Arreglos a su casa, free shop y TV cable: los pagos del exjefe policial de Artigas indagado

La fiscalía había pedido imputarles los delitos de peculado, fraude, contrabando y abuso de funciones, entre otros. 

Luego de once años al frente de la jefatura fronteriza, el inspector general Ferreira fue sustituido en julio de 2016, por el actual jefe, Walter Britos.

Según probó la investigación judicial, Ferreira arrendaba predios estatales destinados a la jefatura para uso rural, "y utilizaba como mano de obra para hacer reparaciones en su casa a policías en horario de servicio y a reclusos", dijo a El Observador la fiscal Dean. Además afirmó que el caso fue "muy engorroso" y que el pedido de procesamiento tardó cerca de siete años "porque la ciudad es muy chica y muchos de los involucrados eran conocidos del personal del juzgado".

La primera denuncia la había presentado un exfuncionario policial en 2012.

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Dean relató que también se probaron "compras al exterior ilegales, contrabando de todo tipo, y en el libro de contabilidad de la jefatura apareció el pago de televisión por cable para la casa de Ferreira, con dinero público".

Según el escrito de la fiscal al que accedió El Observador, el exjefe comandaba al grupo que coordinó las actividades ilícitas y que estaba conformado también por los subjefes de policía  Suárez y Occio, así como por los otros tres oficiales.

Por ejemplo, se apropiaron de la panadería y carnicería policial que tenían el fin exclusivo de abastecer a los uniformados -para quedarse con sus ganancias- y luego, cuando cerraron la panadería, vendieron su equipamiento: un horno y una amasadora industriales, entre otras cosas.

También vendieron y faenaron ovejas del Ministerio del Interior sin que quedara constancia de que ese ingreso fuera volcado a Rentas Generales.

La fiscal encontró, asimismo, que los funcionarios realizaron "numerosas compras" en free shops y en otros comercios fuera del país con plata de la jefatura violando "la normativa tributaria y aduanera".

De acuerdo a la investigación, un comisario utilizó vales de combustible de la policía para uso personal y, de la misma forma que Ferreira, el subjefe y los otros delincuentes "utilizaron funcionarios policiales para la realización de trabajos de sanitaria, electricidad, albañilería, etc., en las viviendas particulares de los jerarcas y funcionarios, dentro del horario laboral y sin compensación extra", escribió la fiscal, que espera que la defensa de los indagados se exprese, antes de que la Justicia determine si admite su fallo o no le da lugar.

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Por último, además de consignar que un comisario inspector expidió un certificado de buena conducta a una persona que tenía antecedentes penales -por lo que le imputó el delito de falsificación de documento público-, Dean refirió a que tampoco fue solo Ferreira quien compró con dinero público muebles y electrodomésticos para equipar su casa: también lo hicieron los otros cuatro del grupo de delincuentes, así como contratar el servicio de televisión por cable. 

"Asimismo, existen registradas numerosas compras de materiales de de construcción, que no guardan relación con las obras de mantenimiento y reparaciones efectivamente realizadas en la Jefatura de Policía de Artigas, materiales que claramente fueron destinados a la construcción y reformas de domicilios particulares de los funcionarios involucrados", escribió Dean.

Al final de la enumeración de ilícitos, la fiscal menciona que también se destinaron el pago de honorarios y gastos irregulares "de alojamiento (hotel)y alimentación" a una mujer en calidad de consultora de la jefatura, y que "en más de una oportunidad se registró por el mismo día más de un pago al mismo hotel".

Procesamientos 

La fiscal señaló que los reclusos utilizados para realizar las reparaciones en salidas transitorias, no tuvieron opción que acatar las órdenes, y los funcionarios que eran empleados para la misma actividad dijeron que cumplían órdenes,  por lo que -de momento- la fiscal entendió que no tienen responsabilidad penal y no pidió sus procesamientos.

Para el exjefe policial y para los subjefes, la fiscal pidió los procesamientos "por la presunta comisión en calidad de autores de un delito continuado de peculado, un delito continuado de fraude, y reiterados delitos de contrabando", en calidad de autores. A los restantes indagados pidió imputarle los mismos delitos pero en calidad de coautores.

A otros tres oficiales los acusó de cometer un delito continuado de abuso de funciones, y a la escribana -que debió de informar sobre todos los ilícitos- solicitó procesarla por "un delito de omisión de los funcionarios en proceder a denunciar los delitos especialmente agravada".

Según dijo Dean, ninguno de los indagados se encuentra actualmente en actividad: algunos han renunciado o se han jubilado y otros fueron apartados del cargo ya que fueron sumariados por la cartera de seguridad.

"Ninguno admitió los delitos", dijo la fiscal.

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