El estudio identifica patrones en las estrategias institucionales y señala el rol de la participación estudiantil en la legitimidad de las normas.
Ceibal presentó este miércoles un “estudio sobre la gestión de celulares en aulas de Educación Media Pública en Uruguay”, un informe que busca aportar evidencia al debate sobre la presencia de tecnologías digitales en el ámbito educativo.
El trabajo, elaborado en conjunto con UNESCO Montevideo y la Universidad Católica del Uruguay (UCU), busca "enriquecer" la discusión pública "a partir de evidencia empírica" y de experiencias registradas en centros educativos públicos.
El informe señala que “el celular no se percibe como un problema aislado, sino vinculado a dinámicas más amplias de convivencia, acuerdos institucionales y socialización”
El análisis también identifica que las iniciativas implementadas por los centros presentan patrones comunes y divergencias. Estas diferencias se vinculan con factores como el tamaño de las instituciones, los recursos disponibles o las modalidades educativas presentes en cada contexto.
Entre las estrategias relevadas se destacan aquellas que incorporan instancias de participación estudiantil en la construcción de normas o acuerdos institucionales. En estos casos, el propio estudiantado identifica el uso excesivo del celular como una dificultad y participa en la formulación de regulaciones.
El documento señala que “en estrategias con participación estudiantil (…) la propia comunidad de estudiantes identifica el uso excesivo como un problema y propone regulaciones”. Según el estudio, estas dinámicas tienden a fortalecer la legitimidad de las normas dentro del centro educativo.
En esos contextos también se registran menores niveles de resistencia frente a las medidas adoptadas. La participación del estudiantado aparece así como un factor que influye en la aceptación de las reglas vinculadas al uso del celular.
El informe también analiza experiencias que aplican medidas restrictivas estrictas respecto al uso de celulares. En esos casos se reportan cambios en el funcionamiento cotidiano de los espacios educativos. Según el documento, “medidas restrictivas estrictas mejoran el clima de aula y la interacción presencial en recreos”.
Sin embargo, el estudio advierte que la aplicación de estas estrategias depende de ciertas condiciones institucionales. Entre esas condiciones se menciona la necesidad de contar con apoyo amplio por parte de las familias y con recursos alternativos que permitan sostener actividades educativas sin depender de los dispositivos personales de los estudiantes.
En ese sentido, el informe menciona el papel que pueden cumplir los dispositivos Ceibal cuando los centros adoptan restricciones al uso de celulares. La disponibilidad de estas herramientas permite evitar escenarios de exclusión tecnológica.
Otro de los aspectos señalados por el estudio es la existencia de una brecha entre las normas formales establecidas por los centros y su implementación cotidiana. El documento indica que las reglas institucionales no siempre se aplican de manera uniforme en la práctica diaria. En ese proceso adquieren relevancia los roles vinculados a la docencia indirecta, que aparecen como actores clave en la mediación cotidiana de conflictos y acuerdos relacionados con el uso del celular.
El informe también identifica que muchos conflictos que se manifiestan dentro del aula tienen origen en dinámicas que ocurren fuera del centro educativo.
El documento lo resume señalando que “muchos conflictos en el aula se originan en redes sociales fuera del centro”, lo que ubica al celular como un elemento que conecta dinámicas externas con la vida cotidiana del ámbito escolar.
A partir de este análisis, el informe plantea que las estrategias centradas exclusivamente en la prohibición presentan límites. El documento indica que restringir el uso del celular no reemplaza la necesidad de trabajar en procesos formativos vinculados al uso de la tecnología.
En ese sentido, el estudio destaca la importancia de promover instancias de formación en ciudadanía digital dentro de las instituciones educativas. Según el informe, estos procesos resultan relevantes para abordar de forma más amplia las dinámicas asociadas al uso de dispositivos.
Los resultados también muestran que las estrategias consideradas más efectivas son aquellas que se adaptan al contexto específico de cada centro educativo, y señala que no existen soluciones universales aplicables a todas las instituciones.
Entre las recomendaciones incluidas en el documento aparece la necesidad de fortalecer marcos normativos centrales que respalden a los equipos directivos y docentes. ¿El objetivo? Reducir la sobrecarga que enfrentan los centros al momento de gestionar estas situaciones.
El informe también propone promover redes entre centros educativos que permitan compartir experiencias e intercambiar prácticas desarrolladas en distintos contextos institucionales.
Asimismo, se sugieren acciones orientadas a fomentar instancias de socialización fuera de línea, particularmente durante los recreos. Hoy el celular también cumple un papel en la gestión del estrés por parte de los estudiantes, según el estudio.
Entre las recomendaciones finales se menciona evitar prohibiciones absolutas en contextos donde no existan alternativas tecnológicas. El estudio plantea priorizar enfoques educativos que involucren tanto a estudiantes como a familias.
El documento sintetiza el enfoque del trabajo con una afirmación incluida en su presentación: “describir es el paso previo necesario para regular”. Según Ceibal, el objetivo es que cada comunidad educativa pueda utilizar esta información para reflexionar sobre su propio contexto y definir estrategias acordes a su realidad.