Promoción de camiseta de Villa Española con la frase "¿Dónde están?", en alusión a la lucha por la búsqueda de detenidos desaparecidos, utilizada en 2020

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Denuncia, resolución del MEC y estatutos: las claves de la intervención de Villa Española

La cartera desplazó a las autoridades de Villa Española por seis meses, y designó una autoridad interventora
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24 de junio de 2022 a las 13:05

El 21 de junio de 2022 el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) falló a favor de una denuncia de un grupo de socios en contra de la gestión actual de Villa Española por presuntas violaciones de los estatutos y dictaminó la intervención de la institución.

La cartera desplazó a las autoridades de Villa Española por seis meses, y designó como autoridad interventora a Leandro Iglesias, detalla el fallo al que accedió Referí. Además, instó a pagar los costos de la intervención a la institución, unos $ 35 mil mensuales.

El fallo dispuso que el interventor deberá "convocar a elecciones de los órganos directivos de la entidad, previa depuración del padrón social", luego de que termine el plazo de la intervención.

Además, ordenó "la confección de un cuerpo normativo que regule con claridad y hacia el futuro el uso de las redes institucionales", criticadas por sus posturas a favor de causas sociales como la de los detenidos desaparecidos, y "las manifestaciones públicas de la entidad así como de sus representantes en la calidad de tales y el uso de las instalaciones sociales, de acuerdo al estatuto". 

La denuncia

La denuncia fue presentada el 29 de diciembre por los expresidentes del club Edgardo Ramos Verde y Fabián Umpiérrez, la integrante de la Comisión Fiscal Alba Repetto y la socia Leonarda Pintos.

En el texto reclaman por el "incumplimiento de resoluciones de asambleas, vicios formales en la convocatoria a las mismas y la confección de las actas, falta de realización de elecciones, realización de manifestaciones políticas e inexistencia de comisión fiscal en funcionamiento", según el fallo del MEC.

Una de las demandas fue la falta de elecciones, que según los estatutos del equipo se deben realizar una vez al año, y no se celebran desde diciembre de 2020. La otra, más visible, eran las manifestaciones del club en la cancha y las redes sociales. 

El 8 de abril el MEC ya había fallado a favor de la denuncia contra Villa Española, tras encontrar "reiterados incumplimientos estatutarios, de toda naturaleza y entidad", algunos de ellos "graves". 

Luego de dar vista de la decisión, el Ministerio da a las instituciones que apercibe la posibilidad de corregir sus irregularidades. El ministro de Educación, Pablo da Silveira, indicó que el MEC "analizó" la respuesta de la institución, pero entendió que "no era satisfactoria", por lo que definió la intervención, en un hilo en Twitter.

La manifestaciones

Villa Española aprovechó la visibilidad de estar en el máxima categoría del fútbol nacional para reivindicar causas sociales ajenas al mundo del fútbol, como una camiseta y un mural sobre la Marcha de la Memoria y una remera a favor de los grupos LGBT, a través de lo que llama "Cultura de Barrio", pero también tuvo algunas manifestaciones políticas de jugadores que generaron polémica. 

El artículo 5 del estatuto de Villa Española, al que accedió El Observador indica que la institución deberá tener una "absoluta prescindencia en materia política o religiosa". Da Silveira dijo que "los denunciantes aportaron evidencia" de que no se estaba cumpliendo ese artículo.

El secretario de Villa Española Omar Cazarré dijo a Referí que se denunciaron dos hechos en este sentido: el "pronunciamiento en general sobre los derechos humanos" y que "había un jugador del club que había hecho campaña contra la LUC".

Santiago "Bigote" López, jugador y referente de la institución, mostró en varias ocasiones su postura contraria a la Ley de Urgente Consideración, una de ellas con una remera debajo de la camiseta del club que decía "No a la LUC", y otra en un entrenamiento, con un "LUC" tachado en su chaleco de entrenamiento.

Cazarré remarcó que la directiva le pidió a López que no volviera a realizar actos de ese estilo, ante la posibilidad de sanciones, y que el jugador "no lo volvió a hacer". Además, indicó que se trata de una manifestación "personal" del jugador, y que el club no tomó postura ni "contra la LUC", ni sobre ninguna situación político partidaria. "Eso es comprobable viendo las redes", resaltó.

Los temas vinculados a los derechos humanos, como las reivindicaciones vinculadas a la Marcha del Silencio, fueron denunciadas ante la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) que desestimó tomar acciones por no considerarlo una manifestación política. 

"Eso no es una causa política, es algo vinculado a la defensa de los Derechos Humanos, es una causa hasta universal, diría, que no tiene contenido político. Por lo cual, a mi juicio y de la Comisión, no ameritaría ningún tipo de intervención del tribunal”, dijo el entonces integrante de la Comisión Disciplinaria de la AUF, Juan Pablo Decia. 

Las elecciones

El estatuto de Villa Española marca que tanto los miembros de la Comisión Directiva como los de la Dirección Fiscal "durarán un año en sus funciones", por lo que una vez al año deben realizarse elecciones en el equipo. Sin embargo, las últimas elecciones fueron en diciembre de 2020.

"Es cierto que el estatuto dice que las elecciones se tienen que hacer una vez al año. Pero eso nunca pasó en el club. De hecho, uno de los denunciantes que es Fabián Umpiérrez estuvo en el cargo desde 2013 a 2018 y en ese período hubo elecciones una o dos veces. No se respetó eso tampoco. Ojo, eso no nos exime a nosotros de responsabilidad", explicó Cazarré.

La Comisión Fiscal

Uno de los hechos denunciados por el grupo de socios fue que en la Asamblea General de socios y directivos del 12 de diciembre de 2021, la directiva presentó e intentó "aprobar el balance" del 2020 sin que este pasara por la Comisión Fiscal del club, requisito que impone el organismo en el artículo 45 del estatuto, según informó la denunciante Leonarda Pintos este jueves en una publicación de Facebook.

Además, la socia reclamó que "el club contaba con una sola fiscal", Alba Repetto (también denunciante), y en esa asamblea "no se llamó a nadie para sustituir los fiscales renunciantes".  "Hace tres años que el club viene funcionando sin Comisión Fiscal", criticó Ramos Verde. 

Cazarré aseguró que los socios del club aprobaron la Memoria y Balance del 2020 en esa asamblea, y destacó que fue la primera memoria de la institución aprobada por una auditoría externa, requisito de la Conmebol para que los clubes puedan competir.

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