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El riesgo de una ley de eutanasia

El riesgo de una ley de eutanasia: la opinión de Ana Guedes
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23 de noviembre de 2023 a las 05:01

Fue muy tranquilizador leer el  análisis del Proyecto de Ley de Eutanasia hecho por  la Ministra de Salud Pública, Dra. Karina Rando, junto con la Directora del Programa Nacional de cuidados Paliativos, Dra. Adriana Della Valle, en  la Comisión de Salud del Senado. Es de lectura obligada para cualquiera que quiera opinar sobre este asunto. Señaló múltiples y graves carencias que no parecen haber sido percibidas por los parlamentarios que la aprobaron en diputados, salvo honrosas excepciones que las han señalado.

Quiero compartir mi perspectiva, cultivada en mi larga experiencia en atención a pacientes crónicos, en sus diferentes etapas, como internista y paliativista.

Para que podamos imaginar el impacto de una ley de eutanasia (considerando el proyecto con media sanción), pensemos que un médico tuviera que evaluar la petición de eutanasia de pacientes como los siguientes. En todos, debería aprobarla, a pesar de que hay recursos sanitarios para reducir su sufrimiento en estos casos, que son habituales, cotidianos.

1- María, atendida en policlínica, tiene 60 años, hipertensión arterial, diabetes e insomnio que requiere varios fármacos. Expresa mucha angustia, que no puede pagar su  tratamiento por problemas económicos y que prefiere morirse a seguir luchando. Tiene dos enfermedades crónicas e incurables que afectan su calidad de vida (“con grave y progresivo deterioro”, como dice el proyecto), por lo que tendría “derecho” a pedir eutanasia.

2- Juan tiene 40 años, visitado en domicilio, donde vive solo, sufrió accidente de moto, con traumatismo de cráneo grave que requirió cirugía y amputación de miembro inferior. Tiene una significativa limitación para caminar y no accedió a prótesis. Ha perdido habilidades para vestirse, higienizarse y de lenguaje. Perdió su trabajo y no tiene familia. Le expresa al médico que lo mejor habría sido haber muerto, así no tenía que pasar por esto. También tiene una condición crónica, con la que podría vivir muchos años, que le provoca sufrimientos que afectan gravemente su calidad de vida. Sería candidato a eutanasia, según el proyecto.

3- Rosa, con  85 años, insuficiencia renal, en diálisis, hace muchos años. Manifiesta pérdida de memoria y atención, debilidad y postración, se confunde, enviudó hace poco y tiene gran tristeza. Padece enfermedad renal crónica avanzada irreversible. Es cuidada por su hija que no vive con ella. Le expresa a su médico: “quiero irme con mi esposo, esto no es vida y no quiero ser una carga para mi hija”. Cumple los requisitos de admisibilidad para la eutanasia, según el proyecto.

4- Pedro, trabajador rural, 65 años, casado, con hijos adolescentes, consulta en puerta de  urgencia traído por ambulancia por dolor. Tiene cáncer de próstata con metástasis en huesos. Está en tratamiento por oncólogo que le informó que puede responder con buen control de enfermedad si lo cumple. Es un paciente oncológico crónico, avanzado, irreversible, no terminal. Tiene dolor severo por las lesiones, y los calmantes que se le administran no logran aliviarlo. Su oncólogo pidió consulta a cuidados paliativos, pero no llega la cobertura del hospital hasta su zona. Le pide  al médico que le dé  “algo” para darle muerte y  terminar con el sufrimiento. Candidato a eutanasia según el proyecto.

Si estos cuatro pacientes conocieran que hay una ley de Eutanasia e hicieran el pedido, cumplen criterios definidos en el art. 2 del proyecto de ley. Todos son legalmente capaces, pues no está declarada su incapacidad, y podrían ser considerados “psíquicamente aptos”, requisito que el proyecto no define, según lo que el médico entienda.

El proyecto no limita la eutanasia a enfermedades terminales, ni a patologías incurables: toda “condición de salud” (aunque no sea una enfermedad) “irreversible” está incluida. Como dijo la Ministra Rando: “las condiciones de salud crónicas” “pueden ser infinitas”. “El Programa Nacional de Discapacidad del Ministerio de Salud Pública se expide al respecto y dice que la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU declaró en el 2021 que la discapacidad no debe ser nunca base o justificación para poner fin a la vida de nadie, sea de modo directo o indirecto. Esto es –reitero– una resolución adoptada por la ONU en el año 2021”.

¿Y cuál es la respuesta de la sociedad a esas situaciones de sufrimiento que propone el Ministerio de Salud Pública? “…ante la situación de una persona que manifieste su voluntad de recibir una muerte asistida, es menester que, según el caso, se vayan agotando todas las medidas hoy disponibles, como la rehabilitación, los cuidados paliativos, los tratamientos psiquiátricos y otras medidas adecuadas a la situación particular de las personas, antes de considerar una medida extrema o irreversible.”

