En los casos analizados, las direcciones reportaron menos situaciones de violencia, más atención en aula y cambios en los recreos tras restringir el uso del dispositivo.
El estudio sobre la gestión de celulares en aulas de Educación Media Pública en Uruguay de Ceibal relevó experiencias de regulación del celular en centros educativos uruguayos.
Uno de los grupos analizados fueron aquellos donde se prohibió de manera "total" o hubo "restricción muy fuerte" del uso del dispositivo.
El informe aclara que el análisis es descriptivo y que no busca evaluar la pertinencia ni el éxito de las medidas, sino reconstruir cómo surgieron, cómo se aplicaron y qué lectura hicieron de ellas los equipos de dirección y docentes.
Los casos incluidos en ese tramo del relevamiento corresponden a un liceo de Salto, un liceo de Paysandú, una UTU de Montevideo y una UTU de Treinta y Tres.
Aunque los contextos son distintos, en todos aparece un mismo punto de partida: el celular dejó de ser visto solo como una herramienta de uso cotidiano o pedagógico y pasó a ocupar un lugar central en conflictos de convivencia, episodios de violencia, dificultades de atención en clase y tensiones con docentes y familias.
En el liceo de Salto, la decisión de restringir el celular surgió en 2024 después de un diagnóstico institucional impulsado por el equipo de gestión. Se trata de un centro de Educación Media Básica y Superior, con matrícula numerosa, fuerte identidad territorial y un perfil que el propio centro define como “barrial”, marcado por la continuidad generacional de familias que históricamente enviaron allí a sus hijos.
El informe señala que, aunque recibe a estudiantes de distintos contextos socioeconómicos, en el centro predominan los quintiles medios. También remarca que el liceo no tiene una cultura institucional ajena a la tecnología. Integra redes de innovación pedagógica, trabaja con CREA, dispone de Ceilab y promueve proyectos con enfoque STEM. Por eso, la regulación del celular no fue presentada como una impugnación del uso tecnológico, sino como una respuesta específica a problemas de convivencia asociados al dispositivo.
Según la dirección, el punto de quiebre estuvo en la cantidad de situaciones conflictivas que tenían como base redes sociales, mensajes, fotos y grabaciones. El equipo de dirección resumió ese escenario con una frase que el estudio recoge de forma textual: “95 % de las situaciones conflictivas que se daban en la institución era por el mal uso del celular”.
En esa descripción aparecen peleas iniciadas en redes, imágenes tomadas a compañeros sin consentimiento, fotos a docentes, circulación de contenidos en grupos de WhatsApp y también episodios que alteraban el clima laboral. El informe agrega que, en algunos casos, estudiantes se comunicaban de forma directa con sus familias frente a conflictos cotidianos, sin mediar el equipo de adscripción o la dirección. Ante ese panorama, y frente a criterios docentes dispares para manejar el tema en aula, el liceo optó por fijar una medida institucional común.
La resolución consistió en prohibir el uso del celular durante la jornada escolar, aunque con tres alternativas comunicadas previamente a las familias. Una era no llevar el dispositivo al centro. Otra, dejarlo al inicio del turno en cajas ubicadas en adscripción, donde quedaba guardado y bajo custodia hasta el final de la jornada. La tercera permitía llevarlo, pero mantenerlo apagado y dentro de la mochila.
Para sostener ese esquema, el liceo construyó cajas con compartimentos individuales y adquirió lockers, con la intención de garantizar la seguridad de los equipos y responder a inquietudes de las familias. La medida se aplicó desde séptimo hasta primero de Educación Media Superior, mientras que en los cursos más avanzados no se implementó, bajo la idea de una mayor capacidad de autorregulación y la presencia de estudiantes mayores de edad.
El estudio indica que el celular tampoco podía usarse en recreos. Solo se habilitaba cuando un docente lo requería para una actividad pedagógica puntual. En esos casos, el profesor retiraba la caja correspondiente, distribuía los dispositivos y asumía luego su control y devolución.
La implementación cotidiana recayó sobre todo en los equipos de adscripción, que tomaron a su cargo la recolección, custodia y control de los celulares. El informe marca que eso implicó una sobrecarga de tareas. También hubo diferencias entre niveles. Mientras en Educación Media Básica el apoyo docente fue mayor, en primero de Educación Media Superior aparecieron más resistencias, vinculadas a percepciones sobre la edad y la autonomía de los estudiantes.
