El ex fiscal de Flagrancia Gustavo Zubía, quien anunció su retiro del ministerio público a mediados de marzo, criticó el informe que elaboró la Fiscalía General de la Nación en el que se responsabiliza al fiscal de dejar libre a un delincuente el 13 de enero, cuando Zubía había dicho a El Observador que la falla se debía a errores en el programa informático.
Ese informe, que además detalla que la demora en aprobar una solicitud de allanamiento del fiscal –una acción que determinaría la detención del hombre que terminó escapando– fue de 23 minutos, para Zubía constituye "una operación de enchastre", dado que el fiscal se ha caracterizado por ser una voz de crítica contra el nuevo Código del Proceso Penal.
Ese sábado, un hombre se había refugiado en una casa, luego de dispararle a otro en el abdomen tras el enojo por una discusión. Zubía, notificado por la policía de la agresión, se dispuso a detenerlo, pero luego de "dos horas" de gestiones con el Poder Judicial, el sospechoso se escapó. La Fiscalía inició una investigación administrativa para analizar lo sucedido, y concluyó este martes que Zubía no había utilizado el sistema informático y tampoco se había detectado falla alguna en su funcionamiento.
Según dijo ahora el fiscal a El Observador, no accedió a la vía informática –y decidió ir él personalmente a Oficina Penal Centralizada (OPEC) para presentar la solicitud– porque no tenía confianza en el sistema, debido a las fallas que había presentado con anterioridad. "Es como un policía al que el arma le falla, después no va a confiar en la herramienta", aseguró.
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Todo el trámite, insistió Zubía, que incluye esperar el número del caso policial –dato básico para pedir el allanamiento–, trasladarse a la OPEC, y luego al lugar de los hechos, le insumió dos horas.
El informe del ministerio público informó que no es necesario que sea el fiscal quien se encargue personalmente de hacer todos esos pasos , sino que puede delegarlos en un administrativo, un adjunto o adscripto del fiscal. Incluso podía hacerlo la policía.
