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Jorge Díaz y su referencia a las críticas sobre "las demasiadas garantías a los pichis"

A un año del nuevo proceso penal, el fiscal de Corte defendió los cambios, y entre ellos la posibilidad de hacer acuerdos con los delincuentes
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31 de octubre de 2018 a las 16:58

“Yo no soy tonto: sé que en momentos donde la seguridad es uno de los problemas que más preocupa a los uruguayos, esta agenda de derechos o de garantías puede preocupar a algunos y a veces escuchamos reclamos de que hay demasiadas garantías para los delincuentes”.

Las palabras son del fiscal de Corte, Jorge Díaz, quien este miércoles 31 de noviembre celebró el primero año del nuevo Código del Proceso Penal, que fue posible gracias a una reforma que convirtió un sistema de justicia inquisitivo y escrito, con los jueces como los actores que investigaban los delitos, en un sistema oral y acusatorio que tiene a los fiscales como los protagonistas en la persecución penal.

La “agenda de garantías” a las que se refería Díaz son aquellas que instauró este nuevo proceso que, entre otras cosas, centralizó la figura de las víctimas en las denuncias penales –ya no es considerada un objeto de prueba sino un sujeto con derechos, con mecanismos de protección ante las denuncias y con participación activa en los juicios– y dio transparencia a las causas penales: hoy los juicios son públicos y en las audiencias –salvo excepciones– pueden participar como observadores todos los ciudadanos.

“Utilizo el adjetivo peyorativo que usan algunos ciudadanos: dicen que se les da demasiadas garantías a los ‘pichis’. Ahora, la pregunta que yo me hago acá. Sin garantías, ¿cómo sabemos quiénes son los delincuentes y quiénes no? ¿Cómo? ¿Por el barrio donde vive? ¿Por la edad? ¿Por su condición económica? ¿Por la música que escucha? ¿Por cómo se viste?”, se preguntó el fiscal de Corte.

Díaz también recordó las dificultades que atravesaron los fiscales en los primeros meses de implementación del nuevo proceso, cuando la comunicación con la policía y los jueces no era la mejor –hubo un caso en el que un delincuente que estaba rodeado se escapó por falta de este entendimiento–, pero sobre destacó los éxitos que alcanzó el ministerio público en la actualidad. 

Que, por ejemplo, la cantidad de formalizaciones registrada en mayo y agosto de este año –procesamientos, según el léxico del proceso penal anterior– fueron superiores al promedio que había en los últimos diez meses anteriores al cambio, o que hoy hay 200 personas bajo la tutela del programa de Testigos Protegidos que proporciona custodia personal, relocalización de las familias en el país o en el extranjero, o incluso apoyo para reinsertarse laboralmente, cambiar de documentación, o  de centro educativo de los hijos, entre otros aspectos.

Todo ese marco antes no existía, y hoy permite, por poner un caso, que haya testigos o víctimas que se animen a denunciar a bandas criminales como la de Los Chingas, que extorsionó y desalojó a al menos 110 vecinos en Casavalle, que encontraron en la Fiscalía la seguridad para denunciar la situación. Gracias a ese paso, se desplegaron una serie de megaoperativos que permitieron detener a los principales responsables y luego seguir en otros barrios.

“Hay una cosa que es elemental. Las garantías no son para los delincuentes, sino para todos los ciudadanos, y cuando se pierden, se pierden para todos los ciudadanos”, dijo Díaz.

"Penas más bajas, ¿respecto a qué?"

Una de las innovaciones del nuevo sistema es el proceso abreviado, que posibilita que los fiscales hagan pactos con los abogados de los acusados, de modo que a cambio de una confesión o de aportar información, los fiscales puedan solicitar al juez una pena menor, y el caso se resuelve en una única audiencia en la que el imputado ya sale condenado. 

Esos procesos “han sido duramente cuestionados”, reconoció el fiscal de Corte. “Y uno de los cuestionamientos es que se producen penas más bajas. Pero la pregunta es: ¿más bajas respecto a qué? ¿Con qué los estamos comparando?”.

Díaz aseguró que no hay información estadística que permita esa comparación, porque, justamente, “en el sistema anterior no había dato”. “Nos basábamos en el masomenómetro, con la experiencia de algunos”, agregó.

A falta de datos, en los últimos días el jerarca consultó su archivo personal en donde guarda las sentencias penales que emitió en los tiempos en que era juez, y aseguró que las penas que aplicaba entonces no difieren de las que se acuerdan ahora. “Pero había una diferencia, porque en el sistema anterior nunca sabíamos cuál era la pena que efectivamente cumplían; cuando el individuo era procesado con prisión nos quedábamos tranquilos, pero capaz salía a los tres meses”, dijo.

Y concluyó con otro dato: en el proceso penal actual, del cual fue y es su principal impulsor, los hurtos son castigados en forma más severa que un año atrás. “Antes, aun cuando (el delincuente) tuviera antecedentes, a los dos o tres meses quedaba en libertad y hoy se están acordando penas de 12, 15, 20 meses de cumplimiento efectivo”.

Por último, al ser consultado sobre si deberían aumentarse las penas previstas en algunos delitos en el Código Penal, Díaz insistió en la necesidad de reformar ese cuerpo de normas.

“Hay una clarísima alteración de la dosimetría penal, porque hay delitos graves que se sancionan con penas más bajas que otros que son menos graves. Eso es inadmisible, pero existe producto de tener un Código del 34’. ¿Hay que subir la pena de algún delito?, creo que la respuesta es sí.  ¿Hay que bajar la pena de algún otro delito?, me parece que también”, respondió.

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