"Lo que resolvió la bancada de senadores del Frente Amplio, en combinación con el Poder Ejecutivo, fue que este artículo, tal como estaba redactado, se retirara de la discusión parlamentaria sin perjuicio de que, evidentemente, en el proceso de discusión parlamentaria, ojalá puedan encontrarse fórmulas que sean de consenso y que permitan resolver los problemas que pretendíamos solucionar con la redacción original", agregó.
El prosecretario de la Presidencia también defendió otro cambio a la LUC que incluye el proyecto y es la restitución de la suspensión condicional del proceso, que implica que si la persona que cometió determinados delitos cumple con determinados requisitos se le borra el antecedente.
Díaz dijo que para una persona tener o no antecedentes "no es un problema menor; no es lo mismo andar por la vida con uno o dos antecedentes que no tenerlos". Además, afirmó que "lamentablemente", esa eliminación deriva en "la impunidad porque en algunos casos, el caso se lleva y se hace un abreviado y, en otros, como no existe la posibilidad de la suspensión, termina en una impunidad".
Aseguró que se trata de un instituto "válido". "Como dijo el profesor (Gabriel) Valentín este instituto fue caricaturizado por algunas malas aplicaciones que eran caricaturizables, pero en definitiva el instituto sigue siendo bueno".
Por otra parte explicó la decisión de eliminar el fichar a la persona cuando se inicia el proceso y se formaliza la investigación, dado que el estándar del procesamiento es diferente al de la formalización. "Se está proponiendo no ficharlos, pero sí hacer una comunicación para que quede un registro de que existe una formalización; además se dice a texto expreso que no conlleva la pérdida o suspensión de la ciudadanía, algo que fue discutido hace poco tiempo".
El "abreviado" bajo la lupa: ¿Institucionalización o mercado?
El proceso abreviado concentró gran parte del debate en la comisión. Díaz defendió el instituto, calificando como un "mito" que en el sistema anterior no se negociara: “Se hacían acuerdos todos los días. ¡No estaban escritos en ningún lado, pero también se negociaba! ¡Vamos a decir las cosas claras! Se negociaba, por ejemplo, si era con o sin prisión, y cuando me refiero a que se negociaba quiero decir que hablaban en el juzgado directamente el fiscal, el juez y el defensor sobre el punto ¡Y muchas veces hasta se acordaba la duración de la prisión preventiva! «Pedime la libertad en tanto tiempo, que sí te la concedo». ¿Eso no es una negociación? Cuando los abogados defensores giraban por la fiscalía y los juzgados penales tratando de conseguir la libertad, ¡se negociaba! ¡Entonces, vamos a desmitificar que en el sistema anterior no se negociaba porque se negociaba!”
Esta afirmación generó la reacción de la senadora Graciela Bianchi (Partido Nacional y presidenta de la comisión) quien advirtió sobre el peligro de "extrapolar épocas" y criticó la "institucionalización de la negociación" que hoy rige el sistema.
Para mitigar las críticas sobre la falta de garantías en estos acuerdos, Díaz destacó una nueva causal de revisión muy potente: si se demuestra que el consentimiento del condenado estuvo viciado o no existió, la Suprema Corte de Justicia podrá revisar la condena.
Antes el procesalista Valentín había explicado que también se refuerza el control del juez en cuanto a las condiciones del acuerdo. Y sobre la posibilidad de revisión del abreviado, consideró que es "una herramienta muy interesante para atacar esos focos de eventuales problemas que existan con el consentimiento".
Por su parte, la fiscal Valeria Bovio reconoció que el sistema hoy se rige básicamente por acuerdos y que, aunque se intentó ampliar el abreviado a casos de in fraganti delito, la necesidad de consensos lo dejó fuera del proyecto.
