El Frente no tiene los votos para derogar el abuso de funciones

"No voy a votar la derogación del abuso de funciones aunque la bancada del Frente Amplio lo declare asunto político. Ese es mi límite", dijo este viernes a El Observador el diputado de la Alianza Progresista y exintendente de Maldonado, Oscar de los Santos.

Con esa postura contundente, queda descartada la propuesta de buena parte del Frente Amplio para dar por tierra con esa polémica figura penal. La izquierda juntó a todos sus senadores en la cámara alta para votar la derogación del delito, pero necesita unir a sus 50 diputados para ratificarlo en la cámara baja, ya que ningún legislador opositor está dispuesto a respaldar la iniciativa.

Sectores del FA que no tienen representación en el Senado como la Alianza Progresista, la Liga Federal y el Partido Por la Victoria del Pueblo habían manifestado su oposición a votar ese proyecto, pero el resto de los sectores que lo impulsan contaban con que la carta de la declaración de "asunto político" obligara a los rebeldes a alinearse.

El anuncio de De los Santos descarta esa posibilidad. "Yo tengo tres denuncias ante la Justicia en Maldonado, ¿cómo hago para que me crean que no voto la derogación del abuso de funciones para beneficiarme?", dijo De los Santos.

El actual legislador y exintendente fue denunciado por el actual jefe comunal blanco de Maldonado, Enrique Antía, por supuestas irregularidades en la adquisición de dos terrenos y en los pagos a la comuna fernandina de un canon por parte de la terminal de Maldonado.

De los Santos se mostró partidario de modificar el delito de abuso de funciones para que sea "más claro y específico". Pero dijo que aunque hubiera acuerdo en ese punto dentro del Frente Amplio, la negociación legislativa debe incluir a sectores de los partidos de la oposición. Un documento interno de la Mesa Política, al que accedió El Observador, alertó por el "costo político" tanto de derogar como de modificar el delito y además señala debilidades en todas las propuestas presentadas como alternativas a derogar el abuso de funciones. La Liga Federal, el PVP y el presidente de la Cámara de Diputados, José Carlos Mahía (Asamblea Uruguay), presentaron distintas iniciativas al respecto.

Acerca de los argumentos presentados por quienes se oponen a la derogación, el documento de la Mesa Política dice: "Que la oposición busca plantearlo como intención de salvar a nuestros compañeros en el gobierno y que la población no entienda o lo entienda como una salvaguarda de futuros problemas representando un alto costo político. (...) Que no existan los votos necesarios para aprobarlo y pagar un alto costo político".

Todos los sectores del FA con representación en el Senado votaron por la derogación del abuso de funciones. En Diputados, los principales impulsores de la iniciativa son el Movimiento de Participación Popular (MPP) y la lista 711, que lidera el exvicepresidente Raúl Sendic, quien es investigado en la Justicia por su gestión al frente de ANCAP.

Este viernes la Mesa Política dio por cerrado el tema y lo derivó a la bancada parlamentaria, según dijeron a El Observador dirigentes participantes de la reunión. La próxima semana habrá un encuentro de coordinación entre las bancadas de Diputados y Senado y el presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, en que se discutirá el tema para tratar de llegar a un acuerdo.

El delito de abuso de funciones, que buena parte del sistema político considera demasiado confuso y generalista en su redacción, establece que "el funcionario público que, con abuso de su cargo, cometiere u ordenare cualquier acto arbitrario en perjuicio de la Administración o de los particulares, que no se hallare especialmente previsto en las disposiciones del Código o de las leyes especiales, será castigado con tres meses de prisión a tres años de penitenciaría, inhabilitación especial de dos a cuatro años y multa de 10 UR (diez unidades reajustables) a 3.000 UR (tres mil unidades reajustables)". Por este delito fueron condenados, entre otros, el expresidente del Banco República Fernando Calloia, el exministro de Economía Fernando Lorenzo –ambos frenteamplistas– y el exintendente nacionalista de Colonia Walter Zimmer, quien luego fue absuelto.