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El gobierno perdió credibilidad ante las calificadoras
La baja de la perspectiva de la calificación de deuda por parte de la agencia Fitch, la semana pasada, fue una muestra de que la advertencia va en serio. El abultado déficit fiscal y la trayectoria creciente de la deuda pública de los últimos años pone en riesgo el grado inversor, aunque no sea un riesgo inminente.
Por más que el resto de las calificadoras mantienen a Uruguay no solo con perspectiva estable sino además, un escalón por encima de Fitch, ninguna ha dejado de mencionar en sus últimas revisiones la vulnerabilidad que implica el rojo de las cuentas públicas.
El número ya de por sí impacta. El Estado uruguayo gasta el equivalente a 3,9% del PIB anual por encima de lo que le ingresa. No es tanto si se compara con los números de Argentina y Brasil, que al considerar el sector público en su conjunto llegan a duplicar las cifras locales, pero es mucho si se compara con países con grado inversor –ninguno de los dos vecinos entra en ese grupo–.
Un elemento que las calificadoras de riesgo resaltan –y en particular, Fitch enfatiza en su última revisión–, es la distancia entre el dicho y el hecho en materia fiscal. El gobierno se comprometió a una cosa e hizo otra, y eso tiene un costo en términos de credibilidad.
Al inicio de la actual administración de Tabaré Vázquez, el presidente fue enfático en la necesidad de reducir el déficit fiscal. Ese énfasis parecía confirmar que efectivamente las preocupaciones largamente explicitadas por el ministro de Economía, Danilo Astori, harían mella en la agenda del jefe de Estado.
Pero el tiempo pasó y las promesas no se cumplieron. El gobierno asumió con un déficit fiscal equivalente a 3,5% del PIB. En la ley de Presupuesto de 2015 se comprometía a reducirlo para fines de este año a un rojo de 2,7% del PIB y alcanzar el año que viene su meta de 2,5% del PIB. Hoy las perspectivas oficiales son de 3,3% este año y 2,8% el próximo.
Con estas proyecciones en su historial, el gobierno ha perdido credibilidad en materia fiscal. El discurso de Astori al comienzo de la administración que hablaba de prudencia y responsabilidad, le permitió al gobierno ganar tiempo. Las calificadoras de riesgo y los mercados financieros confiaron en que así sería. Pero no fue.
En los últimos años, conforme la credibilidad se deterioraba, las proyecciones fiscales del gobierno empezaron a separarse de la de los analistas privados. Hoy la mediana de los expertos que participan en la Encuesta de Expectativas Económicas de El Observador proyectan un déficit de 4% del PIB tanto para este año como para 2019, muy lejos del compromiso oficial.
Desde el gobierno
Por más que el ministro de Economía cuestione la decisión de Fitch y contraste la decisión de la calificadora con las otras agencias calificadoras, no es algo que estuviera ajeno a las expectativas del propio equipo económico.
En marzo, el director de la Asesoría Macroeconómica, Christian Daude, dijo en entrevista con El País: “El 2,5% ese (de déficit fiscal proyectado) no es un capricho que se nos ocurrió sino que es un nivel de déficit que nos permitiría estabilizar la deuda en niveles que son compatibles con nuestros ratings (calificaciones de riesgo) actuales”.
“Si uno mira a otros países de la región, por ejemplo Colombia, que también ha tenido downgrades (baja de la nota) recientemente, la justificación (de las calificadoras de riesgo) en ese caso ha sido no llegar a la meta fiscal”, sostuvo.
Tres meses después el gobierno entregó al Parlamento un proyecto de Rendición de Cuentas que aumentaba de 2,5% a 2,8% el compromiso fiscal para 2018 y postergaba un año –ya por fuera de su período de gestión–, alcanzar el número mágico.
La confianza de los mercados
La buena noticia es que más allá de que el déficit fiscal se mantenga sin cambios y la deuda neta alcance su mayor nivel para el segundo trimestre desde 2011, los mercados siguen confiando en Uruguay.
El riesgo país se redujo en los últimos dos meses de 180 puntos básicos a 140 puntos, aunque todavía se encuentra por encima de los 120 puntos a los que llegó a fines del año pasado. Son niveles bajos desde el punto de vista histórico, en línea con la situación de liquidez de los mercados internacionales y la calificación de la deuda uruguaya.
De todas maneras, eso no quita que una eventual baja de nota que devuelva a Uruguay al grado especulativo tendría un impacto considerable sobre el costo de emitir deuda y por tanto, pondría serias dudas sobre la capacidad de sostener los actuales niveles de gasto.
La propia Fitch, que ha demostrado ser la más dura de las calificadoras de riesgo para Uruguay, se mostró resignada ante la posibilidad de que el gobierno actual realice el ajuste que requiere llevar el déficit fiscal al 2,5% del PIB. El inicio de la carrera electoral hace inviable cualquier pretensión de ajuste.
Será un desafío que correrá por cuenta de la próxima administración, sea del partido que sea. Ajustar habrá que ajustar. Ya sea por la vía del gasto o de los ingresos, o por una combinación de ambas –que es lo más probable que suceda–. Será fundamental analizar la propuesta de los distintos partidos. En eso se juega la viabilidad de cualquier programa de gobierno.
