El Diálogo Social advierte que el gasto actual no llega al 0,1% del PIB y plantea combinar rentas generales, contribuciones específicas y aportes de usuarios para ampliar la cobertura.
Uno de los capítulos del Diálogo Social pone foco en el financiamiento de los cuidados de larga duración, un componente clave para sostener una política pública que se busca ampliar en los próximos años.
Los cuidados de larga duración son servicios de apoyo continuo para personas que, por edad, enfermedad o discapacidad, no pueden valerse por sí mismas y necesitan ayuda diaria para actividades básicas durante un período prolongado.
El documento base del proceso destaca que la creación del Sistema Nacional Integrado de Cuidados (SNIC) significó un avance en el reconocimiento del derecho al cuidado y en la generación de respuestas para personas dependientes y sus familias.
Sin embargo, advierte que la cobertura sigue siendo baja, los servicios presentan heterogeneidades en calidad y no logran atender de forma suficiente la demanda existente. A esto se suma la persistencia de niveles relevantes de precarización laboral en el sector.
En términos de recursos, el texto señala que Uruguay destina actualmente menos del 0,1% del Producto Interno Bruto (PIB) al financiamiento público de estos servicios, muy por debajo de lo necesario para alcanzar un sistema universal, cuya inversión estimada ronda el 1% del PIB.
Como ejemplo de estas limitaciones, menciona que la prestación de asistentes personales —con una cobertura promedio de cuatro horas diarias— alcanza solo al 17,8% de las personas con dependencia severa y mantiene una lista de espera cercana a las 8.000 personas.
Además, iniciativas como los centros de día no han logrado expandirse y apenas el 16% de los centros de larga estadía están habilitados, en un contexto donde la informalidad laboral en el sector rondaba el 40% en 2023.
El documento también identifica restricciones estructurales para ampliar la oferta mediante el mercado: el alto costo de los servicios limita el acceso, la necesidad de cuidados es incierta y las asimetrías de información dificultan el desarrollo de seguros privados.
Como resultado, incluso quienes podrían pagar enfrentan dificultades para acceder.
Ante estas carencias, una parte importante de los cuidados continúa recayendo en los hogares. Allí, las mujeres asumen la mayor carga, destinando en promedio 14 horas semanales más que los varones al trabajo no remunerado, lo que impacta en sus trayectorias educativas, laborales y en su autonomía económica.
A este escenario se suma la presión demográfica. Según proyecciones citadas en el texto, la cantidad de personas mayores que requerirán cuidados pasará de unas 100.000 a 120.000 en la próxima década y se acercará a 160.000 hacia 2050, con un crecimiento más acelerado de los casos de mayor dependencia.
Este aumento ocurrirá, además, en un contexto de menor disponibilidad de personas para brindar cuidados.
Frente a este panorama, el capítulo plantea la necesidad de diseñar un mecanismo de financiamiento que garantice continuidad, suficiencia y progresividad en el tiempo.
La evidencia internacional, agrega el documento, muestra que los sistemas más sólidos combinan diversas fuentes de financiamiento, lo que permite planificar a mediano y largo plazo y reducir la carga económica directa sobre los hogares.
Avanzar hacia la implementación de un mecanismo específico de financiamiento para los cuidados de larga duración, que combine aportes de rentas generales, contribuciones específicas y pagos directos de usuarios según su capacidad económica, orientado a:
Impulsar una hoja de ruta de trabajo técnico-político para:
La implementación deberá ser gradual y compatible con las restricciones presupuestales, priorizando el desarrollo institucional y la expansión progresiva, evitando compromisos insostenibles en el corto plazo, dice el texto.
En ese marco, el economista Hugo Bai había señalado a El Observador que el gobierno evalúa avanzar hacia un seguro de cuidados de larga duración, financiado mediante aportes de trabajadores, empleadores, jubilados y rentas generales.
La propuesta, inspirada en experiencias como las de Alemania y Corea del Sur, apunta a un sistema con criterios solidarios y redistributivos, donde las personas contribuyan según sus ingresos y accedan según sus necesidades.
Actualmente, advirtió, el acceso sigue dependiendo en gran medida de la capacidad de pago de las familias, en un contexto de envejecimiento poblacional que presiona por ampliar la cobertura y avanzar, de forma gradual, hacia un modelo universal.