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Corrupción policial: todos los delitos por los que procesaron a los exjefes en Artigas

Los policías fueron acusados de contrabando, de usar dineros y bienes públicos en su beneficios y arrendar predios estatales, entre otros delitos 

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06 de noviembre de 2019 a las 21:50

La Justicia de Artigas procesó sin prisión al exjefe de policía de ese departamento, Hugo Ferreira Martínez, a los ex subjefes Ruben Darío Suárez y Marcio Severo Occio, así como otros siete funcionarios policiales, por hechos de corrupción. Además, fue imputada también sin prisión una escribana que no denunció en su momento las graves irregularidades cometidas por los policías.

El exjefe Ferreira era el líder de una trama de corrupción que incluyó contrabando, compras en free shops, obras en su casa realizadas por agentes policiales en horario laboral, pagos de televisión para abonados con dinero público, la venta de ganado propiedad de la Jefatura y hasta la apropiación de una panadería.

Según la sentencia emitida por el juez Daniel Borsani, a la que accedió El Observador, el magistrado aceptó todos los delitos solicitados por la fiscalía, aunque rechazó la solicitud del Ministerio Público de otorgar prisión preventiva para los imputados. Les ordenó que, en lugar de la cárcel, se presenten en el juzgado una vez por semana.

Las exautoridades de la jefatura departamental fueron procesados por los delitos de peculado, fraude y contrabando "agravado especialmente por sus escalafones jerárquicos". Para el resto de los implicados, el juez Borsani decretó la imputación también por un delito continuado de abuso de funciones –agravado por tener jerarquía–, en un caso se incluyó el delito de falsificación de documento público, y a la escribana –que debió de informar sobre todos los ilícitos– se la procesó por "un delito de omisión de los funcionarios en proceder a denunciar los delitos especialmente agravada".

El fiscal del caso, Raúl Iglesias, dijo que estaba "conforme" con el resultado judicial ya que fueron "muchos años" de investigación. "Yo estoy de acuerdo con el procesamiento sin prisión. Yo no veo que haya riesgo procesal", sostuvo Iglesias, quien explicó que todos los involucrados se han mostrado dispuestos a colaborar con la causa, y que en algunos casos se trataba de personas de edad avanzada.

Roy González, subcomisario de Artigas –hoy dado de baja– que presenció todo lo que ocurría y denunció la trama de corrupción en 2012, dijo a El Observador que en cambio él no estaba satisfecho con la decisión de procesar a los involucrados sin cárcel como medida cautelar. "Jerarcas con grados, de buena posición social, que hicieron todo esto durante años, de forma repetitiva, con el aval de profesionales, y además delitos gravísimos... No era para prisión", lamentó el policía retirado.

Ana Dean, la fiscal que había solicitado el procesamiento en febrero de este año, dijo a El Observador que también rechazaba la decisión judicial. "Esta fiscalía había solicitado prisión entendiendo que la naturaleza y gravedad de los delitos lo ameritaba", afirmó.

Dean estuvo a cargo del caso hasta que fue trasladada a ejercer funciones Maldonado, luego de pedir el procesamiento.

Ahora que no esperarán la sentencia final tras las rejas, la probabilidad de que la condena para estas personas sea con pena de cárcel "es muy baja", reconoció el fiscal Iglesias. "Depende de que se logren imputar todos los delitos", dijo.

La historia

Luego de once años al frente de la jefatura fronteriza, el inspector general Ferreira fue sustituido en julio de 2016 por el actual jefe, Walter Britos.

La investigación judicial probó que Ferreira arrendaba predios estatales destinados a la jefatura para uso rural, "y utilizaba como mano de obra para hacer reparaciones en su casa a policías en horario de servicio y a reclusos", según contó en febrero la fiscal Dean a El Observador.  También quedaron probadas "compras al exterior ilegales, contrabando de todo tipo, y en el libro de contabilidad de la jefatura apareció el pago de televisión por cable para la casa de Ferreira, con dinero público", sostuvo Dean

El exjefe Ferreira comandaba al grupo que coordinó las actividades ilícitas y que estaba conformado también por los subjefes de policía  Suárez y Occio, así como por los otros tres oficiales.

Los policías se apropiaron de la panadería y carnicería policial que tenían el fin exclusivo de abastecer a los uniformados –para quedarse con sus ganancias– y luego, cuando cerraron la panadería, vendieron su equipamiento: un horno y una amasadora industriales. También vendieron y faenaron ovejas del Ministerio del Interior, realizaron "numerosas compras" en free shops, utilizaron vales de combustible de la policía para uso personal y fueron empleados "funcionarios policiales para la realización de trabajos de sanitaria, electricidad, albañilería, etc., en las viviendas particulares de los jerarcas y funcionarios, dentro del horario laboral y sin compensación extra", escribió la fiscal, en su pedido de procesamiento, entre otras irregularidades. 

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