Decenas de clientes “estafados” buscan recuperar US$ 500 mil y demandan al BROU

Así, antes de fin de año se prevé una audiencia de conciliación que, a juzgar por la postura oficial que viene mantiendo el organismo sobre el tema,, tiene pocas perspectivas de tener éxito, por lo que todo derivará seguramente en un juicio.  El grupo también decidió recorrer la vía parlamentaria, pidiendo asistencia a los legisladores que, en forma unánime, cuestionaron el proceder de la institución. 

Los damnificados están patrocinados por el abogado Hoenir Sarthou, para el que está clara la responsabilidad del banco. “Hubo deficiencia de los sistemas de seguridad y de la reserva de la información de los ahorristas”, dijo. También sostuvo que, en muchos casos, el organismo tomó una actitud negligente una vez que este personas denunciaron el delito, ya que muchas veces el dinero sustraído fue trasladado a otras cuentas del propio banco. 

“Muchos de mis clientes, advertidos de que había una operación no autorizada, lo comunicaron al banco, que no hizo absolutamente nada para impedir que el dinero se traspasara”, expresó. 

Las maniobras denunciadas. responden a dos modalidades: una es “phishing”, por la que los estafadores envían mails, mensajes por Whatsapp o incluso llamadas teléfonicas y así obtener información confidencial de los clientes mediante engaños. La otra es a través de la instalación de virus “troyanos” en la computadora del usuario, que llega también a través de correos electrónicos o similares, esperando que la persona lo descargue y luego entre a la aplicación del banco. Si asi sucede, el virus bloquea el equipo y el “troyano” toma el lugar del cliente. 

Y, si bien resultan en situaciones “lamentables” y que preocupan, el banco deslinda responsabilidad sobre esos hechos. Según comentó a El Observador uno de sus directores, Max Sapolinsky, el banco no puede hacerse responsable al no tratarse de un problema de seguridad de su sistema. 

Pero Sarthou reflexiona que, al utilizarse para las maniobras cuentas del propio banco -con lo exhaustiva que es la información requerida para una apertura - es imposible que el banco diga que desconoce quién cometió el ilícito o que alegue que no tuvo responsabilidad. 

En algunos casos, sostuvo, la entidad aludió al secretario bancario para no revelar el nombre del responsable. “Es realmente inadmisible”, aseguró. En todos los casos, la entidad se limitó a recomendarle a los afectados que realicen una denuncia penal para encontrar a los responsables. 

Cuentas saqueadas

El reclamo sobre el perjuicio sufrido tiene cifras concretas: son US$ 302.427 y $ 6.239.049.  Varios de los damnificados concurrieron la semana pasada a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados.  Allí pidieron a los legisladores que “los ayuden a encontrar respuestas”. 

Una de sus integrantes, Adriana Coello, señaló allí que iban en representación de la gente "a la que le fueron saqueadas las cuentas del Banco República y a las que, además, se les hicieron muchos préstamos". El grupo coincide en la falta de respuesta de la entidad, que envió la misma carta a todos. "El banco no se hace responsable". Tampoco hace la denuncia penal, que queda en manos de los supuestos damnificados. 

Los damnificados también dicen conocer de “cuatro o cinco casos” similares a los suyos en la banca privada. En particular uno ocurrido en el Banco Itaú que, según afirmaron, le devolvió US$ 80 mil a un cliente.  Sarthou, en tanto, dice conocer situaciones previas en las que el Banco República terminó por resarcir a personas que habían sido damnificadas de manera similar a sus clientes. 

El abogado sostuvo que la intención de sus defendidos es que los mecanismos funcionan y que la vía judicial no sea necesaria. “Ellos están intentando que las autoridades del banco reflexionen sobre cuál sería el perjuicio más grave”, dijo. “La pérdida de confianza o hacerse cargo de errores que, en definitiva, perjudicaron a gente absolutamente inocente”. 

Una cuenta en Cerro Largo

“Nosotros no fuimos negligentes al momento de abrir nuestra cuenta o hacer transacciones”, dice Horacio Pérez, otro de los damnificados. “Se nos está culpando de negligencia. Hicimos lo que habitualmente hacíamos y, de repente, del día a la noche, tuvismo una transacción no voluntaria”. 

Después de mucha insistencia, Pérez logró que el República le informara a  dónde había ido a parar su dinero. Le dijeron que había ido a una cuenta del banco en Cerro Largo, a nombre de “Álvaro Feo”. Hubo otro caso en que se pudo saber de qué dirección IP se había abierto una cuenta para este tipo de maniobras. Fue desde una terminal del mismo Banco República, en una sucursal de Las Piedras. 

A Raque Denicolay, otra de las afectadas, le “hackearon” su cuenta del BROU en febrero de 2021. En su caso, resolvió recorrer la vía judicial. El 6 julio se intentó una conciliación, pero el banco la rechazó al alegar que no correspondía, por lo que fue a juicio en el que hubo cinco formalizados. 

La mujer dijo haberse contactado enseguida con Víctor Hugo Laureiro, el jefe de informática del banco. “Él estaba muy enojado cuando no me devolvieron el dinero. Me dijo: ‘estuve trabajando en esto porque fue un fraude’”. 

Una convocatoria "de cajón" y una Justicia lenta

En el Frente Amplio, Sebastián Valdomir reflexionó que el banco debería saber a qué destino fueron transferidos los fondos sustraídos. Con él coincidió Iván Posada (Partido Independiente), en relación a la “trazabilidad” de los movimientos de dinero. Posada planteó que será “de cajón” el tener que convocar a las autoridades del banco. “El negocio bancario funciona sobre la base de la confianza, y en esto caso hubo una afectación de la confianza”, señaló. En diálogo con El Observador, Posada dijo que lo del banco es inexcusable. 

El nacionalista Sebastián Andújar propuso que la convocatoria comprenda también a los técnicos del organismo, al tiempo que sugiriró la necesidad de legislar sobre el problema .  En Cabildo Abierto, Sebastián Cal habló de una carencia enorme de todo el sistema financiero en formar a sus clientes en los peligros de la ciberdelincuencia. 

El otro problema planteado por los damnificados es la lentitud de la Justicia y de la Policía a la hora de investigar estos casos. “Los propios funcionarios nos dicen que todo es muy lento”, dice Enrique Permuy. “Nos damos cuenta de que es un campo fértil para los delincuentes, que pueden robar grandes cantidades y permanecer impunes”. 

Según pudo saber El Observador, a fines de noviembre y a iniciativa del fiscal general Juan Gómez, el nuevo jefe de la Unidad Especializada en Cibercriminalidad del ministerio público, Ricardo Lackner, mantuvo una entrevista con el presidente del Banco República, Salvador Ferrer, a raíz de las recientes “estafas” que se han sucedido en la entidad. 

Allí el fiscal planteó la necesidad de trabajar en forma coordinada y exhibió además las dificultades que se enfrentan a la hora de perseguir ese tuipo de delitos, más que nada por la falta de instrumentos adecuados. 

Hasta fines de octubre se habían registrado más de 1.200 denuncias por estafa en cuentas del Banco República, según cifras del organismo. Tres veces más que las que hubo en todo 2021.