El presidente Biden renovó la Orden Ejecutiva que permite imponer sanciones a Venezuela

La medida fue implementada por primera vez por el expresidente Barack Obama en 2015 citando una "amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos". La directiva estaba acompañada por sanciones específicas contra siete funcionarios venezolanos.

La Orden 13.692, que ha sido renovada por un año más, brinda una base jurídica amplia para que Estados Unidos continúe imponiendo medidas unilaterales contra la República Bolivariana de Venezuela y el presidente Nicolás Maduro.

Estados Unidos afirma que la OE “no está dirigida a la gente o la economía de Venezuela”, sino que se enfoca en los individuos. Sin embargo, especialmente en los casos en que las personas alcanzadas por las sanciones han sido funcionarios gubernamentales, el impacto de las mismas ha sido mucho más amplio.

En 2021, luego de una visita a Venezuela, la Relatora Especial de la ONU sobre el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales sobre los derechos humanos, Alena Douhan, señaló que “el estado de emergencia nacional anunciado por el Gobierno de los Estados Unidos el 8 de marzo de 2015 como causal para la introducción de sanciones contra Venezuela, y reiteradamente extendida, no corresponde a los requisitos del artículo 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”.

Douhan enfatizó que las sanciones unilaterales contra los sectores económicos de Venezuela, incluidos el petróleo, la minería y el oro, constituyeron una “violación del derecho internacional”. Y agregó que “el propósito anunciado de la campaña de máxima presión bajo el presidente Donal Trump para cambiar el Gobierno de Venezuela violó el principio de igualdad soberana de los estados y constituyó una intervención en los asuntos internos de Venezuela”.

Si bien Estados Unidos no ha tenido éxito en sus esfuerzos por derrocar al presidente Maduro, no ha cesado en la implementación de medidas cuyo resultado es el debilitamiento de la economía del país.

El presidente Biden ha mantenido gran parte del legado de la legislación de sus predecesores sobre Venezuela, particularmente los paquetes de sanciones de los años 2017 y 2019, dictadas durante la presidencia de Donald Trump.

Las sanciones, acompañadas de un embargo económico y la incautación de bienes del Estado, han provocado un aumento múltiple de la inseguridad alimentaria y brotes de enfermedades, al tiempo que han negado a cientos de miles de personas el acceso a tratamiento médico. También han obstaculizado la capacidad del gobierno para construir o reparar infraestructura civil básica.

(Con información de agencias)