Un hombre intenta robar una moto en las inmediaciones de un shopping. Es descubierto, se desata una persecución y es finalmente reducido. Mientras yace inmovilizado, grita pidiendo ayuda. La presión que sus perseguidores ejercen sobre él le impide respirar. Eventualmente deja de moverse. Cuando llega la policía, el hombre está muerto. La justicia procesa a los acusados por homicidio a dolo eventual, lo que supone que no quisieron ocasionarle la muerte, pero sabían que esta era una posible consecuencia de su accionar y no hicieron nada para evitarlo.
La tipificación del delito me genera dudas. Si bien la responsabilidad por el homicidio es de los acusados, me parece discutible que les fuese indiferente la vida del difunto. La asfixia postural es un peligro latente de muchas técnicas de restricción física y hay métodos específicos para mitigar esos riesgos. La alcoholización del sospechoso no es un dato menor. Quienes entrenan estos métodos saben que reduce el ritmo respiratorio y aumenta la posibilidad de sofoco. Por eso, el terrible desenlace no es tan inusual como parece: podría pasarle a cualquiera que no tuviese el debido entrenamiento.
Y, sin embargo, soy consciente de que mi lectura no es más que una sospecha. No estaba ahí ni tengo elementos que me permitan llegar a una conclusión definitiva. Tal vez los guardias buscaron su muerte, tal vez no. Afortunadamente no es mi deber hacerlo y son los jueces en cambio quienes tienen la ineludible y espantosa responsabilidad de alcanzar un veredicto, incluso en situaciones inciertas.
En las redes, por el contrario, los jueces y verdugos campean a sus anchas. Mientras la justicia de Paysandú deliberaba, miles de uruguayos lanzaban condenas rotundas e inapelables, enfrentados en una guerra sin cuartel en los roles de unos protagonistas caricaturescos que no existen. Chorros vagos y pichis inmundos, por un lado; torturadores sanguinarios y represores fascistas, por el otro. Con certeza absoluta conocían cómo transcurrió cada segundo del episodio, qué educación y oportunidades tuvieron los involucrados, a quiénes votaron y qué sentían en lo más hondo de su ser.
Como en el fútbol y la política, todos creemos saber qué causa la inseguridad y cuál es la solución. Si no es la droga, es la pérdida de valores, la permisividad de la justicia, las penas irrisorias o el patriarcado. Son los policías desarmados, la juventud depredadora, la desigualdad capitalista o la televisión. Quizás en el fondo intuimos que el mundo es complejo, pero preferimos las historias simples y maniqueas, con personajes buenos y malos.
Como una dimensión más de la política partidaria, la inseguridad se ha polarizado en los últimos años y ha profundizado la grieta entre oficialismo y oposición. El perfecto votante de la coalición multicolor ve en la creciente inseguridad la mayor evidencia de una sociedad depravada y decadente, no tolera más el delito y la violencia criminal, y sueña con el recuerdo de un país sin rejas, en el que se respetaba la autoridad y los homicidios no eran el pan de cada día. El perfecto votante frenteamplista, por su parte, ve en la creciente inseguridad el reflejo de un fenómeno regional, consecuencia ineludible de las desigualdades de clase y coartada perfecta de los poderosos para restringir libertades, desmontar derechos adquiridos, y encubrir la violencia de género y los excesos policiales.
Mientras los primeros exigen que se recomponga la autoridad del Estado, no piden con el mismo empeño que el Estado imponga educación y cuidado. Demandan su presencia selectiva, haciendo hincapié solo en la contención final, en aquella que determina el encierro literal de los infractores. Reniegan de una justicia permisiva sin percibir que también ella es la autoridad, mientras exigen que castigo y rehabilitación vayan milagrosamente de la mano.
Los segundos, por su parte, parecen inmunes al delito. El peligro no estaría en quienes se rebelan ante la pobreza, sino en una policía punitiva y militarizada que quiere volver a oprimir a los débiles. Si hablamos de delito, la única amenaza real sería aquella que termina en femicidios y poco importa que la cifra de 2019 sea un 30% más baja que la de 2018. Consideran que el gatillo fácil y la emergencia nacional en violencia de género son indiscutibles, y que la amenaza no es otra que la represión y todos los hijos sanos del patriarcado.
