El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela pidió este lunes el levantamiento de la inmunidad del jefe del Parlamento, el opositor Juan Guaidó, reconocido como presidente interino del país por la Asamblea Nacional y unos 60 gobiernos del exterior.
El presidente del TSJ, Maikel Moreno, leyó ante periodistas una decisión de la Sala Plena que será remitida a la oficialista Asamblea Nacional Constituyente (ANC) "a los fines del allanamiento a la inmunidad parlamentaria del referido ciudadano Juan Gerardo Guaidó".
El fallo del alto tribunal declara además el "desacato" de Guaidó por haber burlado una prohibición de salida de Venezuela que le había sido dictada y que, pese a ello, el político realizó una gira de casi dos semanas por cinco países de Suramérica.
"Se ordena remitir copia certificada de la presente decisión al presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, a los fines del allanamiento de la inmunidad parlamentaria" de Guaidó, señaló el fallo del TSJ.
La corte tomó la decisión al considerar que el diputado "quebrantó" una prohibición de salida del país que le fuera impuesta el pasado 29 de enero. Ese día, el TSJ le abrió una investigación por "usurpar" las funciones del mandatario venezolano, Nicolás Maduro.
Guaidó salió clandestinamente en febrero y retornó el 4 de marzo desde Colombia, a través del aeropuerto internacional de Maiquetía, que sirve a Caracas.
El congresista realizó entonces una gira por varios países de la región, tras fracasar, el 23 de febrero, en su intento para ingresar donaciones de Estados Unidos en alimentos e insumos médicos gestionadas por él.
El TSJ, de línea oficialista, ratificó la prohibición de salida de Venezuela, así como el bloqueo de las cuentas bancarias de Guaidó y el impedimento para enajenar y gravar bienes de su propiedad, indicó la sentencia.
La medida allana el camino para un eventual juicio ordinario a Guaidó, señalado además por Maduro de planear un atentado en su contra.
Se suma, además, a la habilitación que le impuso la Contraloría para ejercer cargos públicos durante 15 años. Guaidó desconoció esta decisión por considerar que el contralor fue designado por la Constituyente, a la que tilda de ilegítima.
Fuente: EFE y AFP
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