En contra de los pronósticos de desastre, el gobierno argentino está viviendo un diciembre relativamente calmo, tanto en el plano financiero como en el social. Pero los críticos le advierten que puede correr el riesgo de confundir una situación temporaria con algo permanente, y eso de puede costar una turbulencia en el verano próximo.
El optimismo en el sentido de que “lo peor ya pasó” quedó evidenciado en los actos masivos a los que convocó el peronismo, en particular el de este viernes 10 de diciembre, con la excusa de conmemorarse los 38 años del retorno a la democracia tras la última dictadura militar. El mensaje de Alberto Fernández y de Cristina Kirchner a la militancia fue que, superada la crisis de la pandemia y con la economía ya en senda de recuperación, se podrá cumplir con la promesa de mejora en la calidad de vida y que el proyecto político peronista fortalecerá sus chances para la elección del 2023.
¿Qué ocurrió para que ocurriera ese cambio de humor? Si se le hace la pregunta al gobierno, responderá que se empiezan a notar las consecuencias del crecimiento económico —este año el PIB subirá 10%, recuperando la caída de 2020— y que, además, el mercado está leyendo positivamente las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. El mantra oficial es que ese acuerdo aliviará la agenda de pagos de deuda, pero sin que ello implique un ajuste que ponga en riesgo el crecimiento.
Cree además que medidas económicas como la aceleración en la tasa devaluatoria aliviará tensiones y reducirá la brecha entre el tipo de cambio oficial y el paralelo. Y, además, confía en la suerte de tener otro año excepcional en la exportación agrícola —los más optimistas dicen que el trigo podría dejar hasta US$ 4.000 millones en el verano—, una estación de “sequía” de divisas.
El dilema de subir la tasa para combatir la inflación tiene un costo político.
El optimismo oficial se reflejó en los últimos días en una frase del presidente del Banco Central, Miguel Pesce, que levantó polémica: “Que alguien pague 200 pesos argentinos por un dólar no tiene racionalidad”.
Señales de alarma
Pero claro, desde la vereda de enfrente la visión es distinta. En realidad, la mayoría de los economistas atribuyen la calma de diciembre a una cuestión puramente estacional y, por lo tanto, pasajera.
Ocurre que en Argentina hay un ciclo clásico: sobre fin de año las empresas necesitan dinero para pagar aguinaldos, impuestos y saldar obligaciones, entonces suelen pedir más pesos al mercado. Y algunos de ellos, hasta venden dólares para conseguirlos. Esto le otorga una transitoria paz al Banco Central, cuyas reservas netas se ubican por debajo de los US$ 4.000 millones.
Pero todos en el mercado saben que esta tranquilidad no puede durar mucho. Ya en enero se empieza a revertir esa demanda de pesos y, para colmo, suele ser una época del año en la que más escasean los dólares. Por eso es que el verano es la estación de las devaluaciones.
Las estimaciones de los economistas indican que en los meses veraniegos el apetito por los pesos puede llegar a caerse 6% sólo por motivos estacionales.
Es por eso que, en contraposición al optimismo oficial, empezaron a señalar datos de alarma: por ejemplo, la caída de los depósitos en los plazos fijos, por parte de ahorristas que se niegan a seguir percibiendo tasas de 37% anual en un país con una inflación de 52%.
En noviembre pasado se registró una disminución —en términos reales— de 2,1%. Y cuando se pone el foco en los depósitos de los pequeños ahorristas, la caída es mayor, en torno del 5% mensual, y lleva ya una saga de cuatro caídas consecutivas.
El temor, naturalmente, es que esos pesos vayan masivamente al dólar y, contra de la opinión de Pesce, hagan que la cotización de 200 del dólar blue se quede corta. Y es por eso que está instalado el debate sobre si se debe subir la tasa de interés, de manera de contener a los ahorristas y evitar una fuga masiva a la cobertura dolarizada.
