge Díaz, ya había dicho este viernes en conferencia de prensa que los fiscales tenían una “gran preocupación” ante el daño “profundo” que supuso el caso, pero Rosa agregó que “en la interna”, algunos funcionarios repiten una inquietud: la cantidad de allanamientos con resultados negativos que reportaron en su momento los policías que están hoy en la cárcel, y que tenían entre 20 y 30 años de trayectoria.
“Hemos pedido una cantidad de allanamientos y al otro día nos comunicaban que no habían encontrado ni armas, ni drogas, ni personas”, dijo Fernando Romano, fiscal de Flagrancia de la capital, quien este viernes informó que debió reiterar la acusación contra dos imputados por intentar una rapiña en un auto robado, ya que la prueba fundamental que sostenía el caso era el testimonio de los policías delincuentes.
“Era algo que me empezó a llamar la atención; a veces llegué a necesitar más de cinco o seis órdenes y cuando uno las pide es porque piensa que algo va a aparecer”, añadió Romano al recordar algunos casos que investigó con ellos.
Al fiscal de Homicidios Juan Gómez, por su parte, le preocupa un dato en particular: hubo un día meses atrás, mientras investigaba un asesinato y trataba de encontrar al responsable, en el que se necesitaron “más de 10” allanamientos para capturar al responsable, que hoy está sometido a juicio.
“Fue un número muy elevado… Por lo menos hace pensar, yo qué sé: mirando la realidad de hoy, uno se pregunta por qué no hubo otro resultado en esos múltiples allanamientos. Fue llamativo”, dijo Gómez a El Observador.
Fuentes del caso dijeron que para resolver ese homicidio se necesitaron cerca de 20 allanamientos en total.
Golpe duro
Los investigadores policiales fueron imputados este miércoles por los delitos de extorsión, peculado –apropiación indebida de los bienes públicos–, privación de libertad y domicilio y asociación para delinquir, luego de que la fiscal de Rosario (Colonia) Ana Rosés los acusara de amenazar y extorsionar a un hombre para robarle $ 275 mil. Este era indagado en dos investigaciones: una serie de supuestas estafas y una denuncia por amenazas. Los policías “acordaron” que si les pagaba el dinero ellos se comprometían a “limpiar” las pruebas que se supone que lo incriminaban.
Los policías llegaron a cumplir con una parte del trato: a la fiscal que llevaba el caso de la denuncia de amenaza, Brenda Puppo, le dijeron, tal como le prometieron a su víctima, que no había mérito para seguirlo investigando por eso, porque lo único que había hecho era “tomarle el pelo” a la persona que se sintió amenazada, aunque eso no era cierto.
Los investigadores pertenecían a la Zona Operacional IV de Montevideo, que comprende el oeste de la capital, un área donde actúan algunos de los delincuentes más peligrosos del país. Tras la imputación de los involucrados, el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, decidió relevar a las autoridades de la unidad y buena parte del equipo de investigadores.
“Fue un golpe duro”, dijo el fiscal Romano Romano. “Estamos vapuleados”, lamentó Rosa.
Relevamiento y rigurosidad
El caso llamó la atención del fiscal de Corte. “(Estos policías) participaban en las investigaciones como oficiales del caso o como partícipes de la investigación que tenían y tienen conocimiento de su desarrollo y de mucho del curso de estas investigaciones y juicios", dijo Díaz el viernes.
Y "el daño causado por estos funcionarios infieles –advirtió el jerarca– es mucho más que el daño de reputación que le puede generar a la Policía Nacional". "No sabemos la profundidad de la raíz del mal, no sabemos hasta dónde llegan las posibles implicancias, y eso hace que nos preocupe muchísimo”, aseguró.
Fue por eso que el viernes se reunieron con Díaz todos los fiscales de Montevideo “a los efectos de cuantificar y magnificar el potencial daño”, para lo que también implicará la realización de un “relevamiento e inventario de todas las investigaciones y todos los los juicios en los cuales estos policías han participado”, añadió el fiscal de Corte.
En algunos casos, como en el de Romano, las investigaciones sufrieron un impacto en la "línea de flotación", siguió diciendo Díaz.
Algunas de las medidas que los fiscales comenzarán a tomar será hacer firmar a los policías luego de cada allanamiento que se les solicita. "Es una buena medida, ya que en algunos casos no se firman", sostuvo el fiscal Gómez.
