Diego Battiste

Desafío al jefe: fiscales enfrentan a Díaz por exigencia de llevar más casos a la Justicia

El gremio de fiscales prepara un comunicado en el que expresará su rechazo a las declaraciones del fiscal de Corte

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12 de febrero de 2019 a las 17:45

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"Indignación", "malestar general", "preocupación", "rechazo". Los fiscales se pusieron de acuerdo: las declaraciones del fiscal de Corte, Jorge Díaz, en las que cuestionó el trabajo de algunos fiscalías que resuelven menos casos que otros, no cayeron bien. Y en una reunión de la comisión directiva de la Asociación de Fiscales que tuvo lugar este lunes se decidió expresar esa molestia públicamente.

"Hay malestar en el gremio; eso es obvio, porque lo que dijo Díaz es grave", afirmó a El Observador Brenda Puppo, expresidenta de la Asociación de Fiscales. Puppo lidera una lista que perdió las elecciones en diciembre con la que encabeza Mirta Morales, un sector que ha defendido el nuevo Código del Proceso Penal y las políticas llevadas adelante por el fiscal de Corte. 

"Hay mucha gente indignada, incluso hay quienes han pensado iniciar una acción penal contra Díaz por difamación e injurias si el sindicato no decidía responder", sostuvo por su parte Elena Cornalino, fiscal adscripta de Montevideo.

Y Puppo agregó: "Lo hemos dicho varias veces que estas cosas no hay que decirlas públicamente y que en todo caso es una apreciación de él".

Díaz había recordado a todos los fiscales del país, en un discurso que dio el 5 de febrero -cuando asumieron nuevos fiscales- que "la sociedad paga" con impuestos su trabajo y que tiene el derecho de juzgarlos "por la calidad y la cantidad de las imputaciones". Es decir, por la cantidad de delincuentes que llevan a la Justicia y las condenas que obtienen en las audiencias.

"Esa es nuestra tarea. Asumámosla", insistió Díaz en esa oportunidad, y luego expresó su preocupación por algunas fiscalías que atravesaban "dificultades". "Necesitamos aptitud y actitud", rezongó el jerarca y dijo: "En algunos lugares tenemos dificultades y las estamos trabajando. (...) No los voy a nombrar".

Sin embargo, la lista de los fiscales que llevan los peores registros de imputaciones está publicada en la página web del Ministerio Público, y El Observador publicó esa información tres días después del discurso de Díaz.

"El trabajo de los fiscales no puede medirse por esos números, porque abarca mucho más que eso. A veces no formalizamos porque no tenemos la evidencia necesaria, entonces no es evaluar solo la cantidad, sino la calidad, porque las investigaciones no siempre son exitosas. No se dicen, por ejemplo, la cantidad de casos archivados", sostuvo Puppo, e insistió: "La discrepancia que tenemos es obvia, porque no es correcto decir que se formaliza poco".

Otra fiscal que pidió no ser nombrada dijo que el gremio está discutiendo "el tenor" del comunicado que manifestará el rechazo y que aún no fue redactado. 

William Rosa, secretario de la Asociación de Fiscales, dijo a El Observador que este martes hubo una reunión con Díaz para plantear distintas preocupaciones del gremio y adelantó que  en el comunicado que será publicado el jueves se defenderá el trabajo de los fiscales, el cual a juicio de los trabajadores ha sufrido ataques de distintos actores. Rosa señaló que no se responde a Díaz directamente, pero se negó a adelantar si en la misiva hay referencias a si la cantidad de imputaciones es o no un elemento de referencia para evaluar el trabajo de un fiscal.  

Represalia

Cornalino dijo que interpretó el discurso de Díaz como "un castigo" contra ellos y que en el fondo lo que ocurre son "problemas de complementación" del nuevo sistema penal -vigente desde noviembre de 2017- y que, entre las principales reformas, impuso un cambio en el rol de los fiscales: son ellos quienes deben liderar ahora las investigaciones y litigar en juicios orales, públicos y transparentes. Antes, esa tarea era de los jueces, y el sistema era inquisitivo, escrito y reservado.

"Nos mandaron a la guerra contra todo: nos cambiaron el papel y ahora, como las cosas no están saliendo bien, dicen que no trabajamos, y es normal: nos hemos equivocado y en algún caso hemos pedido disculpas", dijo la fiscal, y añadió que la sobrecarga laboral -una queja que los fiscales ya han expresado meses atrás- sigue siendo un impedimento para el buen rendimiento. "Los jueces en este momento tienen menos carga de trabajo y están aliviados, y nosotros tenemos pocos funcionarios administrativos", sostuvo Cornalino.

