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Fue electo presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

Nacional > ENTREVISTA A PÉREZ MANRIQUE

El uruguayo que llegó a presidente de la CIDH: "Nunca me sentí más juez que cuando fui juez en Bella Unión"

Pérez Manrique es el segundo uruguayo en ser electo presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, su mandato durará hasta diciembre del 2023

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24 de enero de 2022 a las 05:05

Hace poco tuvo que sacar la bandera de su despacho —la ubicaba detrás de la silla de su escritorio, sobre el lado izquierdo— y poner la de la Organización de Estados Americanos (OEA). El juez Ricardo Pérez Manrique cuenta que cada vez que tuvo que cambiar de destino dentro de su extensa carrera judicial, el primer día le temblaron las rodillas.

Este 1° de enero el magistrado tomó las riendas del cargo más alto al que un juez puede acceder en Latinoamérica y que solo un uruguayo —Héctor Gross Espiell— había ejercido antes: ser presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

"Yo, profesionalmente, soy un juez", dijo Pérez Manrique, diferenciándose de algunos miembros de la Corte que provienen del ámbito académico. Descubrió esa vocación pasados los 40 años, cuando entendió que no le satisfacía "defender solo una parte" y después de eso recibió todas las distinciones posibles. Fue juez letrado en el interior, secretario judicial de la Suprema Corte de Justicia, ministro del Tribunal de Apelaciones, integrante y presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ). Luego de dejar la Corte, fue propuesto para integrar la CIDH, tribunal que integra desde el año 2017. 

A continuación un resumen de la entrevista que mantuvo con El Observador

¿Cuál es el prejuicio más errado que tiene el ciudadano común sobre el sistema de Justicia?

Durante mi tiempo en la Suprema Corte elaboramos el Plan Estratégico del Poder Judicial del Uruguay en el que nos planteamos la necesidad de saber qué piensa la sociedad del funcionamiento del sistema de justicia. Nos encontramos que la posición de la gente deriva de cuál ha sido su relacionamiento con el Poder Judicial. Aquellas personas que no han tenido relacionamiento directo, que lo ve como algo ajeno, tienden a reproducir cosas positivas. En cambio los que sí estuvieron involucrados en casos que terminaron en tribunales o cortes, aparecen quejas. Algunas vinculadas a la lentitud, otras a la atención. Creo que las visiones de la sociedad se conjugan ahí y con los profesionales. Es muy arriesgado generalizar, pero en su momento nos sirvió. Entendimos que era importante desarrollar una política judicial de comunicación y relacionamiento teniendo en cuenta los distintos cortes de la sociedad respecto del sistema. 

¿Usted entiende que esos prejuicios que tiene la gente tienen asidero, al menos parcialmente?

Sí. Hay una cosa muy importante: yo entiendo que en una sociedad democrática no existen islas ni torres de marfil que estén exentas al debate público. Es parte de la institucionalidad: se pueden discutir los fallos. Los poderes judiciales han tendido a ser opacos desde el punto de vista de la lectura de su vida interior. Desde hace mucho tiempo se está trabajando en un concepto que se llama justicia abierta, aplicando los principios de libertad de acceso a la información pública de la más alta transparencia para que esa opacidad de los sistemas judiciales desaparezca y haya transparencia. 

Comenzó como juez en Bella Unión y en Mercedes, donde se dedicó a todas las materias. ¿Cómo se pasa de allí a presidente de la CIDH?

Mi carrera es un poco particular por el trayecto que hice, pero voy a confesar algo: yo nunca me sentí más juez que cuando fui juez en Bella Unión. Es lo más remoto geográficamente del Uruguay, había hasta ciertas diferencias culturales profundas para uno que venía de Montevideo. Era considerado un lugar de paso porque la vida tenía sus dificultades: no había internet, los diarios llegaban un día después y a la televisión se accedía por red. En ese lugar tenía todas las competencias. Es un lugar que no es cabeza de departamento, por lo tanto había una Junta Local Autónoma y el juez único letrado en ese momento cumplía una función importante desde el punto de vista institucional. Me sentí muy cómodo cuando valoré la trascendencia institucional que tenía ser juez en ese lugar. Tenía muchísimo trabajo. Aprendí muchísimo. 

