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Embargan cinco inmuebles del financista K Ernesto Clarens en Carmelo
La jueza de Crimen Organizado, Dolores Sánchez, ordenó a pedido del fiscal Luis Pacheco, el embargo de cinco propiedades a nombre de una sociedad vinculada al financista k, Ernesto Clarens, acusado de ser responsable del lavado de unos US$ 160 millones en coimas durante los gobiernos kirchneristas. Se trata de cinco inmuebles ubicados en Carmelo, Colonia, alguno de los cuales están ubicados en el barrio privado El Faro.
La justicia uruguaya intenta determinar si estos inmuebles fueron adquiridos con el fruto de la actividad ilegal que Clarens realizaba en su país. El financista fue aceptado a mediados de 2018 como arrepentido en la llamada causa de los cuadernos de las coimas en Argentina, por la que fueron imputados decenas de empresarios de la construcción, quienes pagaron cuantiosas coimas para que se les adjudicaran obras públicas durante los gobiernos de los Kirchner.
En su declaración de setiembre, Clarens reconoció su participación en maniobras de lavado vinculadas al pago de coimas y dijo que parte de ese dinero pasaba por Uruguay. Las propiedades embargadas están valuadas en unos US$ 100 mil cada una, aunque se estima que el valor real puede ser superior.
Uno de los puntos que se investiga en el juzgado de Crimen Organizado es si ese dinero ingresó a Uruguay a través de Puerto Camacho, el puerto privado del barrio El Faro, donde se encuentran algunas de las propiedades embargadas. Es que desde que el kirchnerismo ingresó al poder en 2003, de los 163 viajes que Clarens hizo a Uruguay, 91 fueron en embarcaciones privadas a pesar de ser dueño de una compañía aérea.
Según habían informado desde Aduanas, el financista registró 57 movimientos migratorios entre 2008 y 2016, según los datos de Aduana. De esos movimientos, cerca de 35 fueron a través de Puerto Camacho con su embarcación Místico.
El fiscal Pacheco solicitó además que Clarens viaje a Uruguay para declarar como indagado, algo que no ocurrirá hasta tanto termine la indagatoria en Argentina y cumpla su pena en ese país.
Los cuadernos de las coimas
Los cinco inmuebles embargados fueron señalados por un equipo de trabajo que la Secretaría Antilavado de Uruguay reactivó a partir de la revelación de los llamados cuadernos de las coimas, una serie de documentos escritos por el chofer del exviceministro de Planificación argentino, Roberto Baratta, en los que se detalla cómo se levantaba el dinero de coimas y era entregado a distintos funcionarios cercanos a los expresidente Néstor Kirchner y Cristina Fernández.
Este equipo, integrado la Unidad de Análisis Financiero del Banco Central, el Instituto Técnico Forense, la Dirección General Impositiva, el Banco de Previsión Social y la Policía, ya había trabajado en 2016 en las investigaciones que permitieron dar con el campo El Entrevero.
Este predio de 152 hectáreas y ubicado sobre la ruta 10 próximo a José Ignacio, había sido embargado el 27 de abril de 2016. Según pudieron probar los investigadores uruguayos, el campo había sido adquirido por US$ 14 millones por un grupo liderado por el empresario kirchnerista –hoy en prisión- Lázaro Báez. El negocio nació en el verano del 2011 y fue planificado por Maximiliano Goff Dávila y Leonardo Fariña, el valijero de la organización a la que el empresario Báez le había encomendado la tarea de lavar su dinero sucio.
Finalmente El Entrevero fue rematado en octubre de 2018 y adquirido por el empresario y abogado Walter Zeinal por la cifra de $63.500.000, unos US$ 2 millones.
En tanto, en setiembre de 2018, la jueza Sánchez pidió el embargo de un terreno de 7.000 metros cuadrados ubicado en la parada ocho de la playa Brava de Punta del Este, vinculado al ex presidente de la Cámara de la Construcción argentina, Carlos Wagner, quien declaró como arrepentido en la causa del cuaderno de las coimas.
La justicia uruguaya pidió el embargo de este predio luego de comprobar que Wagner –quien ya había declarado como arrepentido en Argentina- era accionista de la sociedad que vendió ese predio y otro de dimensiones similares ubicado justo al lado. El dinero obtenido de aquel negocio (unos US$ 16,5 millones) fue girado a una cuenta de Helvetic Services Group en el Principado de Liechtenstein, un paraíso fiscal. Helvetic es una sociedad vinculada a las maniobras ilegales de Báez, por lo que la justicia resolvió embargar el terreno mientras investiga si aquel negocio estuvo vinculado a alguna maniobra de lavado de activos.