El penalista Florencio Macedo, en representación del Colegio de Abogados, dijo que existe consenso en que el proceso abreviado es "una muy buena solución en la inmensa mayoría de los casos". Se refirió a una investigación que hicieron consultando a los condenados por ese mecanismo y dijo que "en un muy alto porcentaje, estaban de acuerdo con las bondades del proceso abreviado, que les evita la amarga necesidad o las miserias de un proceso penal, que es en sí una pena".
"Increíblemente, la prisión preventiva se cumple en peores condiciones que la condena, es decir, el sujeto prefería acordar y estar condenado, a estar en prisión preventiva", afirmó.
En tanto, la fiscal Adriana Edelman dijo que ha sido difícil de trasmitir a la ciudadanía de qué se trata esto. Parecería que es una especie de contubernio que se hace en un cuarto cerrado, donde se pactan cosas. "Creo que hay que desmitificar el abreviado en cuanto a que se trata de una imposición del fiscal y entender que un fiscal nunca podrá hacer un abreviado sin el primer control que hace el defensor y el segundo control que hace el juez".
"La realidad es que probablemente incidan las cuestiones que mencionaba el senador Ojeda, como el módulo 8, entre otras. Nosotros legislamos en una realidad que escapa a nosotros. La responsabilidad del sistema carcelario y las condiciones en que están los presos, que después van a hacer los acuerdos con los fiscales y con sus defensas, escapa a lo que puede ser la regulación de un sistema", dijo Edelman.
Plazos de investigación y objetividad de los fiscales
A su turno, el ministro del tribunal de apelaciones penal Marcelo Malvar dijo que en la reforma se prevén mecanismos para remediar, en el caso de que se sospeche que la fiscalía no estuviera aplicando el principio de objetividad. En ese caso, dijo, "existe la posibilidad de pedirle al juez que urja a la fiscalía determinadas evidencias, que pueden ser evidencias a favor de la propia defensa, naturalmente, o pedir esa evidencia al tribunal, al juez en forma directa. Hoy ya se está haciendo eso; en la práctica se está haciendo, pero no es totalmente pacífica".
Por su parte el senador Andrés Ojeda (Partido Colorado) puso sobre la mesa la preocupación por la falta de un plazo máximo de investigación previo a la formalización. Al respecto, la fiscal Bovio reveló que hubo una "firme oposición" de la Fiscalía a establecer plazos específicos, entendiendo que esto condicionaría excesivamente su funcionamiento.
La prisión preventiva por "la gravedad del delito"
Otro punto de intercambio entre el grupo asesor técnico y los legisladores fue la prisión preventiva.
El ministro del tribunal de apelaciones José María Gómez dijo que "en la mayoría de los casos se aplica la prisión preventiva como medida cautelar en función de la gravedad del delito" y agregó que "pasado determinado tiempo las situaciones empiezan a cambiar y de manera favorable para el imputado. ¿Por qué? Porque los riesgos tienden a cesar, pudiendo llegar, incluso, a neutralizarse y quedan tan pocos para poder debatir que llega un momento en que la fiscalía no tiene otro argumento que la gravedad del delito. No es un argumento suficiente para mantener la medida, pero puede abrir la puerta para la aplicación de otras medidas establecidas en el Código como la que se aplica generalmente. Me refiero a la del arresto domiciliario con dispositivo electrónico para evitar precisamente la fuga, un peligro que ha disminuido considerablemente".
Ante esa afirmación, Ojeda señaló que "pinta de cuerpo entero" aspectos que afectan al proceso. "Los criterios de prisión preventiva son estrictamente subjetivos. Hay prisión preventiva en caso de peligro concreto de fuga. Si entendemos que la gravedad del delito dispone una prisión preventiva la estamos preceptivizando", planteó
"Con el mayor de los respetos, me cuesta ver cómo un peligro de fuga se da naturalmente por la gravedad del delito y después cesa por el paso del tiempo, en alguna de las audiencias subsiguientes donde se revisa la prisión preventiva. Entonces, acá vemos cómo lo que ponemos en la letra de la ley después termina siendo de aplicación todos los días", afirmó el senador.