Inés Guimaraens
El lector dirá que la mía también es una caricaturización, y tiene razón. Quiero creer que la mayoría de los uruguayos no se encuentra en estos dos extremos, aunque pueda identificarse con ciertos estereotipos. De hecho, es inevitable que lo hagamos. El borrador de la ley de urgente consideración se refiere solo a “hechos de apariencia delictiva”, pero la realidad es que todos estereotipamos a las demás personas según su apariencia, comportamiento, afiliaciones, costumbres y creencias. Lo hacen el policía, la cajera del supermercado y el murguista. Usted también, ojo, y lo hace de manera reiterada e intuitiva, fundada siempre en prejuicios.
No desespere, no se trata de una limitación moral o cognitiva. Por el contrario, los estereotipos son indispensables para actuar racionalmente. Con estereotipos creamos categorías y clasificaciones, sin las cuales no podemos hacer inferencias de unas pocas cualidades observadas a una cantidad mayor de cualidades no observadas. Es decir, si usted confía (o no) en la policía, es porque se basa en prejuicios y experiencias pasadas con otros agentes para asumir que estos también serán competentes (o no).
Independientemente de cuál sea su veredicto, es probable que no se equivoque. Desde un punto de vista estadístico, hay grupos humanos que comparten elementos comunes que sobresalen al compararlos con otros grupos. Incluso entre sociedades, culturas y razas. Usted pensará que esto es horrible, además de políticamente incorrecto. Pero tenga en cuenta que, de no ser así, no habría diversidad cultural ni elementos étnicos y culturales de los que enorgullecerse.
Como discutí en la columna anterior, los hombres son más propensos que las mujeres al delito y a la violencia. Hasta donde sabemos, ello es cierto en todas las sociedades, culturas y épocas. De igual manera, las fuerzas del orden suelen estar compuestas por individuos con tendencias políticas conservadoras y la gran mayoría de los crímenes violentos son cometidos por personas de estratos socioeconómicos bajos. En Estados Unidos, los afroamericanos cometen muchos más delitos per cápita que los individuos de otras razas y en España sucede lo mismo con los inmigrantes.
Desde un punto de vista estadístico, negar estas asociaciones es inútil. Sin embargo, los estereotipos presentan cuatro grandes problemas. El primero es cuando olvidamos que la categorización es solo una aproximación comparativa que no aplica a cada hombre, mujer y niño que la compone. El segundo, es que con frecuencia adherimos juicios morales a cada categoría, asignando cualidades positivas y negativas según nuestra ideología o visión del mundo. El tercero, es que tendemos a totalizar las categorías, por lo que los individuos que las componen se vuelven homogéneos, incambiables y previsibles. El cuarto, finalmente, es que los primeros problemas suelen llevarnos a recluirnos en aquellas categorías que integramos. Esto es, a creer que somos parte de un grupo o comunidad específica a la que debemos lealtad.
La inmensa mayoría de las personas pobres no cometen delitos, sino que estudian, trabajan e intentan sacar adelante a sus familias a pesar de las adversidades. La inmensa mayoría de los hombres no agreden a mujeres, sino que se esfuerzan y desviven por ayudar a sus parejas, madres e hijas a hacer realidad sus proyectos de vida. La inmensa mayoría de los policías no desea oprimir a nadie, sino que dedican –y sacrifican– sus vidas para proteger a los demás. La inmensa mayoría de quienes votaron a la coalición multicolor quieren lo mismo que la inmensa mayoría de quienes votaron al Frente Amplio: convivir en paz y hacer del Uruguay un país más seguro.
Diego Sanjurjo es doctor en Ciencia Política, especialista en políticas de seguridad y armas. Investigador Postdoctoral en el Instituto de Ciencia Política, Facultad de Ciencias Sociales, UdelaR.
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