El trabajo de la comisión especial del Senado se puede resumir en la adición de 330 sustitutivos y la eliminación de 35 artículos. Esta cifra aproximada fue presentada por la presidenta de la Asamblea General, Beatriz Argimón, cuando el lunes anunció que las bancadas de la coalición de gobierno habían llegado a un acuerdo en torno al articulado del proyecto de ley de urgente consideración.
En los últimos meses el texto puso a prueba la capacidad de negociación de los cinco partidos que integran la alianza electoral, que accedieron al gobierno bajo la tutela del nacionalista Luis Lacalle Pou. Este lunes, legisladores de los partidos que integran la coalición posaron en grupo para la foto y reafirmaron las mayorías parlamentarias que en conjunto obtuvieron en las elecciones de octubre.
“Ante quienes vaticinaban que quizá podía ser difícil que nos pongamos de acuerdo, hay una ley que corrobora que es un gobierno responsable y serio”, dijo el senador Gustavo Penadés, presidente de la comisión especial que este miércoles dará inicio a la votación del articulado, antes de que el proyecto de ley se eleve al plenario de la Cámara de Senadores.
El ministro del Interior, Jorge Larrañaga, fue el primer jerarca del Poder Ejecutivo en defender el buque insignia de la administración de Luis Lacalle Pou. Desde su comparecencia, que tuvo lugar el 4 de mayo y fue una de las más reñidas con la oposición, alrededor de 120 delegaciones intercambiaron con los legisladores.
Pero la negociación en la interna de la coalición oficialista comenzó tiempo atrás, incluso antes de que Lacalle Pou asumiera la Presidencia. En noviembre, con las urnas de la primera vuelta electoral recién abiertas, los cuatro aliados del Partido Nacional buscaron que sus propuestas de campaña fueran incluidas en un acuerdo programático.
Diego Vila
Ese texto sería la piedra fundamental del eventual gobierno multicolor y –como quedó demostrado más adelante– el principal argumento para rechazar las ideas que el Poder Ejecutivo incluyó al proyecto de ley urgente sin haberlas consultado con los líderes de la coalición.
Con el acuerdo en la mano, después de que el presidente electo publicara en enero el primer borrador de la ley urgente, los socios del Partido Nacional se enfrascaron en la discusión de qué puntos agregar o retirar antes de que ingresara al Parlamento, lo que finalmente sucedió el 23 de abril.
En varios casos el partido de gobierno cedió, pero en otros se mantuvo al firme. Esto pasó con la desmonopolización de Ancap, que el mandatario dejó en el proyecto de ley hasta última instancia, a pesar de la resistencia de los colorados, Cabildo Abierto y el Partido Independiente.
Las explicaciones del ministro de Industria, Omar Paganini, en la comisión especial del Senado no convencieron a los legisladores que se oponían a implementar un cambio estructural a partir de una ley urgente, sin haberlo discutido y estudiado en profundidad.
Sin embargo, la coalición encontró un camino alternativo este viernes, en paralelo al trabajo en comisión: el artículo 230 será sustituido por otros tres. No se derogará el monopolio de Ancap a la brevedad, como pretendía el Poder Ejecutivo, pero a partir de la ley urgente el gobierno se comprometerá a presentar una nueva iniciativa sobre la regulación del mercado de combustibles antes de que transcurran 180 días.
Las negociaciones también se dieron en la interna del Partido Nacional. El principal foco de tensión fue el capítulo sobre las normas penales para adolescentes porque, mientras el ministro Larrañaga y otros dirigentes blancos apelaron a que se aprobara sin modificaciones, algunos legisladores nacionalistas hicieron campaña para suavizar la propuesta del Ejecutivo, respaldados por el Partido Colorado, Cabildo Abierto y el Partido Independiente. Las idas y vueltas se prolongaron, pero también en este caso se pudo acordar una redacción alternativa, que las bancadas de la coalición se comprometieron a votar.
La oposición
El Frente Amplio se opuso desde el principio a la ley urgente. La oposición rechaza gran parte del proyecto de ley, los plazos acotados para tratarlo y, desde que se declaró la emergencia sanitaria, también cuestiona la oportunidad de hacerlo.
En buena medida, todos estos argumentos fueron planteados por los 13 senadores de la coalición de izquierda en la sesión del 28 de abril, cuando presentaron una moción para quitarle el rótulo de "urgente" al proyecto de ley. La intención no fue acompañada por ningún legislador oficialista. El primer debate por la LUC transcurrió entre acusaciones de avasallamiento, por un lado, y de construir un relato falso por el otro.
Antes de que se diera el recambio de autoridades, en el transcurso del verano, la Mesa Política del FA valoraba que la ley de urgencia admitía "serias objeciones de índole constitucional".
Sin embargo, los legisladores frenteamplistas que integran la comisión especial se mostraron dispuestos a votar algunas propuestas del Ejecutivo. Según dijeron, hasta la noche de este martes no habían recibido todas las modificaciones acordadas por la coalición.
En algunos casos celebraron como victorias propias que se retiraran ciertos artículos del proyecto de ley. Esto pasó cuando Penadés anunció que se sacarían los artículos 367 y 368, que habilitaban la explotación y tenencia de la tierra por parte de sociedades anónimas no nominativas sin que fuera necesario el permiso del Poder Ejecutivo, como está establecido por ley desde 2007.
Algunos de los artículos que no se aprobarán:
Artículos 268: indicaba que los prestadores de servicios de telecomunicaciones podrían "celebrar de manera voluntaria acuerdos entre sí para determinar las condiciones para la ubicación o el uso compartido de sus infraestructuras, en el marco de la normativa de promoción y defensa de la competencia”.
Artículo 269: señalaba que las entidades estatales que fueran titulares de infraestructura, en especial de redes de telecomunicaciones, prestarían "servicios mayoristas sobre su infraestructura y redes a aquellos prestadores de servicios de telecomunicaciones interesados en el acceso o uso, para promover la inversión eficiente en el despliegue de redes".
Estas disposiciones suponían que Antel tuviera que arrendar su infraestructura de redes de telecomunicaciones a prestadores privados.
Paganini aseguró que el tema será abordado de manera general en la nueva ley de medios, que está a estudio de la Comisión de Industria de la Cámara de Diputados.
Parte de la oposición señalaba que en conjunto, estos artículos eran una muestra más del supuesto afán "privatizador" del gobierno. Carolina Cosse, la senadora y expresidenta de Antel, dijo que esta administración quiere
"desguazar, privatizar y vender" el ente autónomo.
Artículos 407 al 415: son disposiciones que le competen al Ministerio de Desarrollo Social.
Se sacarán a pedido del ministro Pablo Bartol, que en el correr del verano dialogó con organizaciones sociales que le plantearon la inconveniencia de los artículos.
Artículos 423 al 431: a partir de ellos se crearía la
Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias. Se votarán en otra instancia, a pedido del ministro de Salud Pública, Daniel Salinas.
