15 de abril de 2014 20:29 hs

Los deudores en Unidades Reajustables (UR) del Banco Hipotecario, que se encuentran en proceso de demanda contra el BHU y la Agencia Nacional de Vivienda (ANV), rechazaron la escueta respuesta del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (Mvotma), que según alegan, no atiende ni sopesa las recomendaciones que el Instituto de Derechos Humanos realizó a favor de los demandantes.

Dentro de la etapa de medidas preparatorias en la que se encuentra la demanda, por la que los deudores contrataron al estudio jurídico Hughes & Hughes, se solicitó en febrero información acerca de la diferencia de valores de la UR en relación a las Unidades Indexadas (UI) y su impacto, y acerca de las puntualizaciones del Instituto de Derechos Humanos, que en octubre del año pasado pidió una solución para los deudores que se encuentran en una situación de “irritante injusticia”.

A través de una solicitada, se planteó una “pregunta muy concreta de la Justicia al Mvotma, donde se solicita que manifieste si el BHU ha encaminado o no acciones concretas para tratar las recomendaciones del Instituto de Derechos Humanos”, dijeron a El Observador desde el estudio Hughes & Hughes.

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La respuesta enviada a fines de marzo por el Mvotma no dejó satisfechos a los demandantes. En ella, la cartera informó que en cuanto a la evolución de UR a UI hay un reporte de la Gerencia de Área de Riesgo del BHU y otros documentos elaborados para las comparecencias en comisiones legislativas; y sobre las recomendaciones del Instituto se limita a señalar que se encuentra en conocimiento de las mismas.

De la réplica se desprende “que no se hizo nada, que no se requirió ni siguiera un informe, ni qué medidas se estaban tomando”, dijeron los abogados de Hughes & Hughes. “No supieron identificar absolutamente nada, ni siquiera una acción; el Mvotma no lo hizo no porque no supiera responder, sino porque no existen gestiones concretas” tendientes a escuchar las recomendaciones del organismos de derechos humanos. Este Instituto, nacido en 2008, fue formado por el Poder Legislativo y sus sugerencias no son vinculantes.

Este grupo de deudores, parte de las 22.500 familias que se encuentran en la misma situación, inició en febrero acciones para demandar al BHU y la ANV y reclama facilidades para pagar sus inmuebles, situación que califica de injusta frente a quienes abonan en UI. Los deudores entienden que, como el BHU pasó a operar en UI en 2007, deben tener la chance de cambiarse a ese régimen ante la abultada deuda que han acumulado en UR. La UI evoluciona a la par de la inflación, mientras que la UR se ajusta por el Índice Medio de Salarios (IMS), un indicador que se incrementó en los últimos años por encima de la suba de precios al consumo.

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