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El costo de la vejez
Las cifras que presentó el ministro de Economía Danilo Astori el pasado miércoles ante la bancada del Frente Amplio –durante la presentación de los lineamientos de la Rendición de Cuentas– evidenciaron el monumental gasto que arrastra el Estado año a año, obstaculizando eventuales aumentos presupuestales y la tan mentada reducción del déficit fiscal.
Entre el aumento no previsto de las pasividades y las mayores transferencias a la Caja Militar, la nueva Rendición de Cuentas fija un gasto agregado de US$ 150 millones para este año. Ese gasto endógeno no solo absorbió la totalidad de los US$ 110 millones de más que ingresaron a las cuentas públicas, gracias a un desempeño de la economía en 2016 que resultó mejor de lo previsto, sino que además lo sobrepasó en US$ 40 millones y ahora obliga al gobierno a salir a recaudar a través de una suba impositiva.
De esos US$ 150 millones incluidos de gasto, dos tercios responden al déficit del Banco de Previsión Social.
El sistema previsional se financia a través de tres fuentes. Por un lado, los aportes de los trabajadores y empresarios; por otra parte, una proporción de lo recaudado a través de impuestos como el IVA o el IASS. Por último está la asistencia de Rentas Generales, que año a año completa lo que falta para cubrir el rojo.
Hasta 2014, esa transferencia apenas superaba los US$ 100 millones. En los últimos años, sin embargo, el panorama cambió y para 2017 el MEF prevé depositar más de US$ 600 millones en la caja del BPS, un 21% por encima de los US$ 500 millones que transfirió en 2016.
Efectos de la flexibilización
El peso del sistema previsional en la economía nacional ha venido creciendo fuertemente en los últimos años, empujado tanto por un aumento del número de jubilados como del monto de las pasividades. En 2016, la cantidad de jubilaciones pagadas fue un 23% mayor a las de 2008.
Ese año es clave, dado que entonces se aprobó una ley que actualizó el sistema previsional y modificó las condiciones de acceso a una jubilación. Hasta ese momento, para jubilarse el trabajador debía haber completado 35 años en actividad y además alcanzar los 60 años de edad. A partir de la ley de 2008, entre otros cambios, se fijó como mínimo 30 años de actividad pero además se flexibilizaron los márgenes etarios, con el objetivo de compensar a aquellos que estuvieron inactivos durante la crisis. El entonces presidente del BPS y hoy ministro de Trabajo, Ernesto Murro, dijo en 2009 –cuando entró a regir el cambio– que las nuevas normas eran "beneficiosas para la gente" y que constituían "la respuesta del gobierno a una serie de necesidades de la población".
US$ 330millones fue el costo incremental no previsto que representó a 2016 la flexibilización del régimen de jubilaciones de 2008, según el MEF.
Hubo además otro factor que explica el aumento de esa brecha que hoy paga el gobierno: la actualización de la ley de jubilaciones se hizo paralelamente a la reforma tributaria, que disminuyó a la mitad los aportes patronales. Hasta 2007, tanto trabajadores como empresarios destinaban un 15% a las arcas del BPS. A partir de la reforma, los aportes patronales se redujeron a 7,5%.
De esa forma, mientras que entre 2005 y 2008 el total de erogaciones por jubilaciones sumó en promedio unos $ 47.700 millones anuales (con pesos constantes a 2016), en 2017 se prevé que el monto ascienda a $ 100.580 millones (US$ 3.554 millones), lo que implica un aumento de 110%.
Desde el BPS son conscientes de los números rojos, aunque las explicaciones del déficit no son unánimes.
Tanto Sixto Amaro, director en representación de los pasivos, como Ramón Ruiz, representante de los trabajadores, apuntaron contra el régimen mixto y la disminución de los aportes patronales. Sobre el primero, ambos señalaron que "el BPS le transfiere US$ 1.000 millones anuales a las AFAP" y que "sin esa transferencia, habría superávit".
Ruiz dijo que la asistencia financiera de Rentas Generales durante la década de 1990 representaba la mitad del presupuesto del BPS, cuando hoy está en el entorno del 20%. Además, reprochó que la Caja Militar (ver apunte) tiene un déficit "casi igual" al del BPS "y no se puede comparar todo lo que brinda uno y lo que brinda otro".
Amaro, por su parte, elogió la ley de flexibilización, que "permitió que una cantidad muy importante de trabajadores pudieran tener la posibilidad de acceder a los derechos jubilatorios". El representante de los pasivos remarcó que "esa no es una mala noticia".
22,1%de las altas jubilatorias en 2015 fueron por invalidez. En 2007 representaron solo el 12,4% del total de las altas.
Invalidez
Otro dato que expuso el informe del equipo económico fue la evolución de las altas jubilatorias por incapacidad. En 2015, una de cada cinco altas jubilatorias fue por invalidez. En 2007, antes de la ley de flexibilización, era una de cada diez.
Ruiz afirmó que ese aumento no es responsabilidad del BPS, aunque reconoció que ahora "hay más facilidades para el acceso a las jubilaciones". Justamente, se trata de otro de los cambios implementados en la ley de 2008. Antes, una persona que no estaba en actividad, tenía que completar seis meses trabajando previo a la solicitud de incapacidad. Esa condición no rige desde entonces.
Sobre una posible falta de control, Ruiz dijo que los requerimientos son más estrictos ahora. "Nosotros no estamos inventando jubilaciones por incapacidad", sentenció.
Caja Militar costará US$ 700 millones en 2020
Además del aumento del gasto asociado a las pasividades, la Rendición de Cuentas presentada este miércoles incluyó un aumento de US$ 50 millones para la Caja Militar. Este año, la transferencia de Rentas Generales alcanzará los US$ 546 millones y para 2020 superará los US$ 700 millones.
Se trata de un asunto que genera rispideces en la interna del oficialismo. Si bien el Poder Ejecutivo ya envió al Parlamento un proyecto de ley para reformar la Caja Militar, encuentra resistencia en algunos sectores del Frente Amplio y particularmente en la oposición.
