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Dos detenidos por rapiña debieron ser liberados por caso de policías corruptos

La única prueba en su contra quedó bajo sospecha al ser recabada por los policías corruptos; fiscales se reunieron para analizar otros casos 

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31 de mayo de 2019 a las 20:07

Dos personas que habían sido imputadas por un delito de rapiña en grado de tentativa y receptación, por intentar cometer una rapiña en un auto robado, debieron ser liberadas este viernes porque la única prueba que se había recabado en su contra era el testimonio de los policías de la zona IV involucrados en la trama de corrupción que quedó descubierta esta semana.

Luego de que la defensa tomó conocimiento de que los policías de la zona operacional IV del oeste de Montevideo estaban involucrados en maniobras de corrupción, pidió que sus defendidos fueran liberados. El fiscal Fernando Romano se vio obligado a retirar la acusación por la que cumplían prisión preventiva. 

"La prueba fundamental era el testimonio de algunos de estos policías", señaló el fiscal de Corte, Jorge Díaz, en una conferencia de prensa que dio este viernes. Agregó que la imputación de los policías obliga a los fiscales, especialmente de homicidios y drogas, a revisar las líneas de investigación sobre casos en los que hayan intervenido. 

Seis policías de la Zona IV de la Jefatura de Policía de Montevideo fueron imputados este miércoles con un delito de privación de libertad, peculado, extorsión y asociación para delinquir, luego de que se probó de que detuvieron ilegalmente -sin orden judicial- a una persona que había cometido una estafa para extorsionarlo.

Esa zona de la capital, según señaló Díaz, "es una de las más complejas de Montevideo" por la cantidad y el tipo de delitos que se cometen. "Evidentemente, el daño seguramente no sea tan cuantitativo sino cualitativo", agregó Díaz. 

Hay una decena de casos -en investigación o próximos a un juicio- que deberán ser revisados. "El daño causado por estos funcionarios infieles es mucho más que el daño reputacional que le puede generar a la Policía Nacional (...) El daño es mucho más profundo", afirmó el fiscal de corte. Este viernes los fiscales de Montevideo mantuvieron una reunión con Díaz para discutir cómo afecta a los casos que llevan adelante y mitigar los daños.  

"No estamos ante la situación de que un culpable está libre porque hasta que no exista una sentencia de condena de parte de un juez que condene y encuentre algún individuo penalmente responsable de un delito, rige el principio de inocencia", respondió Díaz al ser consultado sobre si una persona inocente estaba cumpliendo una pena por algo que no había hecho. En ese caso, el fiscal llegó a la "convicción" de que "sin el testimonio de estos policías no tenía elementos de juicio para seguir adelante". 

El fiscal de Corte agregó que existe una "gran preocupación" entre los fiscales y la Fiscalía General de la Nación (FGN) por los coletazos que pueda traer el procesamiento de los policías corruptos. "Participaban en las investigaciones como oficiales del caso o como partícipes de la investigación tenían y tienen conocimiento del desarrollo de las mismas y de muchos del curso de estas investigaciones y juicios", explicó Díaz. 

Para dar una magnitud de los casos en los que participaron estos policías, Díaz mencionó el homicidio del golfista del Cerro, Antony Macaris, y el de la cajera del Super Vero de Luis Alberto de Herrera, Florencia Cabrera. En el primero de ellos, mencionó que la Fiscalía tuvo que librar 21 órdenes de allanamiento para dar con el sospechoso de asesinar al joven, que finalmente fue detenido en mayo de 2018. En el segundo, Díaz también detalló que fueron necesarios varios allanamientos para encontrar dónde se escondía Christian Pastorino, alias Kiki, que se suicidó cuando los policías lo encontraron en el asentamiento El Monarca en febrero de 2018.  

Además, Díaz manifestó su preocupación por el hecho de que el abogado defensor de los policías, Raúl Estomba, sea el mismo que ha representado a varios narcotraficantes de la zona oeste de Montevideo. "Fíjense que es preocupante que quien asume la defensa y el patrocinio letrado es al mismo tiempo abogado de muchos de los imputados en las investigaciones en las que han participado", precisó. 

Una vez que trascendió el escándalo de corrupción, el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, resolvió remover a la cúpula de la Zona IV de Montevideo. De esta manera, relevó al jefe de la unidad, el jefe del departamento de investigaciones -que fue indagado, liberado y ahora sumariado- y buena parte del equipo de investigadores. 

 

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