El juego de la polarización y la resistencia

Los impulsores de la derogación parcial eran líderes frenteamplistas, sindicalistas y disidentes blancos y colorados. Proponían una campaña a modo de censura global contra la política económica del gobierno, que se inició con un severo ajuste fiscal para reducir una inflación que llegaba a 129%, y reformas liberales en un país de larga tradición burocrática y estatista.

El Frente Amplio, si bien gobernaba el municipio de Montevideo, representaba menos del 30% del electorado. Mientras tanto, el Partido Colorado todavía significaba más del 30% de la ciudadanía.

Pero entonces, tras ese triunfo parcial, algunos voceros del gobierno adoptaron un discurso entre triunfalista y arrogante. El 1º de octubre, muchos más uruguayos se sumaron a una segunda convocatoria y habilitaron el referéndum.

El Foro Batllista, sector del expresidente Julio María Sanguinetti, hasta poco antes socio del gobierno, se sumó a la campaña contra la ley. Hubo que optar entre el “integrismo antiestatista” de la administración y el “integrismo proestatista del Frente Amplio”, resumió el exvicepresidente, Enrique Tarigo.

La polarización es una estrategia de moda, por izquierda y derecha, en ciertas partes del mundo

El gobierno sufrió una derrota catastrófica en el referéndum del 13 de diciembre de 1992. El 71,57% votó por derogar cinco artículos que permitían la asociación de Antel con empresas privadas, que la propaganda, en tiempos de gloria de Esteban Valenti, había comparado con piratas.

Ahora, 28 años después de aquellos sucesos, los sindicatos reunidos en el PIT-CNT resolvieron juntar firmas para anular por referéndum, en todo o en parte, la ley de Urgente Consideración (LUC) aprobada por el oficialismo a principios de julio.

Se trata de una ley Ómnibus, de casi 500 artículos, con normas muy diversas, en general nada radicales, tanto como para que el Frente Amplio votara muchos de ellos. Incluye un refuerzo de la autoridad policial, una regla fiscal, cambios en la dirección de la enseñanza pública, un modo más competitivo para fijar los precios de los combustibles, y la prohibición de hacer piquetes y ocupar lugares de trabajo por minorías, como fue admitido durante los gobiernos frenteamplistas (en 2010, José Mujica firmó un decreto que permite a la policía desocupar reparticiones esenciales del sector público).

Para someter una ley a referéndum se requiere el apoyo de al menos el 25% de los habilitados para votar.

Ahora, los sindicatos buscan ampliar la base. Conseguirán fácilmente el apoyo de una serie de organizaciones casi irrelevantes: sellos de goma superpuestos, cual cajas chinas. En realidad, el respaldo decisivo es el del Frente Amplio, el principal sector político uruguayo.

La coalición de izquierda, que aún no superó su reciente derrota, difícilmente pueda evadir su larga tradición de recursos contra las leyes, que inició hace más de 30 años. Podrá polarizar y contrastar con el gobierno; aunque corre el riesgo de quedar atrapada en un rincón demasiado a la izquierda, fuera de tono y pulso. Peor aún: podrá parecer un furgón de cola de algunos sindicatos públicos o aspirantes a serlo, como ocurrió en 2019 con los funcionarios de la vieja Compañía del Gas.

Para someter una ley a referéndum se requiere el apoyo de al menos el 25% de los habilitados para votar (unas 674 mil personas hoy), dentro del año de su promulgación. En esta ocasión, el plazo de entrega de firmas vence el 9 de julio de 2021. Luego, la Corte Electoral dispone de 150 días hábiles desde esa fecha para revisar las firmas, lo que extiende el plazo más de siete meses, hasta febrero de 2022.

En 1992 hubo que optar entre el “integrismo antiestatista” de la administración y el “integrismo proestatista del Frente Amplio”, según Enrique Tarigo.

El referéndum debería convocarse dentro de los 120 días siguientes a la validación de las firmas; o sea, a más tardar a mediados de 2022.

El recurso también puede ser interpuesto por el 2% de los habilitados para votar, unas 54 mil personas, dentro de los 150 días de la promulgación de la ley, que vencen a principios de diciembre. Entonces, la Corte Electoral debería llamar a un acto de adhesión que reúna al menos el 25% del electorado.

Esta “vía rápida” fue el modo adoptado, por ejemplo, para la convocatoria del 4 de agosto de 2019 contra la ley Trans, a la que apenas adhirió el 10% del electorado.

La izquierda ya neutralizó en 2002 una ley que insistía en la asociación de Antel con privados, y otra de 2003 que posibilitaba la asociación de Ancap. También sufrió serias derrotas, como el mantenimiento de la ley de Caducidad en 1989, de la ley del Ahorro Privado Previsional (creación de las AFAP) en 1996, la ley de Regulación del Sector Energético en 1999, o aspectos de una ley de Urgencia de 2001.

Un referéndum sobre la ley de Urgente Consideración será un juicio al gobierno de Luis Lacalle Pou.

Luego, a partir de 2005, cuando asumió el gobierno, el Frente Amplio frenó los referéndums y plebiscitos. Entonces, esos recursos fueron utilizados, sin mayor éxito, por sectores de los partidos Nacional y Colorado.

Ahora, como en la década de 1990, el objetivo de los sindicatos, atizados por el Partido Comunista, es mantener a su gente en movimiento, ganar popularidad y, sobre todo, contrastar con el gobierno. El sindicato de Ancap admitió que, más allá de la LUC, el objetivo de la campaña por un referéndum es una “estrategia de acumulación, organización y resistencia al modelo neoliberal, antipopular y autoritario que representa la coalición de gobierno”.

La polarización es una estrategia de moda, por izquierda y derecha, en ciertas partes del mundo. Muchas veces es solo un proceso artificioso, en beneficio de actores políticos y sindicales, a costa de reducir la calidad de las instituciones y de la vida de las personas.

A Hispanoamérica, lo que incluye a España, no le ha ido bien con la polarización, que suele dejar sociedades partidas por la intolerancia y el odio, como en tiempos de la guerra fría.

Un referéndum sobre la ley de Urgente Consideración será un juicio al gobierno de Luis Lacalle Pou. Si el gobierno lo gana, podrá vestirse bien para un nuevo triunfo en 2024. Si pierde, puede quedar muy debilitado, como le ocurrió inicialmente a Lacalle padre, tras la apabullante derrota de 1992.

Sin embargo, nada está escrito. La parte que sobrevivió de aquella ley de Empresas Públicas de 1992 permitió algunas liberalizaciones fundamentales, desde los seguros hasta los servicios portuarios, que incluso aprovechó el Frente Amplio luego en el gobierno.

Para la izquierda, un triunfo podría equivaler a un augurio glorioso, a una señal divina en tiempos de infortunio. Pero si pierde, podría prolongar su travesía del desierto y estimular las fuerzas centrífugas.