¿Y el proyecto no prevé los cuidados paliativos? Sí, pero dice que el médico le dará al paciente “información acerca de los tratamientos disponibles, incluidos los cuidados paliativos”. Sólo se debe dar “información”, y no de todos los cuidados que necesiten, sino sólo de los “disponibles”. Y lo que entiende el Ministerio de Salud Pública, y la recientemente sancionada ley de cuidados paliativos, es que todos tienen derecho a cuidados paliativos oportunos, integrales, de calidad, y que es deber de la sociedad proporcionarlos. Por eso, si a quien necesita alivio, en vez de ofrecerle aliviarlo, le ofrecemos provocar su muerte, es una “calamidad y obscenidad”. Esta calificación proviene del informe del Programa de Cuidados Paliativos del MSP, y fue empleada por quien es una autoridad indiscutida en Cuidados Paliativos, el Dr. Gómez Sancho:  “Me parece una obscenidad y una calamidad que un país que no presta una adecuada atención a sus pacientes que necesitan cuidados paliativos, legalice alguna forma de acabar con ellos”[1] Y se pregunta: “¿No sería más humano aliviar estos síntomas que acceder de inmediato a lo que en otras condiciones él mismo rechazaría?”[2]

Rosa, María, Juan y Pedro necesitan ser atendidos y aliviados. Para Pedro, no hay atención en la zona rural en que vive, como sucede al 40% de los pacientes en Uruguay. Y a todos ellos, si están con un sufrimiento “insoportable”, no podemos “tomarles la palabra” ante su pedido. Como dice Gómez Sancho, “Esta petición manifiesta fundamentalmente una demanda implícita para otro tipo de ayuda que está necesitando, o surge en un estado psicológico y afectivo demasiado condicionado por su actual situación. La respuesta mejor no consiste en darle gusto, cogerle la palabra, sino en ofrecerle aquellos medios sanitarios, psicológicos y afectivos que le hagan llevadera y soportable su vida a pesar de las condiciones degradadas en que se encuentra”.[3] Esta es la prioridad, la necesidad, a la que debe atenderse, como exigencia de la dignidad de las personas y de su derecho a la salud.

El proyecto permite al médico declararse objetor, si va en contra sus principios. Pero no sólo está en juego una cuestión personal, de conciencia, de algunos médicos, sino qué nos corresponde hacer como sociedad. Y, según el proyecto, lo que deberemos hacer como sociedad es proveer de un médico que “provoque la muerte”. En todo caso, a María, a Juan, a Rosa y a Pedro les ofreceremos un médico para eliminarlos.

Toda discriminación entre vidas con y sin valor es una muy grave violación de la igual dignidad de todo ser humano. Es un claro desconocimiento de los derechos humanos. La pérdida de protección jurídica de la vida, además, en este proyecto, se extiende a muchísimas personas, estableciendo un criterio amplio e indeterminado de “eutanasiables” y previendo, además, un control a posteriori, luego de la muerte, y a partir del informe realizado por el propio médico.  Ello inducirá a decisiones equivocadas por las que habrá muchas muertes evitables de personas cuyo sufrimiento se aliviaría con aplicación de las leyes que ya existen de Cuidados Paliativos, Voluntades Anticipadas y Deberes y Derechos de los Usuarios

A partir de una posible aprobación de la Ley de Eutanasia, se llevará la asistencia de los enfermos crónicos que sufren, a una grave pérdida de derechos y garantías, a injusticias invisibilizadas que solo conocemos quienes trabajamos directamente con los pacientes y sus familias.

Y, pretendiendo garantizar la no penalización de los médicos dispuestos a hacer eutanasias, se causará un irreparable daño a la profesión médica y a toda la sociedad. Pues, como dice Gómez Sancho, “Al decir del Dr. Cristoph Hufeland, ya en el siglo pasado: ‘Si el médico comienza a tomar en consideración en su trabajo el que una vida tenga o no valor, las consecuencias llegan a ser ilimitadas, y el médico se convierte en el hombre más peligroso de la sociedad’. Baste recordar el documento oficial del Programa de Eutanasia que Hitler ordenó en octubre de 1939…”[4] (

 

[1]           Diario El Pueblo, 9-12-2018: “Morir en paz”: Conferencia de prensa de Marcos Gómez Sancho y Gabriela Píriz.

[2]           Gómez Sancho, Marcos. “Medicina Paliativa en la Cultura Latina”. 1ª. Ed. Ediciones ARAN. 1999, p. 1193.

[3]           Gómez Sancho. “Medicina Paliativa en la Cultura Latina”, p. 1193.

[4]              Gómez Sancho, Marcos. “Morir en Paz. Los últimos días de vida”. México: Editorial El Manual Moderno, S.A. de C.V., 2017,   p. 418

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