Elcomienzo de las reuniones del Consejo Superior Tripartito del sector privado es el primer desafío de los muchos que surgirán en la etapa pospandemia y simultáneamente es un punto clave en el objetivo de recuperar el crecimiento perdido no solo en el período pandémico sino en los años finales del gobierno frenteamplista. Aunque disimulada por errores en las mediciones u otros avatares de las arrevesadas estadísticas orientales, las cifras corregidas de ese lapso muestran también una baja en el empleo que es la variable más preocupante de la economía.
El salario, como costo laboral, es parte de la pugna natural entre la empresa y los trabajadores, y en tal carácter debería resolverse entre los interesados. Sin embargo, en aquellos países donde existe una central única de trabajadores y un gremio único por actividad, esa puja es menos natural, menos racional y muchas veces contraria a los propios trabajadores, y también a grupos y formatos trascendentes de empresas, como las Pyme, lo que termina conspirando contra el empleo y finalmente contra el crecimiento.
Ese criterio unitario de asociación forzada es coherente con la fortaleza en la negociación predicada por Marx desde su famoso “Proletarios del mundo, ¡uníos!”, pero en la práctica y en el momento actual de la sociedad mundial, de la estampida tecnológica y de los cambios de hábitos irreversibles acelerados por la pandemia puede ser suicida; para los trabajadores, para las empresas y para el país. Y es mucho peor cuando no hay ningún correlato entre el aumento de salarios que se pretenda y el output individual y del país.
En esta instancia global en que el Estado subsidia de varios modos - tradicionales y nuevos - el desempleo, la discusión de condiciones laborales y salariales se distorsiona aun más, porque la ayuda estatal no puede ser retirada cuanto más grande sea la falta de trabajo, y porque la suma de los subsidios que reciba cada uno será tomada como base de comparación por los trabajadores. La íntima frase “por esta plata me quedo en casa y vivo del subsidio y de las changas”.
Abandonando por un momento su papel de partido político tratando de derogar la LUC, el PIT-CNT, esta vez de pleno derecho, defiende como cree conveniente al sector laboral, y al mismo tiempo, menos conspicuamente, defiende su condición monopólica y la de los gremios únicos por actividad, que habrá que aceptar que son mecanismos bastante poco democráticos para un país que se precia de haber poliarquizado a la mismísima democracia, lo que no ocurre exactamente en el plano laboral.
Uruguay enfrenta en este punto el mismo drama que el resto del mundo, (increíblemente no es distinto): la obsolescencia de hábitos y preferencias de consumo y las nuevas necesidades que simbolizan el bienestar, lo que siempre ocurre, pero que internet, las tecnologías, el streaming, la globalización y la logística cuentapropista han potenciado hasta el vértigo. A la vez que ha acostumbrado a la sociedad a una cierta mediocridad despersonalizada y de poca privacidad, pero ese es otro tema.
Y su intríngulis es también similar. Esos cambios en el consumo, y la correlativa obsolescencia de empresas, habilidades laborales, tipo de educación o formación e ingresos de todos los factores, conducen siempre a una resistencia unificada que lleva al embudo del proteccionismo, el atraso, la ineficiencia y finalmente la quiebra de las empresas y la destrucción del empleo. El Estado, por demanda de la población o por propia decisión, reacciona tratando de demorar los cambios y sus consecuencias, pero solo logra, en todos los casos, gastar más y transformarse en una demanda laboral falsa sin contrapartida, que demora y atrasa cualquier adaptación a la realidad, con los efectos consecuentes.
Aquí el gobierno, cualquiera que fuese, las empresas, representadas en todos sus formatos y tamaños y el PIT-CNT, o el conjunto de trabajadores, si se prefiere, tienen un punto de unión, si lo saben aprovechar. O de drama social, si no lo comprenden. Todas las sociedades son o serán partidas por esa grieta en la preferencia y necesidades de consumo. Se ve claro en China y en Estados Unidos, aunque ambos países estén reaccionando de modo diferente. Hay un tajo entre las empresas y trabajadores, según su grado de especialización, transformación e inversión. Ese tajo se profundiza hasta la desaparición de la fuente de trabajo y hasta la desocupación permanente de los individuos que también se han vuelto inhumanamente obsoletos.
Por supuesto que la solución facilista es que el Estado se haga cargo de todas esas remuneraciones sin destino ni futuro ni demanda. Lo que dura un instante, hasta que se acaba la plata y llega el impuesto sistémico que termina con el trabajo y el bienestar.
El otro camino es obligar a todos los factores a un sistema salarial único e igualitario, dentro de cada actividad, lo que elimina de un plumazo a miles de pequeñas empresas y sus empleos. O a un sistema único para todos los trabajadores, lo que elimina del mercado de un golpe a todos quienes se han quedado atrás en su formación o capacitación, por culpa de quien fuese.
Como ya ocurre en tantos mercados, la mejor variante, aun dentro del apotegma anacrónico de Marx, sería dividir la discusión laboral y salarial no sólo según actividad, sino en ramas, zonas, tamaño de empresas, y hasta por empresa individual en los casos relevantes.
El presidente Biden está en este momento enfrentado al problema que le plantea su propia generosa promesa de subir el salario mínimo, que dejará fuera del mercado y del empleo a millones de trabajadores con poca capacitación, o cuya especialidad ya no es requerida.
Curiosamente, el único caso en que tal cosa existe localmente, para mal y constitucionalmente, es en el de los empleados públicos, que no tienen ninguna necesidad de modernizarse, formarse ni ser eficientes.
Si se insiste en una discusión meramente salarial y de condiciones, en un mercado mundial y local donde mueren y nacen a diario miles de empresas, alternativas y capacidades, el camino es de colisión inevitable, con el consecuente daño al crecimiento, al bienestar y al empleo. Por eso la discusión tiene que cambiar.
Siempre se machaca en la necesidad de buscar acuerdos de fondo, políticas de Estado, criterios unificados al menos en los principios mínimos. Este es el caso básico.
Si simplemente se trata de reclamar más salarios en todos los sectores con prescindencia de las particularidades especialísimas de cada actividad, tamaño y formato empresario, capacidades, necesidades y posibilidades comerciales del producto final y su costo, y de la coyuntura mundial, no es difícil vaticinar lo que ocurrirá.
Mucho más en una economía que necesita inversiones y nuevos mercados y productos atractivos desesperadamente.
Muchos dirigentes sindicales creen que este enfoque les quita poder, y acaso otros privilegios. El concepto de la Nueva Clase también se les aplica. Sin embargo, analizar lo que ocurre mundialmente desde el punto de vista meramente ideológico o de conveniencia de política gremial es un disfavor a los trabajadores y al país.
