Gabriel Pereyra

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Zikitipiú > OPINIÓN / Gabriel Pereyra

Cuando el pensamiento único tiene cara de mujer

Militantes feministas cuestionaron a magistradas cuyos fallos no le gustaron
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28 de febrero de 2017 a las 05:00

El reclamo de derechos por parte de cualquier sector de la sociedad –políticos, gremiales, sexuales, raciales, de género- se puede hacer desde una perspectiva liberal y de respeto al derecho de los demás, o se puede ejercer desde una postura reaccionaria que luego de alcanzar su objetivo no puede con su condición y revela cómo el poder que reclama no busca una sociedad más diversa, porque a los reaccionarios la diversidad les incomoda.

En momentos que el país está en un pico de la atención pública sobre cuestiones de género y de reclamo de los derechos de las mujeres (realizados por organizaciones feministas o por mujeres independientes que no necesariamente lo son) han ocurrido una serie de episodios en extremo delicados que muestran cómo el hecho de que las mujeres alcancen lugares de relevancia en la sociedad, no es suficiente para que sean respetadas en el libre albedrío de sus ideas y convicciones. Y estos episodios demostraron, por si alguien pensaba lo contrario, que la desconsideración por la libertad de pensamiento y acción no tiene género (Lo advierto porque en estos días, a raíz de una columna sobre el feminismo, tuve que escuchar cómo algunas militantes se enojaban porque dije que la violencia contra los niños la ejercían tanto hombres como mujeres).

Luego de que Valeria Sosa fuera asesinada por su pareja, un policía en actividad, la jueza Iris Vega decidió que los dos hijos de la mujer quedaran en custodia con la familia paterna. Ante la evidencia de una mujer muerta, que otra mujer, una jueza, decidiera que los niños quedaran con la familia del asesino, no soportó los moldes de la tradición y, para algunos, del sentido común.

Organizaciones feministas pusieron el grito en el cielo y el centro de violencia doméstica del Ministerio del Interior, liderado por otra mujer, July Zabaleta, hizo un informe técnico que recomendaba que los niños fueran entregados a la familia materna. Al informe, firmado por otra mujer, Gabriela Maidana, se sumó una investigación realizada por la Suprema Corte de Justicia contra la jueza, en tanto que la fiscal del caso, otra mujer, Diana Salvo, apelaba el fallo. Pero la jueza Vega se mantuvo firme y el fallo aún no ha sido cambiado. Entre otros datos, la jueza se basó en las declaraciones de los niños que contaban cómo otra mujer, su abuela materna, los insultaba y destrataba permanentemente. De esto, las organizaciones feministas que cuestionaron el fallo de la jueza, no dijeron nada.

La semana pasada se supo que la jueza letrada en lo civil de Mercedes (Soriano), Pura Book, dispuso que una mujer suspenda un proceso de aborto, al hacer lugar a un recurso de amparo que presentó un hombre. La mujer le había avisado que quería realizarse el procedimiento previsto en la ley de interrupción voluntaria del embarazo. La fiscal del caso, otra mujer, Herminia Viotti, consideró que el embrión en torno al cual se debate no es aún una criatura humana, y se abstuvo de participar, dijo el abogado del demandante, Federico Arregui.

Como cualquier fallo judicial, la medida de Book puede ser criticada. Pero Lilián Abracinkas, de la ONG feminista Mujer y Salud, que reclama que las mujeres puedan acceder a puestos de poder como al que accedió Book en el Poder Judicial, fue más lejos y dejó caer sospechas sobre serias intencionalidades por parte de la magistrada. Dijo que hay que ver si la juez no integra un operativo con sectores conservadores y de la iglesia en procura de entorpecer la legislación vigente en materia de aborto. En declaraciones a Caras y Caretas que repitió en varios medios, Abracinkas dijo que "es posible inferir que en esa ciudad (Mercedes) existe una interna conservadora y que están actuando el Opus Dei o los grupos ProVida, que están haciendo todo lo posible por impedir la aplicación de la ley, y cuyas valoraciones filosóficas son admitidas por una funcionaria del Poder Judicial".

Aquellas militantes rentadas no solo deberían celebrar que un 62% de las integrantes de un poder tan importante como es el Judicial sean mujeres, sino que, para ser coherentes con su prédica, tendrían que respetarlas en su trabajo. No tienen por qué pensar igual, ¡pero ubicarlas en el contexto de una operación que degrada su papel de jueza! En fin, con feministas así ¿para qué queremos machistas?

En lo que va del año hubo seis feminicidios confirmados. pero durante una marcha la Coordinadora de Feminismos del Uruguay decidió incluir uno más, el de una joven asesinada en el barrio La Paloma.

El domingo otra mujer salió a enmendarle la plana a quienes cuentan las muertes según su criterio personal. La jueza del caso, Marcela Vargas, dijo que no se puede afirmar aún que haya sido un feminicidio. ¿Puede serlo? Puede, pero para confirmar eso con seriedad, dijo, va a pedir la exhumación del cadáver de la joven. Y casi sin que el periodista se lo preguntara declaró a un canal de TV que está en contra del proyecto que tipifica el feminicidio como un nuevo delito.

Algunas organizaciones que reclaman que más mujeres ocupen cargos de poder y sus dirigentes (¿dirigentas?), que utilizan un lenguaje en clave de poder similar al que usan algunas organizaciones políticas de corte autoritario, tendrán que acostumbrarse a que una cosa son las mujeres tomadas, como ellas las toman, como una entelequia de pensamiento único, y otra muy distinta las mujeres en singular, como estas magistradas que, en el acierto o en el error, le plantaron bandera a la consigna y a la corrección política, y solo por eso, sin importar que fueran mujeres, tuvieron que soportar no solo la crítica sino también la falta de respeto de algunas congéneres. Basta imaginar cómo es esa reacción cuando el que piensa diferente es un hombre.

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