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Bonomi supo en 2010 de actos de corrupción en la Jefatura de Artigas
El 21 de diciembre de 2010 el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, recibió en su despacho a Roy González, un subcomisario de Artigas –hoy dado de baja– que había solicitado esa reunión para denunciar hechos de corrupción en la Jefatura de Policía de su departamento. González apuntaba contra el entonces jefe Hugo Ferreira Martínez y otros 10 funcionarios policiales. “Hablé con él personalmente y le manifesté lo que estaba pasando”, dijo González a El Observador.
“Pero Bonomi no me dijo nada. Simplemente me escuchó. Nada más”, agregó. González le dijo a Bonomi que Ferreira –que estuvo al mando de la jefatura durante 11 años, hasta mediados de 2016– utilizaba predios de la jefatura para arrendarlos en beneficio propio, y que enviaba a policías, en horario de servicio, a la casa de su novia para que hicieran reparaciones. Además, el subcomisario narró que Ferreira y otros oficiales vendían y faenaban ovejas que eran del Ministerio del Interior, y que se quedaban ellos con la plata.
Ocho años después, y luego de una decena de denuncias que González presentó entre la cartera de seguridad, la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio de Trabajo, la justicia penal y de Crimen Organizado, la fiscal de Artigas Ana Dean comprobó lo que denunció. Y además, encontró otros hechos ilícitos que surgieron años más tarde.
Dean solicitó el procesamiento con prisión el primero de febrero para Hugo Ferreira Martínez, los ex subjefes de Policía Ruben Darío Suárez y Marcio Severo Occio, y otros siete policías de la jefatura departamental, además de una escribana que trabajaba en esa dependencia e hizo la vista gorda a las graves irregularidades. La fiscal los acusó de delitos de peculado, fraude, contrabando y abuso de funciones, entre otros.
Largo periplo
Cuando González agotó las vías administrativas, dijo que presentó la denuncia en la Justicia de Artigas en 2013. Aseguró que como la jueza tenía un vínculo con uno de los involucrados no le tomó la denuncia. “Entonces la presenté en Montevideo, en los juzgados de Crimen Organizado, en donde tiempo después la archivaron. Pero como me enteré que en Artigas habían trasladado a aquella jueza, solicité que la enviaran para allá de nuevo, y ahí gracias a Dios la denuncia comenzó a caminar. Fue entonces cuando aparecieron hechos más graves”, contó el denunciante.
De todos modos, la investigación tuvo a partir de ese punto varias interrupciones: jueces que se abstuvieron porque declararon que tenían vínculos familiares o de amistad con los indagados, recursos de nulidad presentados por la defensa de los delincuentes, traslado de fiscales. Así lo confirmó la fiscal Dean, quien dijo a El Observador que “el caso fue muy engorroso porque la ciudad es muy chica y muchos de los involucrados eran conocidos del personal del juzgado”.
La Justicia deberá resolver si hace lugar al pedido, pero su investigación determinó que Ferreira no solo arrendó campos del Estado y utilizó policías y reclusos para reparaciones personales, sino que también se adueñó de la carnicería y la panadería policiales. Asimismo, concluyó que el grupo de funcionarios corruptos realizó numerosas compras en free shops y en otros comercios fuera del país con plata de la jefatura violando “la normativa tributaria y aduanera”.
La investigación probó que un comisario inspector expidió un certificado de buena conducta a una persona que tenía antecedentes penales por falsificación de documento público, y que se destinaron dineros de la jefatura a pagarle hotel y otros gastos irregulares a una mujer en calidad de “consultora de la jefatura”. Según señaló la fiscal “en más de una oportunidad se registró por el mismo día más de un pago al mismo hotel”.
Hostigamiento
“Estoy muy al tanto: le hicieron una acusación, un sumario, y en lugar de defenderse hizo un montón de denuncias”, declaró en conferencia de prensa Bonomi en 2015 sobre el denunciante de González. “Las hizo ante un asesor mío, me la hizo a mí, la hizo ante el director de la Secretaría General, ante la directora de Asuntos Internos, ante el Ministerio de Trabajo, a un juez de Crimen Organizado, y todos, sistemáticamente, entendieron que no tenía razón”, dijo esa vez el ministro. “Todos, por separado”, agregó.
Bonomi dijo también que se había recomendado “el cese definitivo” de uno de los funcionarios contra los que apuntaba González, pero nada más. Dean informó que todos los indagados por el caso ya no se encuentran en funciones, porque algunos renunciaron o se jubilaron, y otros fueron apartados de su cargo porque fueron sumariados por el Ministerio del Interior.
González, según dijo, fue trasladado “14 veces” de una comisaría a otra entre 2006, año en que Ferreira asumió como jefe del departamento, y setiembre de 2015, cuando un sumario resolvió que el subcomisario fuera dado de baja.
“Me mandaban para zonas inhóspitas, lejos, muy lejos, a seccionales que quedaban en el medio de la campaña o en el límite con Salto”, contó González, que acumuló un total de cuatro sumarios que, de acuerdo a su versión, fueron todos injustificados.
“En uno de ellos, por ejemplo, había participado de un procedimiento por contrabando de vehículos, y me hicieron una denuncia anónima con un tema de una camioneta; el propio jefe me investigó y archivó la investigación. Luego me denunció la madre de un delincuente, diciendo que la perseguía y la amenazaba, que tampoco quedó en nada, pero lo que más me molestó fue el sumario que me dio de baja, porque la resolución decía que la sanción debía consistir en 15 días de suspensión”, contó el expolicía.
“Pero los asesores lo modificaron y dijeron que la falta era gravísima y que tenían que darme de baja y me la dieron: dijeron que había desnaturalizado donaciones que recibían las comisarías: me acusaron de darle otro fin al dinero que recibíamos de donadores para cargar de combustible los patrulleros, algo que en realidad nunca pudieron probar”, afirmó.
La causa de su expulsión fue “no adaptación al régimen disciplinaria” e “ineptitud para el servicio”. En 2015 un periodista le preguntó a Bonomi sobre las denuncias realizadas por González y los sumarios que su secretaría de Estado le había iniciado en su contra y respondió: “Cuando a uno le hacen una denuncia, hay que defenderse de la denuncia”.
Una resolución del Ministerio de Trabajo fechada el 13 de julio de 2013, a la que accedió El Observador, respondió a González que hacía lugar a la denuncia por “hostigamiento laboral prolongado en el tiempo” que había presentado en el organismo contra Ferreira, y solicitaba al Ministerio del Interior que con “carácter preventivo”, adoptara para González y su esposa medidas de “protección y prevención”.
El subcomisario había denunciado que su pareja también había sufrido “persecución” y otro tipo de agresiones. Por ello, la resolución fundamentaba lo solicitado “a efectos de minimizar reacciones de represalia y la exposición a riesgos síquico-físicos que la continuación de las situaciones de violencia denunciada generan en el ambiente laboral y en la organización”.