Un informe de la consultora Equilibra indica que unos 30.000 millones de pesos migraron desde depósitos en plazo fijo hacia cuentas a la vista. Y que potencialmente eso se podría convertir en una presión sobre el tipo de cambio paralelo. Esa suma, convertida al dólar del mercado financiero, da unos US$ 150 millones.
Las tasas, un debate político
Aunque los economistas creen que una suba de tasas será inexorable, en el gobierno hay cierta resistencia a tomar esa medida. Los motivos son diversos: entre los más preocupados por la consolidación de la recuperación productiva, el argumento es que una suba de tasas haría más difícil aun el acceso al crédito, que hoy está casi vedado para las pequeñas empresas.
Por otra parte, subir las tasas implicaría encarecer la financiación del propio Tesoro, que aspira a disminuir su dependencia de la asistencia del Banco Central y tomar una porción de deuda cada vez mayor en el mercado.
Pero también hay un motivo político en este debate: las tasas de interés muy altas fue la marca registrada del gobierno de Mauricio Macri, que recurrió a esa herramienta como forma de contener la inflación, sin mucho éxito en la consecución de su objetivo. Fue, de hecho, una de las políticas más criticadas por el peronismo, que veía esa política como un típico ajuste recesivo.
De manera que una suba abrupta de las tasas parece vedada desde el punto de vista político. Pero claro, hay un problema: el Banco Central pasó de un ritmo de devalución de 1% mensual a una velocidad de casi 3%, más a tono con la inflación. Y muchos analistas creen que esta situación aumentará el interés de los inversores por las coberturas dolarizadas, de manera que tarde o temprano se sentirá la presión del mercado para contar con instrumentos en pesos más atractivos.
El temor: la caída en la demanda de pesos
Pero la advertencia más grave que hacen los economistas tiene que ver con ese ciclo histórico del verano: luego del pico de demanda de dinero de diciembre, se produce un cambio abrupto: los pesos empiezan a “sobrar”, justo en la época del año de mayor escasez de divisas.
Es por eso que muchos economistas mantienen su pronóstico de que podría haber tensión cambiaria durante enero y febrero próximos. La esperanza del presidente del Banco Central es que, en la medida en que se consolide el crecimiento de la economía, haya “una mayor demanda de saldos monetarios reales”, con lo cual disminuirá su necesidad de retirar pesos del mercado. Pero en el mercado financiero creen que, luego de haber disminuido su ritmo de esterilización, al Central no le quedará más remedio que volver a “pasar la aspiradora”. Lo cual no es inocuo, porque implica agrandar el “déficit cuasifiscal”.
Ese stock de letras es visto con temor por el mercado, porque paga un monto de intereses que, de por sí, constituye un fuerte motivo de expansión monetaria. Hablando en números, en el año implicó 1,4 billón —convertidos al cambio oficial, unos US$ 14.000 millones—. Lo cierto es que si hay una promesa del gobierno en la que pocos creen es en una reducción de la inflación para el año próximo. El proyecto de presupuesto habla de un 33%, un dato que a esta altura es ignorado por los propios sindicatos aliados del gobierno, que piden actualizaciones mayores. El promedio de los economistas cree que los precios subirán en el orden del 50% y los más pesimistas ya hablan de un 60%, lo que implicaría empeorar la situación de este año.
Un informe de la Fundación Mediterránea, basándose en las proyecciones oficiales del presupuesto 2022, estimó que el año que viene, la emisión monetaria neta sería de 4,1% del PIB —compuesto por el déficit primario de 3,3% más 0,3% por el pago de intereses de letras del Banco Central y 0,5% intereses de deuda pública no refinanciada—. Así, se estaría expandiendo un 62% la base monetaria, que actualmente se ubica en 6,6% del PIB.
Con esos números, deja una advertencia inquietante: “El riesgo de la aceleración inflacionaria ha dejado de ser una cuestión de mediano plazo”.