Pese a esas tensiones, la dirección sostuvo la medida durante todo el año. Según el estudio, la evaluación del centro fue positiva. El equipo directivo reportó una disminución significativa de los conflictos vinculados al celular y una mejora en la atención en clase, con menos necesidad de llamados de atención constantes.
También describió cambios en los recreos y en la forma en que los estudiantes ocupaban los espacios comunes. La directora lo expresó así: “volvimos a ver a los chiquilines mirarse a la cara, conversar en los recreos”. El informe agrega que, según la percepción del centro, reaparecieron juegos compartidos, más uso de mesas y patios y menos aislamiento individual mediado por la pantalla.
La principal dificultad que dejó la experiencia estuvo en la opción de llevar el celular y conservarlo apagado dentro de la mochila. Para la dirección, esa alternativa generó tensiones, percepciones de desigualdad entre estudiantes y más exigencias de control para docentes y adscriptos. El centro entendió que esa posibilidad debilitaba la legitimidad de la norma y planteó que, si la experiencia continúa, sería mejor reducir las opciones a dos: no llevar el celular o llevarlo y entregarlo.
El liceo de Salto también señaló otro punto: la falta de un marco normativo más explícito en el sistema educativo. Según el informe, la dirección entiende que un respaldo más claro fortalecería la legitimidad de este tipo de medidas frente a eventuales cuestionamientos de algunas familias.
El caso del liceo de Paysandú aparece en el estudio ligado a una dinámica institucional marcada por la gestión cotidiana de conflictos de convivencia. El centro atiende a una población estudiantil proveniente mayoritariamente de contextos de vulnerabilidad social media y alta, y la dirección lo describe como un liceo donde los conflictos vinculares entre estudiantes se repiten con frecuencia.
El informe recoge además una preocupación específica del equipo directivo: durante el último año se había registrado “un incremento de la violencia entre las chicas de forma importante”. En ese contexto, el celular era de uso habitual entre estudiantes y también podía funcionar como recurso didáctico para algunos docentes. Pero, según la dirección, el dispositivo se había convertido al mismo tiempo en una fuente de distracción constante y en un factor que alimentaba conflictos que luego terminaban dentro del liceo.
La medida comenzó a aplicarse a mitad del año lectivo, cuando la dirección identificó un aumento sostenido de episodios de violencia física entre estudiantes que se organizaban o escalaban a través de redes sociales. El director relató que “empezamos a darnos cuenta de que ellos interactuaban y se ponían de acuerdo a través del WhatsApp”, y que varias de esas situaciones derivaban en peleas durante los recreos.
El problema no terminaba ahí. El estudio señala que mientras algunas de esas agresiones ocurrían, otros estudiantes filmaban lo que pasaba y después lo difundían en redes. En paralelo, en las instancias de evaluación docente aparecía otra observación reiterada: la dificultad para sostener la atención en clase por el uso permanente del celular y la necesidad continua de pedir que lo guardaran.
Frente a ese diagnóstico, la dirección resolvió aplicar una prohibición total. La instrucción inicial fue que los estudiantes no debían llevar el celular al centro. Si alguien lo hacía y era visto utilizándolo, debía dejarlo en adscripción, la situación quedaba registrada mediante una observación y, además, un adulto responsable tenía que concurrir a retirarlo.
La medida fue comunicada formalmente a las familias. Según el estudio, hubo resistencias en un grupo minoritario de padres, algunos de los cuales elevaron cartas y notas a instancias superiores, incluida la ANEP. De todos modos, el liceo mantuvo la decisión con respaldo de la inspección.
El centro contempló excepciones para casos puntuales de comunicación familiar. En esas situaciones, el estudiante podía concurrir con el celular, dejarlo apagado en una caja de adscripción, usarlo durante el recreo en casos concretos y retirarlo al finalizar la jornada. El director lo fundamentó así: “una vez que ellos entran a la institución, ellos tienen que estar bajo nuestra supervisión”.
El cambio también abrió un frente interno con parte del cuerpo docente que recurría al celular en propuestas pedagógicas. La respuesta de la dirección fue impulsar el uso de computadoras del centro y gestionar ante Ceibal una ampliación de equipos, ya que no todos los estudiantes contaban con un dispositivo en funcionamiento.
Según el equipo directivo, la experiencia produjo efectos positivos en el clima institucional y en la dinámica de aula. El estudio recoge la percepción de que, una vez aplicada la medida, en los recreos hubo más diálogo entre estudiantes y menos grupos aislados mirando la pantalla. También se registró, de acuerdo con la dirección, una reducción de las situaciones de violencia más graves.
