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Día histórico en España: empezó el juicio a líderes independentistas de Cataluña

Al mismo tiempo miles de manifestantes gritaron en las calles "no es un juicio, es una farsa"

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12 de febrero de 2019 a las 18:48

El Tribunal Supremo español abrió este martes el juicio contra 12 dirigentes independentistas catalanes, implicados en el fracasado intento de secesión de octubre de 2017, justo cuando la cuestión catalana tiene la política española patas arriba y amenaza con precipitar las elecciones.

España vivió así una jornada histórica con el comienzo de uno de los juicios más importantes de su democracia, un proceso que durará tres meses y que lleva semanas protagonizando el interés español y gran atención en la prensa extranjera.

La intensa discusión jurídica en la sala del juzgado y las protestas en Madrid y diversos puntos de Cataluña marcaron este martes el inicio del litigio. De los doce protagonistas de ese intento fallido que se sentaron en el banquillo de los acusados, nueve son acusados del grave delito de rebelión y llevan meses en prisión preventiva.

Los debates de esta primera jornada estuvieron dominados por las cuestiones previas de las defensas y en ellas la discusión se mantuvo en términos muy civiles, con argumentos jurídicos, incluso no faltaron reproches al supuesto carácter político del juicio.

Los intercambios entre los siete jueces y los nueve abogados, todos ellos enfundados en sus togas negras, fueron siempre respetuosos incluso cuando uno de los letrados consideró que al menos cuatro de los magistrados tienen "falta de imparcialidad".

Otros argumentos se centraron en lo que las defensas consideran falta de respeto a algunos derechos fundamentales de sus clientes, con abundantes alusiones técnicas a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, con sede en Francia.

El presidente del tribunal, Manuel Marchena, cerró la sesión con tono sosegado pidiendo que los letrados que planeen presentar mociones lo hagan cuanto antes para su pronto estudio y agradeció a todos los asistentes su presencia.

Entre el público se permitían dos familiares por cada uno de los dos acusados y en esa zona también la jornada discurrió con normalidad, ya que no hubo expresiones ni gritos en ningún sentido.

Entre los acusados, solo uno -Jordi Sánchez, presidente de la Asamblea Nacional Catalana- llevó el lazo amarillo que se ha convertido entre los nacionalistas catalanes en el símbolo de solidaridad con los acusados y que había sido permitido por el presidente del tribunal.

También lo llevó el actual presidente del gobierno regional catalán, Quim Torra, quien acudió junto con dos miembros de su Ejecutivo y fue recibido de forma protocolaria por el presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes.

Precisamente Torra protagonizó una de las imágenes del día: se le vio saludando con la mano derecha a los procesados, girados sobre los bancos en que estaban sentados.

Muy simbólicamente, uno de los tres acusados que no se dio la vuelta para saludar a Torra fue Oriol Junqueras, vicepresidente del anterior gobierno catalán, y que representa las diferencias surgidas entre los partidos independentistas catalanes en el último año.

Y es que Junqueras, del partido izquierdista ERC, mantiene fuertes diferencias con el presidente regional que promovió el proceso secesionista de 2017, Carles Puigdemont, mentor político de Torra y quien huyó al extranjero muy poco después de declarar la independencia de Cataluña para esquivar la acción de la justicia, sin avisar a su segundo.

Además de Junqueras, están acusados la expresidenta del parlamento catalán, Carme Forcadell, varios ex ministros regionales y los responsables de las asociaciones independentistas ANC y Òmnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart respectivamente.

El gran ausente es el principal protagonista del intento de secesión, el ex presidente catalán Carles Puigdemont, huido en Bélgica, que desde un viaje a Berlín calificó como un "test de estrés para la democracia española".

Mientras los acusados afrontan peticiones de pena de entre siete y 25 años de cárcel, el gobierno socialista presidido por Pedro Sánchez se juega este miércoles su supervivencia con la votación de las enmiendas a los presupuestos para 2019.

Y esa discusión también está dominada por Cataluña. Mucho más duras y agrias que en el Tribunal Supremo fueron este martes los debates en el Congreso sobre el presupuesto, frente a la mucho más reposada sesión judicial.

La oposición de derecha reprochó con virulencia al Ejecutivo sus supuestas cesiones a los independentistas catalanes, mientras los independentistas atacaron la falta de voluntad del Ejecutivo de reconocer el derecho de autodeterminación a su región. 

A tal punto llegó la disputa que la presidenta del Congreso, Ana Pastor, se vio obligada a cortar el debate para pedir tranquilidad: "Esto no es el Parlamento británico", espetó. 

Protestas

Con decenas de banderas independentistas y carteles con el lema "Libertad presos políticos", miles de manifestantes coparon la céntrica plaza Cataluña de Barcelona al grito de "No es un juicio, es una farsa".

"Decidir no es un delito y ni un referéndum ni la autodeterminación se pueden juzgar, ni mucho menos condenar", gritó desde el escenario el vicepresidente del gobierno independentista regional, Pere Aragonés.

La concentración, que tuvo réplicas en otras ciudades catalanas como Girona y Tarragona, es la primera de un ciclo de protestas convocadas por partidos y asociaciones independentistas a raíz del juicio contra los exdirigentes de la región por el intento de secesión de octubre de 2017.

Entonces, el gobierno regional dirigido por Puigdemont impulsó un referéndum considerado ilegal de autodeterminación con el que el Parlamento catalán justificó posteriormente una infructífera declaración de independencia.

Este delito, que implica un "alzamiento violento" genera indignación entre los independentistas que siempre reivindican el pacifismo de su movimiento.

"Es todo una invención, una manipulación. Aquí no ha habido ningún tipo de violencia, sólo manifestaciones y una votación", se quejaba Jordi Parera, un técnico comercial de 60 años que participaba en la protesta.

"Éste es un juicio que se demostrará injusto porque no es un juicio sobre unos hechos, es un juicio sobre unas ideas", insistió.

Las protestas continuarán el sábado con una gran marcha en Barcelona bajo el lema "La autodeterminación no es un delito". El 21 de febrero está prevista una huelga general y el 16 de marzo una protesta en Madrid.

Fuentes: AFP y EFE

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