Y sus primeras apariciones no dejaron dudas sobre su estrategia: extremar la polarización con la oposición, no solamente por la recesión y el endeudamiento heredado de la gestión macrista, sino también por lo que ella considera una crítica no constructiva sino inspirada por un deseo de sabotaje.
Cristina advirtió que cuando pase la pandemia, la oposición “va a tener que rendir cuentas”. Y en esa frase englobó la ya anunciada denuncia penal contra Macri por haber contraído una deuda de US$ 44.000 millones con el Fondo Monetario Internacional. Pero, además, hizo extensiva la advertencia a quienes habían criticado la política sanitaria, al oponerse a la cuarentena estricta o por poner en duda la eficacia de las vacunas.
Fue así que pasó a cuestionar ya no sólo a sus rivales políticos sino a toda una corriente de clase media por hablar mal del país en los medios de comunicación y en las redes sociales. “Creo que en el fondo no quieren a la Argentina. Siento que a los que odian es a los argentinos y no lo quieren decir. Se quieren ir y no se pueden ir algunos”.
Después de Cristina, funcionarios de alto nivel del gobierno continuaron el discurso en el mismo tono, como el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, quien dijo en un acto oficial: “Argentina no es ese país de mierda que a veces nos tratan de retratar”.
Y agrego que “el destino para nuestras juventudes no puede ser Ezeiza; tiene que ser desarrollarse en un país que brinde todas las condiciones económicas, sociales y culturales para hacerlo”. Era una alusión en línea con otro argumento kirchnerista: que hay un sector social que está “militando el exilio”.
ESTEBAN COLLAZO / Argentinian Presidency / AFP
Cristina Fernández tomó protagonismo en las últimas semanas
Los “varados”: de villanos a víctimas
Hasta ahí, la cosa no había pasado de la guerra retórica. Pero tomó visos más serios cuando el gobierno tomó la medida de limitar a un cupo 600 personas los habilitados para regresar al país después de haber salido de vacaciones. El argumento era que, de esa forma, se podría controlar mejor que no hubiese una propagación de la variante Delta del coronavirus.
Como el cupo habilitado que regía antes de la medida era de 2.000 personas, inmediatamente se generó un problema logístico de proporciones. Eran unos 20 mil argentinos que quedaron varados en el exterior, y debieron extender de manera imprevista sus costos de estadía.
Y ocurrió lo inevitable: el debate sobre si los varados en el exterior son víctimas a las que el gobierno les pisotea sus derechos constitucionales o si son personas irresponsables y egoístas que -a pesar de haber firmado una declaración de consentimiento a medidas de emergencia- pretenden poner en riesgo la política sanitaria en plena pandemia.
La cuestión fue enseguida “trending topic” en las redes. Los cibermilitantes afines al kirchnerismo acusaron a los varados de ser gente privilegiada, que después de hablar mal del país descubre que en el exterior no se vive tan bien y que los costos son más altos.
Hasta hubo, al inicio, declaraciones de funcionarios que minimizaron la gravedad del tema, mientras las aerolíneas nucleadas en IATA advertían al gobierno sobre los riesgos de dejar al país aislado y a sus ciudadanos desamparados. “No es tan grave, se van a quedar unos días más de vacaciones” fue la expresiva frase de Florencia Carignano, directora de Migraciones, que subió los decibeles de la polémica.
Y, del otro lado, empezaron a conocerse relatos dramáticos de la gente afectada. Ya el primer día un médico denunció que, por la cancelación de un vuelo de Estados Unidos, se había perdido la donación de cinco córneas destinadas a trasplantes.
Y todos los días en televisión se ve algún “varado” que cuenta, por ejemplo, que es diabético y está a punto de quedarse sin medicación. O que viajó a vacunar a un hijo discapacitado porque en Argentina no llega la vacuna de Pfizer. O que simplemente se quedó sin dinero para costear su estadía y no tiene dónde dormir.