Diego Battiste

Fuentes de la Fiscalía de Corte dijeron días atrás que en aquellos lugares donde se detectaron problemas por el bajo número de formalizaciones se ofreció apoyo a los fiscales, lo que puede ir desde el envío de un funcionario que los ayude con el papeleo hasta asistencia con el sistema informático. Si este tipo de ayuda no logra mejorar los números, se adelantó que se tomarán medidas.

De hecho, según dijo Cornalino, el fiscal Carlos Reyes fue trasladado a la fiscalía de adolescentes el 15 de noviembre debido a la baja cantidad de casos llevados a la Justicia: 120 en casi un año, contra 278 casos resueltos que tuvo la Fiscalía de Flagrancia de 9° Turno, conducida por el exfiscal Gustavo Zubía entre noviembre de 2017 y marzo de 2018, y por Fernando Romano a partir de ese mes hasta la fecha.

"Díaz le dijo que había formalizado poco y lo sacó. Nos cayó mal a muchos", señaló su adscripta. 

En declaraciones a TNU el 8 de febrero, el fiscal especializado en Crímenes de Lesa Humanidad, Ricardo Perciballe, afirmó que "no puede ser que la fiscalía permanentemente esté hostigando a los fiscales".

Ese mismo día, la fiscal de flagrancia Adriana Edelman, publicó en su cuenta de Facebook -sin mencionar a Díaz- que consideraba que se había pasado "del discurso de los principios y garantías, investigación de contexto, necesidad de atacar a la gran delincuencia a la carrera por los números de imputaciones".

El fiscal de Corte había opinado sobre el rol de los fiscales para garantizar la seguridad pública: "Tenemos responsabilidad institucional y funcional en esa tarea y la debemos asumir".

En ese sentido, Edelman escribió: "La seguridad pública -reclamo más que legítimo- no se soluciona con la formalización de indigentes, adictos y psiquiátricos. Las cárceles son parte del problema y no la solución". Y sobre el final, pidió: "Coherencia y respeto intelectual, tan solo coherencia y respeto.

Contradicción

Otro concepto del fiscal de Corte que no fue bien recibido por sus subordinados fue su insistencia en que el trabajo de los fiscales no consiste en "resolver conflictos, sino (en) investigar los delitos y lograr imputaciones". "La tarea de defender al imputado es de la defensa. La nuestra es la de imputar, y cuantas más imputaciones tengamos, mejor cumpliremos nuestro cometido", remarcó.

Muchos fiscales se sintieron confundidos con el pedido de no enfocarse en resolver las confrontaciones entre las partes, ya que se supone que es parte de la filosofía del nuevo proceso penal. Antes, según ha repetido Díaz, cuando funcionaba el código anterior, la Justicia tenía por cometido llegar a "la verdad material" de los hechos antes que dejar satisfechas a las víctimas de los delitos, quienes hoy pueden acordar con aquellos delincuentes que hayan cometido delitos menores mediante acuerdos reparatorios, como devolver lo robado sin sanciones penales.

"No estamos de acuerdo con eso, porque en la Instrucción VI, que él elaboró, decía que lo primero que hay que hacer es resolver el conflicto", dijo Puppo, por lo que en su opinión el pedido del fiscal de Corte incurre en contradicción.

El documento citado, publicado el 11 de octubre de 2017 -un mes antes de que entrara en vigencia el CPP- señala que "la reforma del sistema implica una nueva conceptualización del objeto del proceso, que deja de ser la averiguación de la verdad material y pasa a ser la solución de un conflicto entre el Estado, representado por la Fiscalía y un individuo o grupo de individuos acusados de cometer un delito".

Y a continuación dice que "ese cambio se manifiesta en dos aspectos -continúa el texto-: primero, si bien la acción penal sigue siendo necesaria, se admite expresamente que la misma pueda no ejercerse en los casos establecidos por la ley; y segundo, porque el nuevo ordenamiento procesal admite distintas vías que se pueden recorrer para resolver el conflicto planteado".

El Observador intentó consultar a la presidenta de la Asociación de Fiscales, Mirta Morales, pero no respondió.

 

 

 

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