Los senadores del Frente Amplio sabían que la moción no iba a prosperar. Para poder sacarle el rótulo de "urgente" al proyecto de ley de 501 artículos necesitaban tres quintos de los votos, algo que, siendo la única bancada opositora en la Cámara Alta, difícilmente pasaría.
Pero presentaron la moción en la sesión extraordinaria de este martes, lo que derivó en casi ocho horas de dardos cruzados entre senadores del oficialismo y la oposición sobre el contenido y la forma del proyecto de ley de urgente consideración. Los únicos que se mantuvieron al margen de la discusión fueron Rosina Piñeyro, la madre y segunda suplente de Juan Sartori, los cabildantes Guido Manini Ríos y Raúl Lozano, y el nacionalista Carlos Camy.
Los senadores del Frente Amplio advertían en el texto sobre el "avasallamiento", la "afectación de las garantías democráticas" y el "abuso" de las vías constitucionales que suponía tratar un proyecto de ley tan abarcativo por la vía urgente, aun más en el contexto de la emergencia sanitaria.
Y cuando el senador Charles Carrera tomó la palabra, planteó un nuevo argumento que tomó por sorpresa a los legisladores blancos, colorados y cabildantes: al proyecto de ley le faltaban las firmas de los ministros Ernesto Talvi (Relaciones Exteriores) e Irene Moreira (Vivienda) y eso suponía "una violación flagrante de la Constitución".
Parafraseando al constitucionalista Horacio Cassinelli Muñoz, señaló que son necesarias las firmas de los 13 secretarios de Estado para presentar un proyecto de ley de urgente consideración. El dirigente del Movimiento de Participación Popular argumentó que la falta de las firmas contravenía lo dispuesto en el artículo 160 de la Constitución, que indica que el Consejo de Ministros tiene "competencia privativa" en la declaratoria de urgencia.
Diego Battiste
Este argumento también fue planteado por algunos de sus compañeros de bancada. Alejandro Sánchez –suplente de José Mujica–, expresó que Talvi y Moreira no asumieron el "costo político" al no haber firmado, dado que el proyecto de ley contempla cambios que refieren a los ministerios que lideran. Y apuntó que incluso si se tratara de un error administrativo, como los jerarcas señalaron, el trámite estaba “viciado” y por lo tanto no era válido.
Pero la obra de Cassinelli Muñoz señala que lo "más razonable" es que este tipo de ley cuente "con el consentimiento de la mayoría" del Consejo de Ministros, no de todos ellos. Por lo que buena parte de los legisladores oficialistas remarcaron que la falta de firmas no era argumento suficiente para considerar inconstitucional el proyecto de ley, basándose en los artículos 160 y 162 de la Constitución.
La senadora Graciela Bianchi, planteó que la carta magna no inhabilita a remitir estos proyectos sin la firma de todos los ministros. No obstante, se refirió a uno que en 2010 solo fue firmado por el entonces ministro de Salud Pública y actual senador, Daniel Olesker, como prueba del supuesto "récord de inconstitucionalidades" que se cometió durante el gobierno de José Mujica.
Leonardo Carreño
La discusión sobre la inconstitucionalidad de la norma que se pretende aprobar fue más allá de la falta de las firmas de Talvi y Moreira. Carrera planteó que la inconstitucionalidad "salta a la vista" y que el presidente Luis Lacalle Pou quiere "llevar adelante su programa de gobierno a partir de una herramienta que fue pensada para otros propósitos".
"Se está dando un avasallamiento del Poder Ejecutivo sobre el Poder Legislativo", remarcó Carrera, y a partir de un informe del Instituto de Ciencias Políticas de la Universidad de la República concluyó que desde el retorno de la democracia en 1985 "nadie utilizó de forma abusiva la herramienta" de la urgente consideración, a lo que se le suman las condiciones adversas de la emergencia sanitaria, que acotan la participación de la sociedad civil.
Sobre el final de la sesión, el senador nacionalista Sergio Botana planteó que la discusión sobre “lo formal“, que era el propósito de la moción, no estuvo presente. ”Lo jurídico estuvo en debate 10 minutos”, afirmó, y agregó que el resto de la sesión había sido un adelanto de la discusión parlamentaria, que quedaría "en el olvido" porque solo los legisladores frenteamplistas votarían la moción y nadie se tomaría el trabajo de leer las versiones taquigráficas de la sesión.
El concepto de "ley ómnibus" volvió a estar sobre la mesa este martes. Eduardo Bonomi, el senador y exministro del Interior se preguntó: "¿Qué tienen que ver la reforma de los artículos del Código Civil con el chorizo artesanal, la reglamentación del derecho de huelga, el pago de los salarios en efectivo, la libre importación de combustibles, el gobierno del sistema educativo, la permanencia o no en tierras de Colonización, el traslado de la dependencia de hidrografía del Ministerio de Transporte a la Administración Nacional de Puertos?"
Diego Battiste
Otros senadores de la oposición se ciñeron a cuestionar algunos artículos del proyecto de ley, como Carlina Cosse, que se refirió a las modificaciones que podría sufrir Antel, la empresa pública que presidió, si el proyecto de ley es aprobado tal como fue remitido por el Ejecutivo.
El coordinador de la bancada del Partido Nacional, Gustavo Penadés, aseguró que “de ninguna manera” iba a aceptar la “construcción de un relato que quiere hacer creer” que el partido de gobierno está al borde del autoritarismo.
“A nosotros no nos vengan a hablar de avasallamiento de los poderes del Estado”, exclamó, y agregó que hay que tener “muy débiles” concepciones democráticas para hacer algunas de las afirmaciones vertidas en la sesión.
El legislador aseguró que el proyecto de ley va a sufrir modificaciones, porque “a diferencia” de otros partidos, el oficialismo no va a mantener artículos solo para que no se “descuarejingue” la interna de los lemas que integran la coalición.
Finalmente, la moción contó solo con los votos de los senadores frenteamplistas. La comisión especial sesionará por primera vez este miércoles, a la hora 11, para designar a Penadés como presidente de la misma y definir el régimen de trabajo.
Leonardo Carreño