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El Senado francés votó la polémica reforma de pensiones en un clima de tensión

La modificación del sistema jubilatorio de Emmanuel Macron recibió este jueves el primer visto bueno del Parlamento, aunque continúa la incertidumbre sobre si obtendrá por la tarde los votos en la Asamblea Nacional tras semanas de protestas masivas
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16 de marzo de 2023 a las 10:10

El Senado aprobó este jueves la reforma previsional con los votos del oficialismo y de la oposición de derecha de Los Republicanos (LR), que controla la cámara alta. "El Senado acaba de aprobar la reforma de las pensiones. Estaremos esta tarde en la Asamblea Nacional con la misma voluntad de que esta reforma esencial salga adelante", tuiteó el ministro de Trabajo, Olivier Dussopt.

El gobierno quiere retrasar la edad de jubilación de 62 a 64 años para 2030 y adelantar a 2027 la exigencia de cotizar 43 años, y no 42 como hasta ahora, para cobrar una pensión completa. Según un cable de la agencia AFP, los sondeos indican que dos de cada tres franceses se oponen.

Más allá del proyecto, el presidente Emmanuel Macron, reelegido hace casi un año, prometió reformar las jubilaciones de la segunda economía de la Unión Europea (UE). En esto se juega poder aplicar su programa durante el segundo mandato y amenazó con disolver la Asamblea en caso de revés.

Desde el miércoles por la noche, se multiplicaron las reuniones de crisis con el gobierno y los grupos oficialistas para asegurarse que exista una mayoría, que evitaría activar un polémico procedimiento parlamentario: el artículo 49.3 de la Constitución. Este le permitiría la adopción de la reforma sin el voto de los diputados, que sólo podrían frenarla si aprueban una moción de censura contra el gobierno de la primera ministra Élisabeth Borne.

Algunos diputados ya afirmaron que presentaran mociones. Someter la reforma al voto de los diputados y perderlo "obstaculizaría gravemente" el "resto de su mandato", pero recurrir al artículo 49.3 "reforzaría la imagen de 'brutalidad' de su poder y alimentaría la crisis social", advirtió el diario liberal L'Opinion.

Ante esta disyuntiva, la diputada oficialista Aurore Bergé abogó en la cadena CNews por "ir al voto" y consideró que la disolución evocada la víspera por Macron en caso de revés, según los participantes a una reunión, permitiría obtener una "aclaración". Pero convocar nuevas elecciones legislativas, menos de un año después de las últimas, sería una apuesta arriesgada, mucho más cuando el partido ultraderechista de Marine Le Pen, opuesto a la reforma, aparece reforzado, según los observadores. 

Las miradas están puestas en un puñado de diputados oficialistas que podrían abstenerse y en "una veintena" de legisladores de LR que, según el senador derechista Bruno Retailleau, votarían en contra. Los sindicatos llamaron "solemnemente" a los parlamentarios a votar contra una reforma "injusta" y contra la que manifestaron el 7 de marzo entre 1,28 millones y 3,5 millones de personas, en la mayor protesta contra una reforma social en tres décadas. Sin embargo, la contestación parece caer a medida que los franceses reconocen que se acabará aplicando esa ley. Y las huelgas lanzadas la semana pasada en sectores clave como la energía y los transportes también continúan, aunque con menos fuerza.

El gobierno ordenó además requisar al personal municipal de recolección de basura de París para que retiren las 7.600 toneladas acumuladas en la capital, al término de una pulseada con la alcaldesa Anne Hidalgo que apoya a los huelguistas.

Pero los opositores no tiran la toalla. "Llamo a todos los que se oponen a esta reforma a que marchen sobre París. No dejen que les roben dos años de vida", tuiteó el miércoles el diputado izquierdista Thomas Portes.

Los principales líderes sindicales se congregarán a las 12.30 (las 16.30 en Uruguay) ante la Asamblea para realizar un último llamado a los diputados y se reunirán de nuevo tras el trámite parlamentario para analizar los próximos pasos. En caso de adopción de la reforma, la oposición de izquierda prepara un recurso ante el Consejo Constitucional que retrasaría su promulgación y daría tiempo a los opositores para utilizar sus últimos cartuchos, como reclamar un referéndum.  

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