El informe aclara que los problemas vinculares no desaparecieron por completo, pero remarca que la dirección identificó un corte importante en la secuencia de episodios más serios. En palabras del director, “el último gran problema que tuvimos fue cuando tomamos las medidas”.
El caso de Paysandú incluye además datos cuantitativos surgidos de una encuesta al cuerpo docente, con 57 respuestas. Allí, el 90 % consideró que el no uso del celular disminuyó las problemáticas entre estudiantes, mientras que más del 75 % calificó ese impacto como “bueno” o “satisfactorio”.
En relación con la tarea docente, el 79 % sostuvo que su trabajo no se vio afectado por la medida. Un 14 % señaló que la afectación fue aceptable y un 7 % entendió que no lo fue. A su vez, el 80 % indicó que el rendimiento académico de sus estudiantes mejoró tras la implementación.
El estudio agrega que la mayoría de las familias recibió bien la decisión y que muchos padres valoraron el respaldo institucional para limitar el uso del celular. A partir de esa experiencia, el liceo proyectaba sostener la prohibición en el año siguiente e incorporarla al consentimiento que las familias firman al momento de la inscripción.
La experiencia relevada en una UTU de Montevideo se desarrolla en un centro de educación técnico-profesional que atiende principalmente a estudiantes provenientes de contextos socioeconómicos vulnerables, ubicados en el quintil 1. Según la directora, esa realidad exige “un acompañamiento muy cercano” por parte de la institución.
El centro ofrece distintas modalidades, entre ellas Educación Básica Integrada, Formación Profesional Básica y bachillerato, y también cuenta con recursos tecnológicos. El estudio menciona dispositivos de Ceibal, uso de CREA y propuestas vinculadas a robótica y STEM. Al igual que en el liceo de Salto, la regulación del celular no es presentada como rechazo a la tecnología, sino como una respuesta al “mal uso” del dispositivo.
En este caso, el origen de la iniciativa estuvo en reiteradas quejas docentes por la falta de atención en clase y en conflictos de convivencia mediados por redes sociales. Entre los episodios señalados aparece la creación de una cuenta de Instagram en la que se difundían comentarios ofensivos sobre integrantes de la comunidad educativa.
La directora describió además un escenario de dependencia fuerte del celular, asociado tanto a juegos como a redes. El estudio recoge esta frase: “los chiquilines en la casa están todo el día con el celular, se acuestan tardísimo y después llegan acá sin poder concentrarse”. Ese diagnóstico llevó al centro a poner el foco no solo en la distracción, sino también en el modo en que el dispositivo incidía sobre los vínculos cotidianos.
La medida adoptada implicó prohibir el uso del celular durante las clases, mediante un sistema de canastos ubicados en la dirección. Cada estudiante debía dejar su dispositivo dentro de un sobre individual identificado. El formato buscó resolver una preocupación concreta del cuerpo docente: no querer manipular directamente los celulares.
Según la directora, en un primer momento se había evaluado que los estudiantes dejaran los aparatos sobre el escritorio, pero esa idea no prosperó. La resistencia no pasaba únicamente por una cuestión operativa, sino por la decisión de no asumir responsabilidad sobre un objeto personal que podía generar conflictos posteriores.
Con el sistema finalmente adoptado, si un estudiante era visto usando el celular en clase o en los pasillos, debía llevarlo a la dirección, donde quedaba guardado hasta el final de la jornada. Si lo mantenía guardado en la mochila y no lo usaba, podía conservarlo. En algunos casos, incluso podía utilizarlo en recreos, según el criterio del docente.
Esa combinación hizo que la aplicación fuera parcial y desigual entre niveles y turnos. El estudio señala que los estudiantes de mayor edad se adaptaron con mayor facilidad e incluso hubo algunos que entregaban voluntariamente el celular al reconocer que, si lo tenían consigo, se distraían.
En esos grupos, la dirección y los docentes percibieron mejoras en la atención y en el clima de clase. También reportaron cambios en los recreos, con más participación en actividades deportivas o lúdicas y menos uso individual del dispositivo.
La principal limitación estuvo en la adhesión del cuerpo docente. El informe aclara que la heterogeneidad no respondió solo a diferencias pedagógicas, sino también al cansancio, a la evitación del conflicto y a las distintas relaciones que cada docente construía con sus grupos. La directora lo resumió así: “tenemos que tener a todos los docentes afines a eso, y todavía no se da eso”.
