La comisión de Hacienda integrada con Transporte de la Cámara de Diputados aprobó este miércoles con votos de todos los partidos políticos el proyecto de ley que plantea una reducción del monto de las multas por exceso de velocidad en rutas nacionales si se pagan antes del año desde la notificación.
La iniciativa había sido presentada por tres diputados de la oposición pero terminó recibiendo el respaldo del Frente Amplio e incorporó modificaciones que fueron solicitadas por el Poder Ejecutivo.
“Estamos muy conformes. Conseguimos unanimidad y trabajar entre todos los partidos políticos. Todos estábamos de acuerdo que el régimen vigente tiene cosas para mejorar”, dijo a El Observador el diputado colorado Conrado Rodríguez, uno de los impulsores del proyecto. El legislador también resaltó que en el trabajo parlamentario también terminaron ampliando la discusión e incorporando cambios a las sanciones por matrículas adulteradas, algo que reclamaba tanto el Ministerio de Transporte como el de Interior.
El texto votado en comisión plantea reducir a la mitad el monto de las multas por exceso de velocidad siempre que se paguen antes de los 180 días (6 meses) o una reducción cercana al 30% si se hace entre los 181 días y los 365. Luego del año los valores se mantienen tal como están actualmente.
Hoy la escala es gradual según la velocidad: si un conductor sobrepasa el límite de velocidad por hasta 20 kilómetros por hora la multa es de 5 unidades reajustables ($9.570), si lo hace por entre 21 km y 30 km son 8 UR ($15.120) y si lo hace por entre 31 km y el doble menos 1 km es de 12 UR ($ 22.968).
Si el conductor supera el límite de velocidad por más del doble el monto se mantiene en 15 UR ($ 28.710) y no hay posibilidad de reducirlo.
El proyecto incluye, sin embargo, que la reincidencia es un factor a tener en cuenta para aplicar los descuentos. El vehículo que haya tenido tres multas en el año calendario no podrá obtener los descuentos en los montos de las multas, dice el proyecto presentado.
Ahora el proyecto pasará al plenario de Diputados y será votado entre el 12 y el 13 de mayo. Luego tendrá que pasar por el Senado.
Otros cambios
El proyecto votado plantea dos cambios vinculados a la problemática de las matrículas adulteradas. Por un lado, el proyecto aumenta de 4 UR ($7.664) a 15 UR la multa por "circular sin matrícula, con matrículas adulteradas con el propósito de cambiar su identificación original u ocultarla de forma deliberada".
Otro punto que también reclamaba el Poder Ejecutivo, y que fue recogido por el proyecto, era que el Ministerio de Transporte pudiera fiscalizar el tema de la modificación de matrículas. Por eso el proyecto incluye un artículo que faculta a la Dirección Nacional de Vialidad a "a aplicar multas a titulares de vehículos que circulen con matrícula adulterada en jurisdicción nacional". Hasta ahora lo podía hacer Policía Caminera que depende del Ministerio del Interior.
Los fondos recaudados por esas multas serán destinados, dice el proyecto, a la ejecución de obras de infraestructura vial.
En 2025 se detectaron 684.375 incidentes sancionables. Esos incidentes luego son depurados –se eliminan, por ejemplo, las ambulancias en emergencias o los patrulleros en operativos– y a partir de esos números el Ministerio de Transporte aplicó unas 113 mil multas a vehículos nacionales y más de 105 mil a extranjeros (218 mil en total).
Sin embargo, en 2025 hubo 330 mil multas que no se pudieron aplicar porque la matrícula estaba adulterada, tapada o no existía. Es decir, casi la mitad de los incidentes que se registran no se pueden sancionar por ese motivo y, en promedio, el 80% de los que no se pueden identificar son motos.
Por último, los legisladores también acordaron modificar el artículo 26 de la ley 19.824 para quitar la obligatoriedad que actualmente tiene el Poder Ejecutivo de adoptar las propuestas realizadas por el Congreso de Intendentes.
La normativa actual establece que el Poder Ejecutivo “reglamentará los valores de las sanciones de todas las infracciones de tránsito, adoptando la propuesta realizada a la Unidad Nacional de Seguridad Vial por el Congreso de Intendentes”. La nueva redacción dice que el Poder Ejecutivo reglamentará los montos “teniendo en consideración” la propuesta de los intendentes.
Este cambio no es menor ya que el Congreso de Intendentes ya elevó una propuesta de reducción de los valores de las multas pero lo ata al vencimiento de la primera cuota de la patente. El Poder Ejecutivo todavía no reglamentó ese cambio.