Luego, en Mercedes fui juez de todas las materias menos penal y allí empecé a consustanciarme como infancia, trabajo, algunos aspectos muy interesantes de derecho privado. Después tuve la experiencia en la Corte, en el Tribunal de Apelaciones de Familia donde trabajé en varias reformas, como el Código de la Niñez y la Adolescencia, alguna de las leyes de adopción posterior.

¿Qué puede hacerse cuando la violación a los derechos humanos se mantiene en el tiempo? En Uruguay está el ejemplo de las cárceles, el propio ministro del Interior ha reconocido que hay módulos en los que se violan los derechos humanos.

Es un problema muy complejo que abarca varios aspectos. Cuánta gente estamos dispuesta a poner en la cárcel, qué alternativas reales tenemos de que una persona no vaya a la cárcel y qué hacemos con las personas cuando las excarcelamos. Si aumentamos geométricamente la población carcelaria nos estamos quedando con una situación que, por una parte, va tener que generar una inversión muy importante para contener a toda esa gente, pero por otra es que en países con problemas presupuestales no es posible sostener una atención integral que contemple los aspectos de salud, educativos, los aspectos de relacionamiento. Cuantas más personas haya más difícil es de hacerlo. ¿En qué universidad estudia la gente que cuida a los reclusos? En nuestro país el encargado es el Ministerio del Interior. ¿O sea que encarcela y después qué hace? ¿Los contiene para que no se escape o los reeduca? Ahí tenemos un tema que es institucional pero también tiene que ver con un objetivo de política carcelaria, el comisionado parlamentario ha dicho en reiteradas oportunidades que tiene que ser más amplio para llegar a una solución definitiva. 

La Corte ha visto unos cuantos temas respecto de la situación carcelaria y este es un déficit generalizado en América Latina. Claramente la situación de Uruguay no es algo que trascienda internacionalmente, sin embargo, a los que vivimos en Uruguay nos preocupa. 

En estos días se definirá quién integrará la vacante en la Suprema Corte de Justicia. Usted dijo que fue "un honor" haber sido elegido, en su momento, por el espectro político. ¿Es esta la mejor manera o debería ser por concurso?

La Constitución establece que las vacantes en la Corte y en el TCA se llenan con el acuerdo de dos tercios de la Asamblea General. Subsidiariamente, cuando no se llega a un acuerdo político existe la posibilidad de que el ministro del Tribunal de Apelaciones con más años en el cargo acceda a la Corte pasados los 90 días. Esta opción permitió que por algún tiempo el sistema político se desinteresara un poco. Yo lo que creo es que hay que rodear ese acuerdo político de garantías. En algún momento el Colegio de Abogados presentó en el Parlamento un proyecto para que, una vez abierta una vacante, se abrieran postulaciones ante una comisión parlamentaria y, como en Estados Unidos, se pudieran hacer entrevistas con los y las candidatas para luego intentar un acuerdo político pero sobre una base informada y sobre una publicidad. Hay que preguntar a los críticos y a los que valoran al sistema actual si cuando asumió cualquiera que haya sido ministro de la Corte o del TCA alguien sabía, más allá de sus sentencias, qué pensaba cada persona. Nadie sabe nada. Entones es un sistema que puede ser injusto, como el sistema de antigüedad que me parece injusto en sí mismo, de que se vota por la cantidad de años en un cargo y no por la calidad del desempeño, entonces creo que o se modifica la Constitución o se hace que la Constitución funcione alrededor de las debidas salvaguardas que tienen que ver con una perspectiva de mejorar la calidad democrática del país. 

La CIDH trata todo tipo de casos, muchos de ellos que no toman relevancia pública para el común de la gente en Uruguay. ¿Cómo podría explicarlo?