Según el estudio, esa aplicación desigual debilitó la legitimidad institucional de la medida. Los estudiantes detectaban con rapidez qué docentes la sostenían y cuáles no, y eso terminaba afectando su efectividad. Aun así, la dirección valoró la experiencia como un primer paso positivo, sobre todo por las mejoras observadas en atención y convivencia.
El informe subraya, sin embargo, que el propio centro reconoce que para sostener una regulación de este tipo en el tiempo necesita reforzarla desde el comienzo del año lectivo, construir más consensos y lograr mayor compromiso del colectivo docente. La directora sintetizó esa dependencia con otra frase recogida en el estudio: “si no tengo el apoyo de los docentes, no pasa nada”.
La UTU de Treinta y Tres que aparece en el relevamiento tiene un perfil institucional distinto al resto de los casos. Es una institución de Educación Media con orientación agraria, organizada bajo modalidad de alternancia y con residencia estudiantil. La mayoría de sus alumnos son internos: pasan una semana en la escuela y otra en sus hogares. Un grupo menor asiste como estudiante externo, pero igual permanece en el centro durante jornadas largas.
Esa estructura configura una convivencia intensa y prolongada, con actividades que comienzan temprano y se extienden hasta la noche. En ese marco, la regulación del celular no aparece como una decisión reciente ni como respuesta a una coyuntura puntual, sino como parte de una política institucional estable.
Según la directora, la práctica se aplica desde 2012 o 2013, cuando una directora anterior acordó con las familias que los estudiantes debían entregar sus teléfonos al ingresar al centro. Desde entonces, la medida se mantuvo a lo largo de distintas gestiones y sin interrupciones significativas.
En esta experiencia, la entrega del celular está integrada a la rutina institucional. El estudiante externo lo deja al entrar y lo recupera cuando termina la jornada. El interno, en cambio, lo entrega durante todo el día y solo dispone de una habilitación acotada de alrededor de una hora u hora y media por la noche, después de cenar. Luego vuelve a entregarlo antes de irse a dormir.
La directora explicó esa dinámica en el estudio: “el alumno externo entra, entrega el celular y cuando se va, se le da el celular”. En el caso de quienes viven en la residencia, la lógica es más amplia, porque la regulación también alcanza el tiempo no lectivo, salvo ese tramo breve de uso recreativo nocturno.
Durante el horario educativo, los celulares quedan guardados en un mueble especialmente diseñado y ubicado en el área de adscripción. El uso pedagógico, sin embargo, está habilitado y es frecuente. Cuando un docente lo requiere para trabajar en clase, un estudiante —por lo general el delegado— retira los dispositivos, los lleva al aula y luego los devuelve. El acceso, por tanto, se da dentro de una lógica colectiva, regulada y asociada a una finalidad pedagógica concreta.
En 2023, además, el centro incorporó otra restricción: el control del uso de computadoras sin supervisión, tanto de dispositivos de Ceibal como de equipos personales. Esa medida se tomó después de detectar un número alto de estudiantes con múltiples unidades curriculares pendientes.
La directora señaló que en 2023 había entre 30 y 40 estudiantes en espacios de acompañamiento, dentro de una matrícula de entre 100 y 110 alumnos. Tras aplicar esa nueva restricción, la evaluación de 2024 mostró, según su testimonio, una caída importante de esa cifra, que quedó por debajo de diez.
El estudio presenta este caso como una experiencia de regulación muy institucionalizada y sostenida en el tiempo, donde la participación de las familias fue central. La directora destaca que hubo acompañamiento tanto en la medida sobre celulares como en la regulación de computadoras, y que en este último caso algunos padres incluso expresaron su aprobación de forma explícita. Según su relato, “los padres casi que me felicitaban”.
Sobre los estudiantes, la dirección reconoce que no siempre acuerdan con tener menos tiempo de uso, pero también señala que varios terminan identificando efectos positivos sobre su concentración y sus aprendizajes. El informe ubica allí una diferencia importante respecto de otros casos: la medida no aparece como una intervención puntual ante una crisis reciente, sino como una regla estable que la comunidad educativa ya incorporó a su funcionamiento.
En esa UTU, la modalidad de alternancia, la residencia estudiantil y la fuerte implicación de las familias aparecen en el estudio como factores decisivos para la viabilidad de una política de restricción tan extendida.