El referéndum de 1992 derogó cinco de los 32 artículos de la Ley de Empresas Públicas, pero su efecto fue más fuerte que eso. Implicó una derrota para el gobierno blanco liberal de Luis Alberto Lacalle, de la que le costó levantarse. Lo desgastó y esa debilidad se tradujo en flojedad para defender sus políticas, y su equilibrio fiscal se convirtió en déficit; y sus logros se vieron devaluados.
En lo económico significó el "alto" a la ofensiva liberal por desmonopolizar y privatizar, aunque eso fue parcial. ANTEL siguió siendo del Estado, pero luego –por razones de tecnología o gracias a hendijas legales– se abrió el campo a la competencia en celulares, larga distancia y otros. Pluna pudo ser privatizada, Industrias Loberas y Pesqueras del Estado (ILPE) fue liquidada, los servicios de energía se abrieron a privados, la compañía del gas se vendió, y luego se hizo la apertura del puerto, entre otras más.
Aquella ley, de alguna manera, abrió un camino que continuaron otros gobiernos. A nivel nacional este fue el primer referéndum exitoso en la historia del país.
La derrota del Frente Amplio (FA) en 1989 en el referéndum contra la ley n.° 15.848 de caducidad (especie de amnistía para militares de la dictadura) fue clave para la victoria siguiente de la izquierda y aliados. La revisión de firmas en esa oportunidad (para corroborar que correspondieran al titular de la credencial registrada) fue tan compleja que luego se votó una ley para "facilitar" el instrumento. Se pidió menor número de firma iniciales y que el requisito de 25 % de habilitados se expresara en instancias con voto.
En esta oportunidad, la campaña fue de los sindicatos de ANTEL y de Pluna con apoyo del FA, dividido al inicio y unido al final.
El 5 de julio de 1992 fue la primera jornada de votación, con una concurrencia de 479.754 personas. Hubo 439.619 papeletas blancas para recurrir parcialmente la ley y 21.035 papeletas rosadas para intentar borrar toda la norma (en porcentaje de habilitados, 18,9 % y 0,9 %, respectivamente), bastante lejos del 25 % requerido originalmente. El gobierno festejó. Y para los que se oponían a las privatizaciones eso fue una "mojada de oreja".
El 1o de octubre de 1992 fue la segunda jornada para adherir, y se registraron 738.405 votos: 693.688 de papeletas blancas (30,5 % de los habilitados) y 14.960 de hojas rosadas (0,6 %). En consecuencia, la Corte Electoral convocó a referéndum para el 13 de diciembre.
La movida política había sido inteligente: fue contra los artículos que no había votado el Foro Batllista de Julio María Sanguinetti, la Cruzada de Pablo Millor, y el blanco Alberto Zumarán. Eso dio una base de apoyo amplia a la derogación parcial.
Con 2.345.077 habilitados y voto obligatorio, por el "sí" a la derogación votaron 1.289.503 (66,3 %), por el "no" (mantener vigente la ley cuestionada) lo hicieron 489.847 (25,2 %). Hubo 22.136 votos en blanco y 36.760 anulados. No fue necesario abrir los 107.888 observados.
A diferencia de lo que algunos creen, la ley n.o 16.211 quedó vigente, pero los artículos 1o, 2o, 3o, 10 y 12 fueron derogados. Se pudo privatizar Pluna, liquidar ILPE, avanzar en la desregulación de UTE, y vender la Compañía del Gas, entre otros. Pero no se pudo privatizar ANTEL.
Marcó una era. Luego hubo varias movidas en este sentido. La mayoría fracasaron y ni llegaron a votarse. Pero en 2002 volvió a triunfar el sindicato de ANTEL, cuando obligó al gobierno de Batlle a derogar la ley que habilitaba a la empresa a asociarse con privados, que iba camino a caer en un referéndum que asomaba triunfante.
En 2003 ganó el sindicato de ANCAP cuando derogó en referéndum la ley de reforma del ente, y un año después el sindicato de OSE logró la victoria en plebiscito por la enmienda constitucional de estatización de servicios de agua potable.
Y luego llegó el FA al gobierno y no hubo más referéndum.
Fue un hecho histórico. Victoria frentista que derogó la ley (una parte, en realidad) y dividió y debilitó a la coalición blanco-colorada. Victoria sindical, en defensa de sus puestos de trabajo inamovibles, con el argumento de "la defensa del patrimonio" y de valores nacionales.
Tuvo sus consecuencias políticas: el avance del FA hacia el gobierno nacional estuvo marcado por aquella votación.
Pero en lo económico, aunque ANTEL sigue siendo estatal –y ha sido una usina de vergonzoso despilfarro–, lo cierto es que la tecnología rompió ese privilegio, y los uruguayos aceptaron gustosos.
Y muchos sindicalistas tienen teléfono de compañías privadas.
Esta nota forma parte de la publicación especial de El Observador por sus 25 años.