El tema de los varados pasó a formar parte de los análisis de politólogos. Entonces el debate pasa por si el tema le resultará indiferente al gobierno, porque el perfil de turista que puede costearse un viaje a Miami coincide más con el votante macrista que con el kirchnerista, o si igual va a pagar un costo político por los relatos dramáticos que se escuchan a diario.
JUAN MABROMATA / AFP
El gobierno argentino se enfrenta al sector rural nuevamente
Y la mayoría cree que el gobierno cometió un error de cálculo. Primero, no tener en cuenta que, con un cupo de solo 600 personas, la vuelta de todos los turistas podría llevar meses. De hecho, ya hay señales de una reversión en la medida, al aceptarse la vuelta de gente en “situación especial”.
El segundo error es que, a diferencia de lo planteado inicialmente, sí hay un importante porcentaje de los turistas que son partidarios del gobierno. De hecho, uno de los temas más comentados fue si se les daría prioridad a personalidades del ambiente televisivo que estaban también en esa situación.
Pero, sobre todo, lo que apuntan los analistas es que la forma de recuperar la simpatía de los sectores de ingresos más bajos no puede ser la demostración de resentimiento hacia la clase media.
Para el politólogo Marcos Novaro, esta medida se inscribe en una política que busca culpar a otros por errores del propio gobierno, y en consecuencia promueve “el odio colectivo, contra los ricos, los porteños, los empresarios y las democracias pluralistas y desarrolladas, los que quieren las escuelas abiertas y en general todos los que molestan con sus críticas, o su mera existencia”.
Y agrega que, justo cuando el gobierno sufre más las críticas por la mala gestión de la campaña vacunatoria, encuentra una buena oportunidad para transferir culpas: dice que esa ola de turistas argentinos es responsable del ingreso del virus, dado que con una conducta egoísta e irresponsable no cumple con las normas de la cuarentena.
Pero es un discurso con fisuras: después de todo, quienes llegan a Ezeiza lo hacen después de haber pasado por un test PCR y, en un alto porcentaje, después de haberse vacunado durante su estadía en el exterior.
Otra vez, pelea con el campo
Mientras en los medios se debate por este tema, hay un regreso intenso de un conflicto que, en el fondo, nunca se había ido del todo: el del kirchnerismo con la clase media rural. La acumulación de medidas intervencionistas, y en particular el cierre a la exportación de carne, disparó una protesta nacional en coincidencia con el feriado del 9 de julio.
Al principio, los medios kirchneristas hicieron aparecer ese movimiento como la expresión de un sector ultra, ligado a ex funcionarios macristas, que no eran representativos del campo. Pero con los días la adhesión a la protesta aumentó hasta hacerse masiva.
Como ya había ocurrido en otras oportunidades -como en el intento de estatización de la cerealera Vicentin o como en el cierre de exportación de maíz el verano pasado-, el presidente Fernández intentó enviar señales para descomprimir la tensión.
Pero el daño ya estaba hecho: impulsadas por los sectores más radicales del kirchnerismo, las medidas dejaron en claro que una parte del gobierno sigue considerando a los productores rurales como privilegiados que no quieren colaborar cediendo parte de una “renta extaordinaria” lograda no gracias a su mérito sino por efecto del boom internacional de precios.
Claro que la versión desde el otro lado es la opuesta: los productores se quejan de que se están fundiendo por la presión impositiva y que el gobierno, lejos de haber conseguido bajar los precios del mercado interno, sólo fomentó el encarecimiento de la carne.
Esa clase media de tipo rural es formadora de opinión y, en el imaginario argentino, está muy ligada al sector más productivo y dinámico del país. No por casualidad, los gobernadores peronistas de las provincias productoras tomaron distancia de las medidas del gobierno y las criticaron.
El propio Alberto Fernández, que era jefe de gabinete de Cristina cuando el histórico conflicto de 2008, sabe el costo político de pelearse con el campo. Pero la lógica electoral tiene una dinámica propia, y el presidente no puede evitar que la tensión con la clase media sea la tónica de la campaña.