En Uruguay, por su propia historia, por ejemplo, yo egresé de la Facultad de Derecho sin saber bien qué eran los derechos humanos. No existía la materia, nos enseñaban Derecho Internacional Público. En Uruguay se despierta el tema de los derechos humanos referido a la dictadura y a la salida de la dictadura. El concepto en realidad es amplísimo y nos alcanza a todos. La CIDH trabaja con todos los derechos humanos, desde los civiles y políticos hasta los económicos, sociales, culturales y ambientales. La CIDH ha sentado una importante línea jurisprudencial respecto de esto en 2017. Cualquier circunstancia en la que se viole un derecho humano a un ciudadano y esa violación no sea subsanada por el sistema de justicia interno puede ser, eventualmente, acceder al sistema interamericano.  Frente a la inconformidad respecto a como cualquier Estado resuelve una situación concreta, esa persona, una vez que agotó todas las instancias internas de hacer valer ese derecho, tiene la posibilidad de hacerlo valer en el sistema interamericano. 

¿A la Corte le queda algo por hacer sobre la violación de derechos humanos en Nicaragua?

El año pasado se la declaró en desacato. Si algún país incumple un fallo, la CIDH comunica a la asamblea general de la OEA —por el artículo 65— que hay un incumplimiento para que a nivel político los estados se hagan cargo de esa situación. Hasta allí puede ir la Corte. En el caso de Nicaragua hicimos eso el año pasado, las instancias están agotadas. 

En Uruguay, como en todos los países, hay poder de imperio. Si yo presto mil pesos y nunca me los devuelven, puedo ir a la Justicia y si se comprueba lo que manifesté, se remata algún bien de esa persona y se me devuelve el dinero. Allí hay poder de imperio, que es lo que el tribunal internacional no tiene. Para hacer cumplir las sentencias de esa forma tendría que tener una policía internacional o ejército para hacer efectivas las decisiones. El incumplimiento es la excepción no la regla. Los estados generalmente avanzan lentamente en el cumplimiento. No suele pasar que los Estados digan 'yo no voy a cumplir'. 

¿Qué objetivos tiene para su mandato de dos años al frente de la CIDH?

Mejorar en todo lo posible el funcionamiento interno de la Corte para generar decisiones más amigables en el menor tiempo posible, para que la Corte tenga un diálogo abierto con los Estados, con la sociedad civil, con las personas interesadas en cuestiones de DDHH, la academia. Todo a partir de los pilares de la transparencia, la ética, la eficiencia del funcionamiento. Queremos que la Corte aparezca como una interlocutora en la región. He dispuesto que cuando hagamos visitas a países, además de reunirnos con el gobierno —que es lo que se hace habitualmente— vamos a solicitar entrevistas con los tribunales constitucionales y las cortes supremas a los efectos de ahondar en el diálogo. También me parece fundamental continuar con el convenio que tenemos con cinco universidades uruguayas —UCU, UM, Udelar y Claeh— por el que un estudiante por universidad puede acceder a una pasantía en la Corte, trabajando con los jueces. El propósito es que durante mi mandato en la Corte diez personas pasen a trabajar aquí. 

¿El avance de la tecnología, en Latinoamérica, generó un incremento del cumplimiento de los derechos humanos o viceversa?

En Latinoamérica hay una gran brecha digital. En eso Uruguay es un país de avanzada. Hay países en los que la población no hablan el idioma oficial. La tecnología, pese a sus cosas buenas —a nosotros nos facilitó enormemente el trabajo durante la pandemia—, implica una cantidad enorme de riesgos. La Corte no ha ingresado en estos temas todavía, pero hay un principio que la ONU ha consagrado hace muchísimo tiempo y yo comparto absolutamente de que las reglas del Estado de Derecho que rigen en el mundo real también deben de regir en el mundo de la tecnología y el virtual. Esto que es muy claro y contundente, a la hora de llevarlo a la realidad tiene dificultades. ¿Quién resuelve estos temas cuando los actores principales son trasnacionales? Si bien pueden estar instalados en determinados estados, utilizan la liquidez de las sociedades. Suceden hechos para los cuales no hemos elaborado soluciones claras. 

Un derecho que está severamente cuestionado es el derecho a la privacidad de las personas. Hoy por hoy el tráfico de datos es una moneda de cambio permanente y en ese tráfico de datos no solo está dónde vivimos, sino cuáles son nuestros gustos en el arte, cómo nos divertimos, qué noticias nos interesan. Hay todo un tema de privacidad muy fuerte que creo que es uno de los debates del futuro. Es uno de los grandes desafíos. 

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