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Corrupción policial: gobierno dice que se combate más, pero casos se mantienen
"La policía se depura así misma”, celebró esta semana el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, cuando anunció que estaba tomada la decisión de relevar a las autoridades de la Zona Operacional IV que corresponde al oeste de Montevideo. La unidad estaba comprometida: seis investigadores de esa dependencia fueron enviados a prisión este miércoles por amenazar y extorsionar a un hombre para que les pagara medio millón de pesos.
La corrupción en la policía es un problema inherente a la institución en varias partes del mundo, pero la gestión actual que asumió en 2010 tuvo como “uno de los grandes ejes la trasformación” de la fuerza pública, y eso implicó trabajar sobre “una dimensión humana”, dijo a El Observador el senador frenteamplista Charles Carrera, que fue hasta setiembre de 2017 secretario general de la cartera.
Al incremento salarial y al desarrollo tecnológico –que significó un mejor equipamiento de los uniformados–, se sumaba una tercera pata. “Lo dijimos fuerte y claro: acá iba a haber una lucha frontal contra la corrupción; las malas prácticas se iban a desterrar de la institución”, recordó el exjerarca.
Desde entonces, la cartera de seguridad registró un promedio anual de cerca de 300 funcionarios –el año pasado fueron 230– que fueron cesados del cargo luego de investigaciones administrativas que concluyen que incurrieron en causales de notoria mala conducta. Además, de acuerdo a información publicada por Búsqueda en 2016, el promedio de policías que eran entonces juzgados por la Justicia por cometer ilícitos era de 100 por año.
“Hoy hay muchas más destituciones porque hay un sistema que trabaja por la integralidad de la policía y porque hay una ley de procedimiento policial que apunta al desarrollo y la función ética, moral e integral” de los funcionarios policiales, siguió diciendo Carrera.
Y según datos del hoy senador, la política de depuración puede medirse objetivamente al comparar la cantidad de bajas que había en los gobiernos anteriores al Frente Amplio.
“El año en que se destituyó a más policías entre 1985 y 2005 fue uno del gobierno de (Jorge) Batlle (2000-2005), cuando fueron cesados como 40. Pero después, en los gobierno de (Julio María) Sanguinetti (1985-1990 y 19952-2000) hubo 22 en un año y en la época de (Luis Alberto) Lacalle eran 13 0 14. Lo tengo bien estudiado”, aseguró.
Consultado al respecto, Guillermo Maciel, que ocupó el cargo de Carrera entre 1999 y 2005, dijo que “había sumarios” aunque no recuerda el número, pero que también entonces “se hablaba de que la policía se depuraba así misma”, y que sin embargo no tiene en su memoria que haya habido “episodios” de la “relevancia” de los seis implicados de la capital, que amenazaron a un hombre con adulterar pruebas y condenarlo por dos delitos a cambio de dinero.
“Es algo que me llama mucho la atención. Estamos hablando de toda una zona gerencial, y no recuerdo” antecedentes similares hasta la última administración que de los partidos tradicionales, sostuvo.
Otros casos
A comienzos de este año, luego de siete años de investigación que tuvo interrupciones y demoras, Ana Dean pidió el procesamiento con prisión de la anterior cúpula policial de Artigas por liderar una red de corrupción. Fueron acusados el exjefe de Policía, Hugo Ferreira Martínez, los ex subjefes Ruben Darío Suárez y Marcio Severo Occio, así como otros siete policías de la jefatura departamental, además de una escribana que trabajaba en esa dependencia e hizo la vista gorda a las graves irregularidades.
Los delitos fueron: peculado, fraude, contrabando y abuso de funciones, entre otros, y se probó que, entre otras irregularidades, Ferreira arrendaba predios estatales destinados a la jefatura para uso rural, "y utilizaba como mano de obra para hacer reparaciones en su casa a policías en horario de servicio y a reclusos".
También se conoció a fines de abril que dos policías de Salto fueron cómplices de un millonario asalto a las Termas del Daymán que custodiaban, y también cayeron en prisión.
Washington Abdala, abogado del sindicato policial de Montevideo desde hace tres años, dijo a El Observador que en los últimos meses conoció de primera mano el funcionamiento de la policía inglesa e italiana, al asesorarse con expertos de eses países a la hora de elaborar el proyecto de ley de legítima defensa policial que el gremio presentó al Parlamento semanas atrás.
“La corrupción es jodida en todos lados”, dijo el abogado, aunque aseguró que en el caso inglés “hay un sistema de investigación interna muy inteligente y severo”, que se basa en convencer genuinamente a todos los funcionarios “de no querer contaminarse”. “El bueno se ajusta a las normas y actúa siempre en base a la ley, con el respaldo jurídico adecuado”, afirmó.
