El debate presidencial: una derrota colectiva

No era muy difícil, para un observador medianamente agudo, el percatarse de la presencia del elefante en el estudio de televisión. Ese enorme paquidermo, de una piel gris cada vez más oscura, de un andar cada vez más lento y pesado, se paseó por entre los contendientes, a la espera de ser apenas mencionado, sin hacerse muchas esperanzas de llegar a convertirse en la estrella de la noche. Y así, mientras Martínez procuraba elevarse de las cenizas de un largo legado que le juega en contra, Lacalle procuró proyectarse como el barredor de esas cenizas y el constructor de un nuevo proyecto nacional. Es lo que le cabe como candidato opositor, y en cada uno de los espectadores se formó la mejor opinión que la actuación de ambos se lo habrá permitido. 

Los asuntos tratados, como la economía, la seguridad, la educación y el desarrollo humano, son, en su importancia absoluta, apenas trozos del cuero de ese elefante que es el Estado uruguayo. Frente al peso gravitacional que éste ejerce en todos los ámbitos del país, la importancia de cada uno de los asuntos tratados posee un valor relativo, si no se logra abordar a fondo el grave problema que esta injerencia, cada vez más asfixiante y paralizante, significa para el Uruguay. Esa discusión, trascendental para toda la población, independientemente de su color político, fue la gran ausente en el debate y la razón de que éste se convirtiera en una oportunidad perdida o de un gran fracaso colectivo.

Es curiosa la relación de la sociedad para con este asunto. Pareciera que en cada uruguayo hay una suerte de “Dr. Jekyll y Mr. Hyde” que actúan en forma diferente a la hora de involucrarse con el Estado. En calidad de contribuyente, es notorio el malestar casi hidrofóbico que le provoca la onerosa carga tributaria, la pobre calidad de los servicios que el Estado provee, y peor aún, para el que lo padece en forma directa, su ineptitud y su fracaso en los roles que sí debería cumplir bien por naturaleza, como los de educador, médico y vigilante. Pero en su contracara, ese mismo ciudadano no ahorra esperanzas cuando surge la oportunidad de engrosar la nómina del funcionariado público, a cambio de una supuesta seguridad y liviandad funcional que el sector privado no puede ni debe ofrecer. De M’hijo el dotor de Florencio Sánchez, hemos pasado a la mediocre versión de “M’hijo el burócrata”. Y, entre medio, es posible que, en casi toda familia nacional, no haya más de seis grados de separación de un sueldo estatal.

En 1989, el Partido Nacional obtuvo 765.990 votos, y por la ley de lemas, su candidato Luis Lacalle Herrera fue electo presidente con un total de 444.839 votos. Cuando la llamada “Ley de empresas públicas” fue introducida en su gobierno para su aprobación parlamentaria, ésta fue sometida a un referéndum para decidir su derogación parcial. En esencia, se trataba del proyecto de ley más ambicioso para reformar al Estado, desde su concepción moderna durante la presidencia de José Batlle y Ordóñez. El resultado del referéndum en diciembre de 1992 fue de 1.293.016 votos a favor de la derogación y 489.302 en contra. Es decir, y a juzgar en forma estricta por los números, además del ya esperado voto contrario por dogma de la izquierda, hubo votantes de los partidos tradicionales que se aferraron a la causa estatista –cabe recordar el comportamiento del Foro Batllista frente al voto– e inclusive, los votos en contra perdieron a un componente importante del total votado por los blancos en la presidencial. 

En 1999, Jorge Batlle obtuvo en primera vuelta 703.915 votos y fue electo en el balotaje con 1.158.708 votos. En el referéndum realizado para derogar la ley que anulaba el monopolio de Ancap, el resultado fue de 1.201.626 votos a favor de su derogación y de 684.129 en contra. Nuevamente y en torno a los números, podría explicarse que, cerca del 40% de votantes a favor de Jorge Batlle en el balotaje (474.579) le dieron la espalda en la defensa de la ley. Si bien se trata de un análisis limitado y lineal, los cambios en las composiciones de los votantes indicarían una gran contradicción vital de una parte significativa de la sociedad. Se trató de otorgarle un mandato a un presidente y a un partido, que, en los dos casos señalados, eran afines a reformar al Estado y comenzar así, un proceso de mayores libertades y oportunidades económicas. Y, sin embargo, en el momento de apoyar una transformación profunda, ese mismo ciudadano prefirió la prolongación de su padecimiento, coartando además ese mandato entregado al presidente. 

Este comportamiento sólo podría explicarse desde una conducta regida por el cinismo o la hipocresía, o bien por el hecho de que una mayoría de los uruguayos padece del “síndrome de Estocolmo” para con el Estado. Una relación de cautiverio voluntario, en el que el temor al riesgo de lo privado es mayor que el peso del grillete. El prisionero seducido por la cadena. Sin esta discusión de fondo, tan honesta y valiente, como urgente y necesaria, no habrá debate que aporte un valor significativo. Se tratará, simplemente, de hacer ruido con la boca, y de perpetuar la decadencia y más frustraciones.